La provincia termina el tercer año de la actual gestión con un presupuesto que vuelve a mostrar cuentas equilibradas, progresivas mejoras en la política salarial y las inversiones en infraestructura, una importante derivación de recursos a la atención de gastos sociales y buenas perspectivas económicas para el próximo período. Además, se logró reducir en 500 millones de pesos la deuda pública, con lo cual -y a diferencia de otros distritos- el peso de los servicios de la misma sobre el presupuesto es muy poco significativo.
Todo esto en un contexto en el que los recursos derivados por la Nación en concepto de coparticipación y aportes por distintos rubros está muy por debajo de los fondos que se retiene a la provincia, y sin que se hayan registrado aumentos en la carga tributaria propia.>
En este marco, la reapertura de la discusión sobre los sueldos en el sector público es oportuna, y obedece a la pretensión de recuperar, en una época de relativa bonanza económica, parte de lo perdido a lo largo de sucesivos períodos de emergencia, a lo que se sumaron la crisis de 2001, la depreciación de los sueldos por efecto de la caída de la convertibilidad y, en los últimos meses, una controlada pero persistente inflación.>
Pero si bien es innegable la caída del poder adquisitivo de los trabajadores -que, por lo demás, se dio en todos los niveles de actividad en el país, y se recompuso en proporciones variables-, también es cierto que el gobierno provincial ha realizado una serie de esfuerzos para remontarla. Así, según el cálculo de Hacienda, desde diciembre de 2003 a la fecha las categorías "testigo" que se utilizan para evaluar el desenvolvimiento de la variable salarial, registran incrementos que van del 104 al 112 %. >
Pero fundamentalmente, no se debe perder de vista que la administración de los fondos públicos, provistos básicamente por el aporte de los contribuyentes de toda la provincia, debe contemplar en su ejecución las necesidades que se producen en todo el territorio, tanto en lo que hace a la cuestión asistencial, como a la generación de las condiciones para mejorar la productividad, fomentar el desarrollo industrial, facilitar el acceso al circuito comercial, generar oportunidades y mejorar la infraestructura de obras y servicios. Es decir, las cuestiones a atender configuran un universo muchísimo más amplio que las pretensiones salariales de un sector -aún en la medida en que sean legítimas-, y que no puede ser descuidado sin dejar de lado la equidad y mínimos criterios de razonabilidad.>
En este marco, la pretensión de un emolumento mínimo de 1.800 pesos esgrimida desde el sector gremial parece justa para quienes lo hacen, pero podría resultar excesiva en el marco general descripto, y hasta peligrosa. Es de esperar que el entrante período electoral y los factores que en él operan, no echen por la borda los esfuerzos realizados hasta el momento, ni perjudiquen al grueso de la provincia en atención a la demagogia, las presiones o la intencionada desidia que a veces acompaña el final de una gestión.>
