La amenaza anónima que recibieron ayer los tres jueces federales que condenaron a prisión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz confirmó, de hecho, que la desaparición del testigo clave Jorge Julio López tiene vinculación con el caso.

Al cumplirse diez días de la desaparición y por segunda vez en menos de 24 horas, el presidente Néstor Kirchner expresó su preocupación, dijo estar "muy angustiado" por la situación y volvió a comprometer el apoyo del Estado a todos los tribunales que tienen pendientes juicios por violaciones de los derechos humanos, reabiertos tras la anulación de las llamadas "leyes del perdón".

Dijo durante un acto en la Casa Rosada que su gobierno "trabaja con todo lo que tiene para encontrarlo rápidamente", y que "vamos a ir hasta el fondo para buscar la verdad".

También aseguró que si el hecho, como pareció confirmarse en las últimas horas, "es para amedrentar, que sepan los amedrentadores que no tenemos derecho al miedo por lo que ha pasado en la Argentina y vamos a buscar la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad".

Kirchner volvió sobre el caso, como lo había hecho la noche del martes en Posadas, horas después de que trascendió de fuentes judiciales que el presidente del Tribunal Oral Federal Uno de La Plata, Carlos Rozanski, recibió una carta anónima con amenazas contra su persona y la de los vocales del mismo, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo, relacionada con el juicio y condena a Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la dictadura.

La carta es un "compendio de amenazas" a los jueces para que se aparten del juicio a Etchecolatz y "dejen de hacer causa común" con la política de revisión de las violaciones de los derechos humanos, impulsada por el gobierno de Kirchner.

También trascendió que contiene buena parte de los argumentos que presentó en el juicio el abogado defensor de Etchecolatz, Adolfo Casabal Elía, quien aludió al "estado de guerra que vivía el país" ante el cual "las Fuerzas Armadas fueron convocadas para combatir a la subversión terrorista".

El juez Lorenzo, integrante del tribunal, dijo que la amenaza recibida "no nos intimida" y que seguirán "trabajando para cumplir con nuestro deber".

La condena a Etchecolatz, el martes de la semana pasada, fue la segunda contra un represor desde la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, pero la primera en la que la sentencia incluyó la figura de "genocidio", por lo que el ex jefe policial tendrá que cumplir prisión perpetua en una cárcel común, sin derecho a prisión domiciliaria.

La intimidación a los jueces federales platenses se suma a amenazas telefónicas recibidas tras la condena a Etchecolatz. El fiscal de la causa, Carlos Dalau Dumm, por su parte, estuvo secuestrado durante varias horas en 2004, cuando instruía la presentación. El juez Rozanski, a su vez, integró ese mismo año el tribunal que había condenado a siete años de cárcel a Etchecolatz por la sustitución de identidad de Carmen Sanz, hija de detenidos-desaparecidos y dada en adopción ilegalmente.

Sin que la búsqueda que fuerzas de seguridad nacionales y provinciales realizan en los alrededores de La Plata para dar con el paradero de López haya dado resultado, el caso tuvo ya repercusión internacional. El vicecanciller italiano Franco Danieli expresó su profunda preocupación, por las consecuencias que podría tener sobre las personas citadas como testigos tanto en procesos abiertos en Argentina como en Italia.

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el secretario de Estado de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, recibieron ayer en Casa de Gobierno a representantes de distintas organizaciones sociales que se movilizaron en el centro de la ciudad de Santa Fe, en reclamo de la aparición de Julio López y en repudio a la escalada de amenazas anónimas sufridas por organismos y funcionarios públicos y judiciales que actúan en las investigaciones.

En este sentido, Rosúa dijo que "todos estamos profundamente preocupados por la suerte de Julio López y las intimaciones de gravedad, por lo que dispusimos de custodias especiales, para brindar todas las garantías para que ustedes puedan seguir cumpliendo con amplia libertad su tarea".

"Nosotros -continuó el ministro- desde el primer gobierno de Obeid instrumentamos una infinidad de medidas que van en el mismo sentido de esta lucha por la justicia y verdad, modificamos las normas policiales, pese a las negativas de algunos diputados opositores, echamos a todos los que estuvieron comprometidos con la dictadura y democratizamos lo más que pudimos la estructura policial con ciudadanos jóvenes y con una capacitación basada en el respeto a los derechos humanos".

Por su parte, Pochettino les manifestó que "este tipo de hechos intimidatorios apuntan al corazón de las causas que se investigan, porque gracias a los testigos se puede avanzar decididamente en búsqueda de la verdad".

El obispado de Posadas puso hoy en duda el "aval moral y currículum de sufrimientos" del presidente Néstor Kirchner para hablar de la dictadura militar, y destacó la figura del obispo Jorge Kemerer, que durante la década del setenta "sí la tuvo".

"Desconocemos si el presidente de la Nación tiene el aval moral y currículum de sufrimientos para hablar de los años de la dictadura militar. Monseñor Jorge Kemerer, obispo de Misiones durante esos años sí los ha tenido, y de su testimonio de vida el pueblo misionero tiene memoria", subraya el breve comunicado difundido por la agencia católica AICA.

El texto fue en respuesta a los dichos del primer mandatario, que ayer al respaldar al gobernador Carlos Rovira en esa capital misionera preguntó "por qué aquéllos que hablan de un equilibrio (en el poder) no hablaron de equilibrio durante la dictadura, cuando desaparecían en el país hermanos nuestros.

Kirchner también pidió a los misioneros que "tengan memoria", porque "Carlos Rovira estuvo en la trinchera conmigo". Monseñor Kemerer, a quien cita el comunicado de la curia, fue el primer obispo de Posadas y gobernó pastoralmente la diócesis por casi 30 años, desde junio de 1957 a junio de 1986.