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López Biscayart indagó a ex funcionarios de la empresa sueca por presunta evasión impositiva. En tanto, el magistrado Guillermo Montenegro ordenó diversos allanamientos a empresas. Un tercer juez, Luis Zelaya, secuestró documentación de la Ciudad de Buenos Aires
El detenido ex director financiero de Skanska, José Alonso, declaró ayer ante el juez Javier López Biscayart que fue despedido luego de denunciar maniobras de corrupción que involucran a la empresa sueca y a otras 23 sociedades, y pidió la excarcelación, al igual que otros seis sospechosos que fueron apresados el martes último.
De acuerdo con la información suministrada a DyN por fuentes judiciales, López Biscayart indagó en las últimas horas a siete ex directivos de Skanska y Techint que, tras los interrogatorios, pidieron el beneficio de la excarcelación.>
Paralelamente, la multinacional Skanska y la sede central de Techint, situada en avenida Córdoba y Alem de esta capital, fueron allanadas por orden del juez federal Guillermo Montenegro, que investiga si funcionarios públicos cobraron sobornos para la adjudicación de obras a la compañía de capital sueco y a la firma del Grupo Rocca.>
De acuerdo con la información suministrada por fuentes judiciales, Montenegro dispuso el allanamiento de cinco empresas: Skanska, Techint, BTU, Contreras y Odebrecht. >
Resultados
Las fuentes explicaron que en tres de las cinco firmas, los operativos arrojaron resultado positivo porque los investigadores secuestraron documentación y material informático, mientras en Odebrecht el procedimiento se frustró por un equívoco en el domicilio de la empresa, de capital brasileño. En cuanto a Contreras, si bien se llevaron algunos elementos, la firma solicitó tiempo para aportar otros documentos.
La prueba documental y soportes informáticos confiscados por Montenegro están destinados a establecer cómo quedaron integrados los precios de la oferta presentada por las compañías que se adjudicaron la licitación para la construcción del Gasoducto del Sur. Bajo la lupa de la Justicia se encuentran los contratos para obras de construcción en los gasoductos del Norte y del Sur. Por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la causa por el pago de sobornos al que Skanska admitió haber recurrido para adjudicarse contratos de obras públicas, fue desdoblada en dos expedientes que tramitan ante distintos fueros. >
Por un lado, López Biscayart -del fuero Penal Tributario- investiga la asociación ilícita fiscal que habría funcionado para evadir impuestos y a partir de la cual el juez reunió abultada prueba sobre facturas y recibos falsos que habrían enmascarado el pago de coimas.>
Por otro lado, el juez federal Montenegro conduce la causa originada en las denuncias que hace semanas fueron radicadas para establecer quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos, que podrían ser funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. >
Hubo, además, diligencias en una tercera causa vinculada al caso Skanska: el juez Luis Zelaya, en base a una denuncia del diputado nacional kirchnerista Miguel Bonasso, allanó dependencias del gobierno porteño para rastrear posibles anomalías en facturas de publicidad de la administración de Jorge Telerman. >
"Campaña sucia"
La Justicia dispuso ayer el allanamiento a la sede del gobierno porteño en busca de la supuesta emisión de "facturas truchas" denunciadas por el diputado Miguel Bonasso, lo que se transformó en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el kirchnerismo y el telermanismo, en el marco de la campaña electoral de la ciudad.
La acción provocó una fuerte respuesta del jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, quien habló de la existencia de "una campaña sucia" que "intenta atacar la gobernabilidad" de la administración de la ciudad y pareció implicar al gobierno nacional, al reclamar a "la máxima autoridad de la Nación" que ayude a restablecer el clima de convivencia. No obstante, Telerman no brindó explicaciones acerca de los motivos de la decisión judicial.
El allanamiento a la sede del gobierno fue dispuesto por el juez de Instrucción doctor Luis Zelaya, quien ordenó que la acción judicial fuera realizada por un gran número de personas, que no sólo actuaron en el ámbito de las oficinas donde podían estar unos 20 expedientes buscados, sino en otras dependencias de la sede gubernamental.
Tras el allanamiento, la Justicia informó que había secuestrado computadoras y papeles, "para observar la posible alteración de registros y documentación en papel retirada de la Tesorería y de la Secretaría de Prensa y Difusión" de la comuna porteña.
Fuentes judiciales indicaron que el magistrado analizará si hubo sobreprecios en la facturación de publicidad sobre la base del material secuestrado, tarea que podría demandarle un tiempo prolongado, señalaron los voceros.
"De la manera en que está planteada, la denuncia de Bonasso parece consistente, aunque es posible que no todo lo que dice sea tomado en cuenta", indicaron las fuentes tribunalicias.
Entre tanto, el jefe de Gobierno y candidato a permanecer por otros cuatro años, pidió poner término a las agresiones, en un tono y una dirección en los que parecía aludir al gobierno nacional. "Basta a esos pequeños grupos que siempre quieren interpretar más aún la palabra de su jefe y están dispuestos a todo y a todos", afirmó Telerman.
El jefe de gobierno denunció, además, que desde hace dos meses "hostigan" a su familia, en particular, a su esposa e hijos, cuando regresan del colegio, con "protestas insostenibles" en su casa del barrio de Palermo.
DyN/Télam
