Aníbal Fernández denunció por supuestas "anomalías" al magistrado que investiga el presunto pago de coimas que involucra a la cartera de Julio De Vido. En tanto, realizaron otra presentación contra el presidente de la Cámara de Casación, donde se ventilaría un incidente de la causa.
El gobierno denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien interviene en la causa del llamado Caso Skanska -por supuesta evasión impositiva y pago de coimas-, acusándolo de presuntas anomalías en su función.
Según fuentes gubernamentales, la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar varias horas en una dependencia policial a un imputado en ese expediente, lo que el funcionario consideró un "avasallamiento" a las facultades de su cartera. >
Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial. >
Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política. >
De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart. >
Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a la agencia DyN que "en este caso del procesado con prisión preventiva, debió ser alojado en una cárcel". Y también desestimaron el presunto argumento del magistrado de mandar al acusado -Adrián López, de una empresa supuestamente "fantasma"- a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en Villa Lugano, y luego a la cárcel contravencional de Capital Federal, como medida para resguardar su seguridad.>
Gasoductos
En el Caso Skanska está involucrada la empresa sueca que lleva ese nombre y que intervino en la ampliación de dos gasoductos, a partir de un proyecto del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Néstor Kirchner.
Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el ente que dirige Alberto Abad, descubrió facturas presuntamente truchas en poder de esa firma e hizo la denuncia inicial. >
Con el devenir de la investigación judicial fue detenido y procesado López, integrante de una de las firmas supuestamente "fantasma" que había facturado servicios y trabajos que no pudieron ser comprobados, como presunto miembro de una asociación ilícita, en el marco de una posible evasión fiscal. >
Finalmente, Skanska admitió las anomalías y pagó una multa de 13 millones de pesos a la Afip. Pero a la vez, el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Guillermo Montenegro investigan si ese procedimiento esconde el pago de coimas.>
El supuesto pago de los sobornos, justamente, habría sido deslizado por el detenido López en una declaración ante la Justicia. En ese marco, el fiscal Stornelli también pidió que se cite a declarar a varios funcionarios del gobierno.>
Persecución
El diputado nacional del ARI Adrián Pérez, uno de los denunciantes en el caso, criticó la denuncia presentada por el gobierno contra el juez López Biscayart. "Con la denuncia del ministro (del Interior) queda claro que el gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción", dijo Pérez.
A su vez, el diputado Esteban Bullrich (PRO-Recrear) advirtió que "es alarmante la presión que el gobierno está ejerciendo sobre el Poder Judicial" en el caso Skanska.>
"Las amenazas del Ministro del Interior al juez por el traslado de un imputado amenazado de muerte y los planteos a la Cámara de Casación son maniobras del gobierno para trabar la investigación porque teme que se destape la olla", sostuvo en un comunicado.>
Bullrich anunció que presentó pedidos de informes para que "nos confirmen y expliquen cómo se puede incendiar tan fácilmente la oficina del Ministerio de Planificación que guardaba información clave del caso y para que el Ministro de Planificación (Julio De Vido) blanquee el manejo de los fideicomisos públicos".>
Competencia en disputa
El conflicto de competencia que rodea a la causa Skanska podría terminar en la Corte Suprema de Justicia, si la Cámara Federal en lo Penal Económico resuelve dejar en manos del juez penal tributario Javier López Biscayart la investigación que comenzó como un caso de evasión impositiva y derivó en una pesquisa sobre pago de coimas, que podría involucrar a funcionarios del gobierno nacional.
La Cámara Federal debe pronunciarse sobre un pedido formulado por el fiscal Germán Bíncaz, quien actúa en el expediente que instruye López Biscayart, y la mayoría de los imputados en la causa, para que se declare la incompetencia del magistrado y se pasen las actuaciones al juez federal Guillermo Montenegro, con el argumento de que el fuero federal es el encargado de investigar a los funcionarios públicos.
López Biscayart es el magistrado que, mientras investigaba a varias empresas por el delito de evasión impositiva, descubrió que la firma sueca Skanska habría utilizado facturas apócrifas para ocultar lo que, se sospecha, fue el pago de sobornos para asegurarse una participación en las obras de ampliación del Gasoducto del Norte. La orientación que tomó el caso derivó en dos denuncias por presunto cohecho ante el juzgado de Montenegro, quien, a partir de entonces, avanzó en la instrucción de un expediente paralelo cuyo objetivo es dilucidar si funcionarios del Ministerio de Planificación Federal fueron los beneficiarios de las supuestas coimas.
Según las fuentes, por ahora el delito más sólido que surge del expediente de López Biscayart es el de "asociación ilícita fiscal". Tal vez por eso, el ex titular de Infinito Group y los directivos de Skanska imputados prefieren que la causa pase a manos de Montenegro: la figura delictiva que les imputa el magistrado de fuero tributario tiene una pena máxima de diez años, mientras que en el cohecho la misma es de seis años.
Mientras la Cámara mantiene la incógnita, ambos magistrados continúan con sus respectivas líneas de investigación y ordenan casi a diario medidas de prueba que, esta semana, alcanzarán a ejecutivos de la firma sueca, y las gerenciadoras de las obras de los gasoductos norte y sur (TGN y TGS).
Más contra Bisordi
El titular de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, duramente cuestionado por el Poder Ejecutivo, ratificó hoy que no va a renunciar a su cargo, pero que se jubilará el año próximo, porque, dijo, "ya no tiene sentido permanecer vinculado con la administración de justicia".
"Es muy poco, para la gente que tiene valores, en este momento, lo que pueda cambiar la situación en que se encuentra la justicia", indicó el juez, quien se tomó licencia médica en medio de demandas del gobierno para que se vaya.
Bisordi fue nuevamente denunciado ante el Consejo de la Magistratura -que ya instruye una causa en su contra por las demoras en causas vinculadas con los derechos humanos- pero en este caso por el "trato descomedido" hacia un abogado.
El consejero abogado Santiago Montaña presentó la nueva denuncia a raíz de expresiones que Bisordi habría tenido para con el presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo, durante un programa televisivo.
El episodio se originó cuando Rizzo y Montaña participaban de un debate sobre la situación de la Cámara de Casación en el programa televisivo que conduce el abogado y periodista Mariano Grondona por Canal 26. Bisordi no estaba en el estudio, pero llamó por teléfono para "responderle a ese gordito", en referencia a Rizzo, a quien dijo "no conocer".
De la redacción de El Litoral
