Con la conciliación obligatoria, el gremio debería levantar las medidas de fuerza y sentarse a la mesa de diálogo, retrotrayendo el conflicto a sus orígenes. Sin embargo, el gremio consultará a sus bases si acata o no la medida. "No se llega a frenar la huelga del jueves y viernes", dijo Alesso.
Esta mañana, la Secretaría de Trabajo de la provincia -a través de la resolución N° 46- dictó la conciliación obligatoria en un intento por frenar el paro dispuesto por la docencia pública para el jueves y viernes.
El plazo de la conciliación es por 15 días (prorrogables por un plazo similar) y retrotrae la situación con anterioridad al conflicto. De esta manera, obliga al magisterio, con representatividad en el sindicato Amsafe, a continuar con el desarrollo normal de las clases, sin paros, mientras dure la medida. A su vez, intima al Ministerio de Educación a no alterar las condiciones de la relación laboral, o sea, a no producir descuentos a los huelguistas, por ejemplo.>
El secretario de Trabajo, Alberto Gianneschi, confirmó hoy la medida en una conferencia de prensa, luego de haber analizado el pedido de intervención que le giró la cartera de Educación el viernes último. La resolución también cita a las partes a una audiencia conciliatoria para mañana, a las 8, a celebrarse en la sede laboral.>
Amsafe confirmó su asistencia, aunque no se mostró optimista de que los tiempos estatutarios del sindicato lleguen a levantar la huelga por 48 horas. "Nos vamos a estar presentando en la Secretaría con los recaudos de que el acatamiento o no a la conciliación obligatoria debe ser votada por las bases docentes", advirtió Alesso.>
La situación parece ser un calco de lo ocurrido en setiembre del año pasado: el gremio asistió a la audiencia, llevando un escrito donde solicitó un plazo para activar los mecanismos que posee el gremio, donde todas las decisiones las somete a consideración de sus afiliados. Mientras tanto, siguió adelante con un paro de 72 horas.>
Ahora, la dirigente confirmó que sucederá lo mismo. "Vamos a llevar un escrito donde le plantearemos nuestro plazo para hacer la consulta a las bases". Por lo tanto, "no hay ninguna posibilidad de levantar la medida de fuerza de esta semana", confirmó Alesso, para quien la resolución del conflicto salarial es "política" y está del lado del gobierno.>
Gianneschi, por su parte, señaló que la conciliación obligatoria no es recurrible ni puede ser sometida a una asamblea. "Es una disposición que produce efectos apenas dictada", aclaró.>
Obligatoria, no voluntaria
El secretario de Trabajo indicó, además, que tenía dos caminos para proceder: uno, dictar la conciliación obligatoria (retrotrae el conflicto antes de sus orígenes y no permite huelgas o medidas de castigos); o la voluntaria, donde son las partes las que se avienen a un acercamiento, cesando cualquier medida desde el momento en que es dictada.
"De acuerdo a la información que obtuvimos del Ministerio y de los medios, hubo negociaciones voluntarias que no han llegado a buen término. Ante este fracaso, optamos por la conciliación obligatoria", señaló el funcionario, para quien la Secretaría de Trabajo "no podía quedar de brazos cruzados" cuando se encuentran en colisión dos derechos: a huelga, por un lado, y en el caso de los chicos, a recibir educación.>
Sobre el argumento de Amsafe de que la cartera laboral es "juez y parte" en el conflicto, Gianneschi respondió: "No puedo negar que la Secretaría tiene rango ministerial y depende del gobierno; es parte del Poder Ejecutivo de la provincia. Pero ser juez es decir que uno puede imponer una solución, y la Secretaría de Trabajo no puede imponer nada. Lo que ofrece es la mesa de negociación donde las partes se ponen de acuerdo", señaló.>
De llevarse a cabo igual el paro, el gremio entraría en desacato y podría ser pasible de sanciones, aunque para esto el gobierno debería hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo nacional y solicitarle que recurra a la Justicia, única facultada para castigar a un gremio quitándole la personería jurídica, por ejemplo.>
Sugerencia de la OIT
A diferencia del año pasado, existen ahora algunos condimentos nuevos a tener en cuenta. Uno de ellos, es una declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recomienda a la provincia de Santa Fe modificar su legislación para adecuarse a lo que sugiere el organismo: que este trámite (de conciliación) lo lleve adelante un órgano independiente y no una dependencia directa del propio Estado, con intereses en juego en este conflicto.
Gianneschi explicó que, un órgano de este tipo, está estipulado en la ley 10.052 que regula la relación del Estado con los empleados públicos de la provincia, a excepción de los docentes y de los que tienen convenciones colectivas particulares (Gráficos o Vialidad).
"Ese órgano está conformado por un diputado, un senador y un miembro de la Corte y tiene facultades para mediar. Se ha utilizado en varias oportunidades en la época de Reviglio y Vernet", recordó el funcionario.
Indicó que el proyecto de paritarias docentes enviado a la Legislatura comprende la creación de un órgano similar (aunque con la integración del Defensor del Pueblo en lugar del ministro de la Corte). "Pero hasta que ese proyecto no se convierta en ley, la Secretaria de Trabajo puede seguir interviniendo, porque la resolución de la OIT no es obligatoria cuando choca con la legislación de nuestro país".
Esa presentación ante la OIT la había realizado el año pasado "la CTA con un grupo de Amsafe Rosario", aseguró Gianneschi.
