El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una ordenanza que tiende a terminar con los abusos de constructores y profesionales que no respetan el reglamento de edificación.
Los empresarios inmobiliarios que decidan invertir en la ciudad deberán prestar especial atención a la hora de hacer los planos y las mediciones, porque el Concejo Municipal modificó ayer los valores de las multas que deberán pagar, en caso de que no se respete el Reglamento de Edificaciones. Los ediles entienden que los "errores" en los que se amparan muchos infractores son "picardías" que les permiten obtener ingentes ganancias.
La modificación a la ordenanza N° 7.279 de Edificaciones Privadas cuenta con el aval de todo el cuerpo legislativo municipal, que la aprobó a través de un Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Gobierno.>
Se trata de un proyecto de los concejales de Encuentro para Santa Fe, Leonardo Simoniello y Jorge Henn, pero que lleva las firmas como autores de los justicialistas Rubén Mehauod y Nicolás Piazza.>
Una vez que los cambios a la normativa sean promulgados por el Ejecutivo, cambiarán los parámetros sobre los cuales se fijen las multas, por la ejecución de construcciones fuera de reglamento.>
La variación implica la "elevación de los montos porcentuales" y el "cambio de criterio de la aplicación de estas alícuotas". La actualización es producto del desfasaje existente entre los valores con los que se castiga a los infractores actualmente y el precio de mercado del metro cuadrado de construcción.>
Hasta el momento, las multas se calculaban sobre un porcentaje de la obra construida, pero a partir de que entre en vigor la nueva ordenanza será sobre el presupuesto total del proyecto.>
Contra la especulación
El primero en referirse al tema en el recinto fue el concejal Simoniello, quien destacó que se haya hecho de manera conjunta y con el apoyo de todos los bloques, porque de este modo "nos vamos acercando a un concepto de justicia".
Explicó que es alarmante la cantidad de casos en que se construyen inmuebles "sin permiso, y después vienen a pedir la excepción, sabiendo que pagan una multa irrisoria, que no tiene nada que ver con el beneficio económico que tuvieron a través de esa construcción".>
Pero no sólo se refirió a los propietarios que serán más controlados a partir de esta sanción, sino que además "el Concejo está poniendo el ojo en los profesionales que facilitan este tipo de medidas".>
Nicolás Piazza habló de los constructores que han recibido la aprobación de los planos por parte de la Municipalidad, "haciendo abusos en inversiones que son millonarias".>
"No estamos hablando de viviendas de 60m2 sino de edificios que superan holgadamente los 2 millones de pesos", se indignó el concejal peronista, que entendió que en la mayoría de los casos no se trató de "errores", sino de "una picardía que a nuestro entender es una falta de consideración hacia la estructura del Estado">
Conducta delictiva
"Estamos defendiendo al profesional y propietario que construyen sanamente", declaró el presidente del Concejo, Rubén Mehauod. Además, reveló que "se han dado casos reiterados de profesionales que actúan de esa forma".
Para clarificar, Mehauod puso el ejemplo de "una modificación de 100 m2 o más de superficie", tal como ha ocurrido, que a un valor de $ 100 el m2, "arroja una suma de $ 100.000 o más de beneficio", cuando la multa era hasta el momento muchas veces inferior.>
Sobre el punto, la concejala del ARI, Noelia Chiementín, alertó sobre la presencia de "reincidentes en esto de equivocarse en los metros cuadrados", y calificó a esas conductas "a todas luces delictivas".>
A su vez, Simoniello recordó uno de los mecanismos de los especuladores, para que en definitiva el Concejo haga lugar a la excepción. "Se aprueban los planes, construyen por fuera de lo que los planos dicen, llenan esos edificios de gente y como no pueden escriturar, nos mandan la gente al Concejo para presionarnos y que saquemos la excepción sobre el hecho consumado", dijo.>
A partir de ahora "nadie puede desconocer lo que dice la ley" remató el concejal Piazza.>
Subsidios al transporte
Durante la sesión de ayer, los concejales de los distintos bloques se manifestaron en relación a la reunión que el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, tuvo con sus pares provinciales. En esa oportunidad, el máximo representante de las defensorías criticó la entrega de subsidios para el transporte público de pasajeros por parte del gobierno central, y denunció discriminación para con el interior.
Los datos que se difundieron dan cuenta de que los subsidios otorgados por el Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros -Sistau- y el Régimen de Compensación Complementaria -RCC- reparten el 87.10% en Capital Federal y Gran Buenos Aires, mientras que el 12.90% queda para el resto de las provincias.
En este sentido el concejal justicialista, y líder de la Unión Tranviaria Automotor santafesina, Jorge Kiener aseguró haber planteado con anticipación "que iba a pasar lo que está pasando hoy", aunque dejó en claro que no se están denunciando irregularidades sino que los subsidios "están mal distribuidos".
Al cruce de la última afirmación salió la concejala del Socialismo, Marta Fassino, que le dijo que estaba equivocado porque además de discriminación se denunció "mal manejo" de los subsidios, o tal como lo dijera el propio Mondino "manejos sospechosos en la asignación de estos aportes a empresas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires".
No obstante Kiener explicó que el problema también "está planteado hacia el interior de las provincias, donde hay empresas que reciben $ 1.000 por unidad, otras $ 2.000 y hasta $ 8.000".
Cambios
Las modificaciones introducidas a la ordenanza N° 7.279 prevén multas del "5% del presupuesto total de la obra proyectada", en caso de "comenzar sin el correspondiente permiso municipal". Cuando la obra sea nueva, la erogación será del 10% del presupuesto total. Otra escala de valores se estipula para las ampliaciones o modificaciones, "siempre que las mismas superen el 5% de la superficie de la obra". La escala va desde el 5% de multa sobre el monto de lo construido sin permiso, cuando las modificaciones van del 6% al 15% de la superficie total. En el peor de los casos, se cobrarán multas del 30% del monto ejecutado de obra, cuando las modificaciones superen el 60% de la superficie total.
Juliano Salierno
