Se trata de un convenio integral, superador de las medidas que cada provincia estaba tomando, sobre un recurso que es compartido, dijo el subsecretario de Recursos Naturales entrerriano, Ricardo Amavet. El acta suscripta por Jorge Obeid y Jorge Busti, insta al gobierno nacional a dictar medidas restrictivas de la actividad pesquera en el Paraná en los primeros ocho meses de 2007.
Pasadas las 14.30, la sesión prevista para hoy en el Senado, a fin de tratar el veto del Poder Ejecutivo relacionada con la situación de los ex agentes del Banco Provincial que pasaron a la provincia, fracasó por falta de quórum por parte de los legisladores oficialistas,
A la misma hora, se conocía que el gobernador Jorge Busti había firmado un acta acuerdo para la protección de los recursos ictícolas en el río Paraná, documento que Jorge Obeid esperaba en la Casa Gris para hacer lo propio.>
Con este tema como central y una Asamblea Legislativa, la Legislatura pondrá término al centésimo vigésimo cuarto período ordinario de sesiones este jueves a la medianoche. La semana venidera el gobernador Jorge Obeid convocará a extraordinarias para incluir, entre otros asuntos, el proyecto de presupuesto 2007 y el nuevo Código Procesal Penal para la provincia.>
¿Una luz al final del Túnel?
La mayoría de los legisladores del PJ de las dos Cámaras han preferido esperar una señal desde el Ejecutivo, que hoy desde las primeras horas de la mañana hizo saber a los medios que tenía previsto firmar el acuerdo con Entre Ríos.
Los miembros de las bancadas del PJ, ante preguntas por el veto a la veda pesquera, optaron esta mañana por esperar los resultados de las gestiones del secretario de Medio Ambiente, Marcelo Terenzio, con su par entrerriano Daniel Welschen, las que finalmente llegaron a buen término.>
El acta
Pasadas las 14, el gobernador Jorge Obeid se aprestaba a firmar el acta que momentos antes, en Paraná, había suscripto su par Jorge Busti.
En ésta se consigna que atento a la indiscutida emergencia pesquera que afecta el río Paraná y que fuera declarada por el proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, se solicita al gobierno nacional la inmediata adopción de medidas restrictivas sobre la actividad pesquera durante los primeros ocho meses del año 2007.>
El acta requiere de manera particular que se establezca la veda de la especie sábalo y la suspensión de la exportación de todas la especies autóctonas de río por un período de 4 meses contados a partir del 1° de enero de 2007. Transcurridos los cuatro primeros meses se procederá a evaluar el impacto de la medida dispuesta resolviéndose en su caso, en base a los resultados científicos y técnicos, distintas alternativas entre las cuales están las prórrogas por 30, 60 o 90 de la suspensión de las exportaciones o la apertura parcial de exportaciones mediante la implementación del sistema de cupos.>
Asimismo, el acta incluye el requerimiento del envío de fondos para mitigar el impacto social y solicita medidas inmediatas para la reconversión de la actividad pesquera a través de microemprendimientos.>
Además plantea la ratificación de la prohibición para habilitar nuevos frigoríficos dedicados a la pesquería de río y la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de la pesca comercial y artesanal. Por último, unifica la talla mínima de la especie sábalo en 42 centímetros de longitud total y propone crear una mesa de pesca para administrar las políticas en la materia, siempre en conjunto con Entre Ríos.>
El acta fue firmada por los mandatarios provinciales asistidos por los secretarios de Medio Ambiente de Santa Fe, Marcelo Terenzio, y de la Producción de Entre Ríos, Daniel Welschen.>
En el Senado
Tras el sorpresivo fracaso de la sesión por el veto a la ley de los ex agentes bancarios -hubo una serie de reuniones en la Casa Gris con los legisladores-, en el Senado quedaba pendiente el mensaje de Presupuesto 2007, pero la llamada ley de leyes no está en la lista de 17 proyectos con tratamiento preferencial, ni en el Orden del Día con siete dictámenes de comisión listos para ser votados en el recinto. (Incluso, hay dudas sobre su tratamiento en la última sesión de mañana, mientras crecen las versiones en favor de que resulte aprobado el nuevo marco legal para la EPE).
Los sindicatos de Luz y Fuerza, los funcionarios del Poder Ejecutivo y el oficialismo de Diputados (reutemanistas incluidos) han expresado a los senadores sus expectativas para que se concrete la derogación de la ley que abrió el proceso de privatización de la empresa.>
En Diputados
En Diputados, en tanto, ya tienen dictámenes como para ser aprobados en la sesión del jueves iniciativas para implementar la consulta popular y para incorporar la figura de la iniciativa popular en las municipalidades; la regulación de la actividad farmacéutica y la incorporación de ATE al sistema de convenciones colectivas de trabajo para el sector público.
El compromiso entre las autoridades de las dos cámaras es el rápido intercambio de los proyectos aprobados aunque, salvo para expropiaciones o ratificación de tratados, no existirían acuerdos para apurar el tratamiento de leyes. Al contrario de lo que ocurría en años anteriores, no existe un clearing de proyectos entre ambas cámaras aunque sí la militancia de asuntos particulares por los autores de las iniciativas.>
La Cámara baja tiene, además, unos cincuenta proyectos aprobados y que esperan la ratificación del Senado para ser convertidos en ley. En un rápido repaso, se pueden mencionar entre estos asuntos, además de la EPE, el libre acceso a la información en los tres poderes del Estado; la obligatoriedad para fabricar ropa en todos los talles; un programa presupuestario de seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito; protección integral de personas que se presten a la investigación biomédica; programa de seguridad alimentaria; licencia de paternidad para agentes varones del Estado; programa de prevención y tratamiento de la obesidad; la declaración de patrimonio histórico y cultural del casco histórico de San José del Rincón; la regulación de la medicina prepaga; promoción de industrias culturales; emergencia en el tránsito automotor; regulación de códigos de descuentos y restricción de venta de bebidas energizantes.>
Dos pliegos
Para este jueves a las 13, está citada la Asamblea Legislativa que deberá discutir los pliegos de Griselda Ferrari como jueza en lo civil, comercial y laboral de segunda instancia en Villa Constitución, y de Fernando Gentili Berzano como juez penal de sentencia en San Cristóbal.
Anoche venció el plazo para recibir impugnaciones y las propuestas no las recibieron. Ambos fueron citados por la Comisión de Acuerdos a la entrevista para este miércoles, a las 18 y 18.30, respectivamente.
Volver a Sylvestre Begnis
El diputado Marcelo Brignoni (Encuentro) quiere incluir en la discusión del presupuesto 2007 la vuelta a la vigencia de la ley de coparticipación a municipios y comunas promulgada por el gobernador Carlos Sylvestre Begnis y dejada sin efecto por un decreto del 23 de mayo de 1979 del gobernador de facto Jorge Desimoni, que "inexplicablemente aún está vigente" a decir del legislador. Dicho decreto recortó la coparticipación a municipios y comunas en un 27,8 %.
Brignoni pretende reimplantar la ley 7.457, porque implica un reconocimiento de los derechos de municipios y comunas y de sus habitantes. "Con la sanción del decreto 8.437 durante la dictadura se bajó el monto coparticipable del 18,775 % del total impulsado por Sylvestre Begnis al 13,437 %, que sigue utilizándose hoy. El proyecto que proponemos intenta recomponer la proporción de la participación de los municipios y comunas en la masa de recursos coparticipada de la Nación a las provincias, en concordancia con la última ley democrática que tuvo la provincia".
El legislador explicó que "la ley 7.457 distribuía la coparticipación federal otorgando un 10% a los municipios, un 5 % a las comunas, y un 5% adicional a municipios de 1º categoría, es decir a Rosario y Santa Fe. El decreto 8.437 de 1979 recortó la coparticipación dejando vigente un porcentaje del 8 % para los municipios, un 3 % para las comunas, y un 3% adicional para los municipios de Rosario y Santa Fe".
Con ese decreto, la provincia pasó de distribuir el 18,7750 % de los ingresos coparticipables a sólo el 13,4372 % quedando el 86,5628 % en las arcas provinciales. "Este incremento de más del 5 % de los recursos que desde los municipios y comunas se transfirieron de hecho al Tesoro provincial, es a todas luces cuestionable, tanto por su dudosa legalidad, como por su falta de legitimidad democrática", concluyó Brignoni.
