El juez Norberto Oyarbide pidió a España la extradición de un jefe de la Alianza Anticomunista Argentina. El fallo quiebra la lectura del pasado que hasta ahora se había hecho en la Justicia. Dice que la organización no sólo contaba con el amparo del peronismo, sino también del propio Estado.
De la redacción de El Litoral
Por primera vez en la historia jurídica argentina, un juez entiende que los crímenes cometidos antes del golpe de Estado de 1976 por la Triple A -la banda armada que comandaba el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega-, son delitos de lesa humanidad y que -por lo tanto- no han prescripto pese al paso del tiempo.
El juez federal Norberto Oyarbide reiteró el pedido de extradición de Rodolfo Almirón, un ex jefe de la Triple A que vivía tranquilo en España hasta que la semana pasada lo descubrieron en Valencia periodistas del diario El Mundo. Oyarbide investiga a Almirón por los asesinatos de ocho personas, entre ellas el diputado Rodolfo Ortega Peña, el profesor Silvio Frondizi y el ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler, y por las desapariciones de otras tres. Todos esos crímenes ocurrieron entre el 31 de julio y el 13 de octubre de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Aunque no está acusada en la causa de Oyarbide, la viuda de Juan Domingo Perón es investigada por delitos de lesa humanidad por el juez federal de San Rafael, Raúl Acosta. >
Para justificar la declaración de imprescriptibilidad de los hechos que investiga, el magistrado sostuvo que se trató de delitos cometidos desde el Estado, que sirvieron de antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato estatal se desarrollara desde el 24 de marzo de 1976. >
"La existencia de la Triple A y los hechos cometidos por sus miembros -dice la resolución- obedecieron a circunstancias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación de los derechos humanos", dice el histórico fallo. >
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Debate
El diario La Nación en su edición de hoy añade la visión de cuatro juristas de prestigio, que creen acertada la decisión del juez. Gregorio Badeni, Eduardo Barcesat, María Angélica Gelli y Gustavo Bossert aclararon que, según los tratados internacionales, no es necesario que los crímenes hayan sido cometidos por el Estado para que sean de lesa humanidad. Coincidieron, además, en que la investigación puede alcanzar a la viuda de Perón, pero aclararon que no será automático.
"Puede quedar comprometida si se comprueba que ella y sus ministros participaban en esa organización", dijo Badeni. >
Para Bossert, "hay que analizar si la Triple A, que contó con el apañamiento de López Rega, llega a comprometer a la autoridades políticas de la Nación". Gelli indicó que la acusación contra la viuda de Perón es un problema de prueba. "Habría que ver cómo se organizó la Triple A, si era un grupo parapolicial oculto del Estado".>
Según Barcesat, la resolución debería implicar la investigación de todos los subordinados de López Rega y podría apuntar contra la ex presidenta, "aunque eso no surge del fallo", dijo. >
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El caso
La causa contra Almirón data de 1975, pero estaba archivada y sólo fue reabierta este año por pedido del fiscal Eduardo Taiano. El funcionario había solicitado a Oyarbide que los crímenes investigados fueran declarados delitos de lesa humanidad, lo que finalmente hizo el juez, recuerda el matutino porteño.
La investigación se activó por primera vez en 1984, tras el regreso de la democracia, y alcanzó a López Rega, conocido como "el Brujo"; al ex jefe de su custodia Ramón Morales y a Almirón, que también fue jefe de la custodia de la viuda de Perón. >
El proceso avanzó hasta lograrse la detención de López Rega, que fue acusado de organizador y jefe de una asociación ilícita. Almirón está procesado por el mismo delito. En 1984 se pidió su extradición pero no estuvo preso. >
Una sigla temible
La Alianza Anticomunista Argentina (AAA, Triple A o Tres A) se la identifica como precursora del terrorismo de Estado, que luego sistematizó la dictadura militar de 1976. Se le atribuyen desde cientos hasta más de un millar y medio de asesinatos con fines políticos. Fue promovida y cobijada por el peronismo, cuyo líder, el tres veces presidente constitucional Juan Domingo Perón, convirtió a la figura más visible de la organización, el cabo de policía José López Rega, primero en comisario general de esa fuerza, y luego en un "todopoderoso" ministro de Bienestar Social.
La carrera de Almirón
El historial de violencia de Almirón había comenzado mucho antes y seguiría tras la desaparición de la Triple A, reseña La Nación.
Según datos de la causa, había sido apartado de la Policía Federal por su presunta complicidad con bandas de delincuentes y sólo volvió a la actividad en octubre de 1973, por decisión de López Rega.
En febrero de 1974, Almirón fue promovido al grado de inspector; en abril del mismo año, a oficial principal, y en enero de 1975, a subcomisario.
Antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, López había sido designado enviado especial ante los gobiernos de los Estados europeos con rango de embajador. Almirón lo siguió en su destino europeo.
En la causa que instruye Oyarbide, a la Triple A se le adjudican los asesinatos de Ortega Peña, Frondizi, Troxler, el abogado sindical Alfredo Curutchet, el ingeniero Luis Mendiburu, los periodistas Carlos Laham y Pedro Barraza y el ex rector de la Universidad de Buenos Aires Raúl Laguzzi. Y los secuestros y desapariciones de los refugiados uruguayos Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif.
La denuncia que dio inicio a la causa la hizo Miguel Radrizzani Goñi, un abogado de larga militancia en la defensa de los derechos humanos. El letrado reaccionó ante una nota del diario La Opinión, del 6 de julio de 1974, que daba cuenta de un informe sobre la Triple A que Jorge Rafael Videla, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, le había presentado a la presidenta Perón.
Isabel Perón puede ser indagada
El juez federal Norberto Oyarbide afirmó hoy que "no se descarta la convocatoria" a declaración de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón en los homicidios políticos cometidos por la Triple A, durante su gobierno.
El magistrado aclaró que uno de los jefes de esa organización, Rodolfo Almirón, "todavía está gozando de su libertad, pero Interpol ya está tras sus pasos", en España, debido al pedido de captura dictado ayer.
Después de ello, solicitará su extradición, ya que "lo que corresponde primero es pedir la detención".
"No se descarta la convocatoria de Isabel Martínez de Perón", quien reside en Madrid, enfatizó Oyarbide.
La viuda de Juan Domingo Perón era la vicepresidenta de la Argentina cuando murió su esposo en 1974. El 1° de julio de ese año debió asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, cargo en el que se desempeñó hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Perón había comenzado su tercer mandato el 12 de octubre de 1973, bajo un contexto de división interna del partido de gobierno que tenía expresiones de violencia política inéditas en la historia argentina. El sector de Montoneros y la derecha del PJ dirimían -con la muerte como método- la ocupación de los lugares que ofrecía el Estado.
Antes de la elección que ganó la fórmula Perón-Perón con el 61,85% de los votos, se produjo una crisis política (alimentada por el propio peronismo en el poder), que precipitó la renuncia del presidente electo Héctor Cámpora y de su vicepresidente Héctor Solano Lima (su gobierno fue apenas del 25 de mayo al 13 de julio de 1973).
Lo reemplazó en forma interina en el ejercicio de la presidencia Raúl Alberto Lastiri, el entonces presidente de la Cámara de Diputados (el vicepresidente provisional del Senado fue embarcado al exterior). Lastiri -conocido por sus excentricidades y el mal gusto de sus corbatas- era además, el yerno del hombre de confianza y secretario privado de Perón: José López Rega.
