Al margen de la crónica
Controles que se demoran

Discutir durante diez años una ley para luego, una vez sancionada, demorar su puesta en práctica, especialmente en un tema esencial del sistema republicano como es el ejercicio del control entre poderes, no habla bien de la dirigencia santafesina.

Demandó diez años el debate legislativo para cambiar la Ley de Contabilidad por la ampulosa Ley de Administración, Control y Eficiencia del Estado que es norma obligatoria desde diciembre del 2005. Más allá del funcionamiento interno de las cuentas del Estado, el cuerpo legal dispuso que haya un control interno al Poder Ejecutivo ejercido por la Sindicatura General de la Provincia y un control externo a cargo del Tribunal de Cuentas que pasó a funcionar bajo el Poder Legislativo.>

Se determinó que una comisión bicameral, de cinco senadores y cinco diputados, se encargará del supervisar al Tribunal.>

En poco más de un año de vigencia de la norma, la Sindicatura apenas se reglamentó el mes pasado y todavía no funciona; el Tribunal de Cuentas tiene apenas tres de los cinco vocales previstos por la ley debido a que el Poder Ejecutivo todavía no propuso vacantes para las dos sillas vacías y en octubre se producirá el vencimiento del mandato de otro vocal. En la Legislatura, desde diciembre del año pasado, la comisión bicameral suspendió los plazos de su cometido debido a la ausencia de personal técnico, lugar adecuado de funcionamiento y de elementos de trabajo. Esta semana otros tres senadores oficialistas se plegaron a la renuncia que había presentado tiempo atrás Juan Carlos Mercier.>

En el Poder Legislativo existen opiniones cruzadas entre autoridades y los propios legisladores sobre las razones por las cuales todavía en los hechos no ejerció la comisión el control pertinente.>

A las burocráticas peleas legislativas se suma la mora del Ejecutivo en ocupar la Sindicatura y proponer vocales del Tribunal de Cuentas.>

En los dos poderes se deberá reflexionar sobre la importancia de dar el ejemplo y atenerse a cumplir con la ley y los plazos correspondientes para después exigírselos a la ciudadanía.>