 |
La concesionaria se presentó en concurso de acreedores. Adeuda U$S 40 millones a la firma holandesa Boskalis Ballast por el dragado. Se estudia cómo adecuar el servicio ante una hipotética desvinculación contractual.
La sección de asuntos jurídicos del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occvi) estudia una eventual rescisión del contrato sobre la empresa que construyó y tiene a su cargo la explotación del peaje del puente Rosario-Victoria.
El estado patrimonial de las garantías, la ejecución del plan de obras y los aspectos jurídicos del vínculo, son los ítems que el Occovi se encarga de revisar por estos días.>
Ayer en Rosario, el gobernador Jorge Obeid confirmó la existencia de gestiones desde la Casa Gris para monitorear la desvinculación de la concesionaria y evitar un eventual litigio judicial.>
Cabe recordar que hace algo más de una semana Puentes del Litoral se presentó en concurso de acreedores. Desde entonces se estudia cómo adecuar el servicio a una hipotética desvinculación contractual.>
Protagonistas
El nombre Puentes del Litoral poco dice a los santafesinos del tamaño de quienes lo integran. Se trata del grupo internacional de origen italiano Impregilo; de Hochtief, la empresa constructora más grande de Alemania, la número 3 en el mundo; de la compañía argentina Benito Roggio e Hijos SA (poseedor de la recolectora de residuos Cliba, para Santa Fe y Rosario, entre otros emprendimientos); de Sideco Americana, del empresario Franco Macri, que cuenta con concesiones de servicios públicos e infraestructura en Latinoamérica y una trayectoria entre las que se destaca la construcción de 75 km de la autopista Santa Fe-Rosario (en 1966); de Iecsa, (una ex Sideco), que Macri ha vendido recientemente a Ángelo Calcaterra, quien desde hace 25 años se desempeña en el rubro de la Construcción, y que -entre otras obras- reconstruye las vías del FF.CC. San Martín en laguna La Picasa, al sur de la provincia de Santa Fe; y de Techint, cuyo proyecto de mayor interés para Santa Fe es la extensión del gasoducto del Nordeste que llevaría el gas de Bolivia a sus plantas siderúrgicas en nuestro país.
El dato saliente de Puentes del Litoral es que debe 40 millones de dólares a la holandesa Boskalis Ballast (subcontratista en la ejecución del dragado y los terraplenes del puente). Y otros 51,6 millones de pesos que, en febrero de 2003, a días de dejar la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional, le otorgó Eduardo Duhalde ante la imposibilidad de la empresa de tomar un crédito del BID, por su rojo financiero y por el juicio que por ese motivo afronta a nivel internacional.>
"No hay notificación"
En diálogo con El Litoral, Gabriel Hernández, gerente general de Puentes del Litoral, la empresa concesionaria del Rosario-Victoria, aseguró que la firma "no recibió ninguna notificación oficial que indique la finalización de la concesión" y que "hoy el servicio funciona normalmente", aclaró.
"La última notificación que recibió Puentes del Litoral fue el jueves pasado de parte de la Unidad Renegociadora de Contratos de Servicios Públicos (Unirem), que informó a la compañía que el acuerdo firmado en febrero pasado quedaba sin efecto hasta que la empresa termine en la Justicia el proceso de convocatoria de acreedores", señaló Hernández.>
Tarifas
En esa fecha, se firmó una carta de entendimiento con el holding, que establecía que el Estado nacional se quedaría con el 20 por ciento de las acciones de Puentes del Litoral, como parte de una negociación que incluía un aumento tarifario. De esa manera, el Estado tomaba ese paquete accionario como parte de una operación por la cual canjeaba sus acreencias con la empresa concesionaria, que suman unos 52 millones de pesos.
Hernández explicó que de acuerdo con la Ley de Emergencia Económica -prorrogada en diciembre del año pasado en el Congreso- "no es causal para retirar una concesión que la empresa a cargo del servicio entre en convocatoria de acreedores. De acuerdo a la ley, la instancia que habilitaría el fin del servicio es que se declare la quiebra", apuntó el gerente de Puentes del Litoral.>
"Si se produce una estatización sería por una decisión unilateral del Estado argentino, por lo cual los accionistas de Puentes del Litoral tendrían que analizar los pasos a seguir", afirmó. Uno de esos pasos podría incluir que la firma -como lo hicieron otras empresas concesionarias- inicie un juicio al Estado.>
De la redacción de El Litoral
