La teoría de la emergencia permanente que cultivaron los críticos de las privatizaciones de los 90 desde el plano jurídico, procuraba demostrar -en franca minoría- que el gobierno de Carlos Menem recurría a medidas de excepción propias de una emergencia para procurar sus fines, atropellando otras leyes. Y que ese marco de justificaciones, siempre basadas en lo excepcional del contexto económico, se prolongaba más allá de la realidad para beneficiar a quienes compraban las empresas de que se desprendía el Estado.

Sin embargo, el funcionamiento del actual paradigma que -se supone- vino a cambiar aquellos postulados neoliberales, no ha sido en realidad muy diferente desde el punto de vista jurídico-formal.

Hoy, sobre todos los servicios públicos del país sigue vigente la teoría de la emergencia permanente: rigen contratos cuyas metas han quedado en interminables paréntesis, apoyados por un cúmulo de subsidios que se aceptan a cambio de que no haya inflacionarios aumentos tarifarios, entre otras alternaciones jurídicas.

En 1987, se convirtió en empresa al sector eléctrico santafesino. La Ley 10.014 creó la EPE y su directorio (con representantes sectoriales y gubernamentales) pero en estos 20 años, durante más de 10 hubo interventores que pusieron a la compañía en dependencia directa del Ejecutivo.

A 8 meses del cambio de gobierno, parece que en la EPE ha terminado la aplicación de esta teoría.