Los ediles reclamaron el cumplimiento de una ordenanza sancionada el año pasado, en la que el Municipio pasaba a formar parte de la nueva sociedad, para mejorar la infraestructura sanitaria. La oposición cuestionó la falta de inversiones.
Juliano Salierno
Los concejales de la ciudad sesionaron ayer en horas de la siesta, adelantándose al feriado del 25 de Mayo, y aprobaron los 12 proyectos presentados, de los cuales sólo uno pertenecía al oficialismo.
Si bien se abordaron varios temas, la discusión más encarnizada ocurrió al momento de referirse a la muerte de la joven madre Ana María Acevedo, puesto que hubo posiciones divergentes entre las distintas fracciones políticas. Pero lo más significativo de la jornada fue la sanción de una resolución promovida por los concejales del bloque Encuentro para Santa Fe, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que informe sobre el grado de cumplimiento de la ordenanza N° 11.270, del 6 de abril del año pasado.>
Dicha norma se refiere a la participación del Municipio como accionista de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA, luego de la salida de servicio de Aguas Provinciales.>
Según fundamentaron los concejales Jorge Henn y Leonardo Simoniello, así fue que "se dispuso que la Municipalidad suscribiera 100.000 acciones clase B y formara parte de esta nueva sociedad, en el afán de poder lograr que nuestra ciudad obtuviera mejoras de infraestructura en materia sanitaria".>
Un año después
La medida adoptada en una de las primeras sesiones del año pasado, fue la respuesta local a la firma del decreto 0193/06 del gobernador Jorge Obeid, el 20 de enero de 2006, mediante el cual creaba formalmente la empresa Aguas Santafesinas SA.
De ese modo la provincia se hacía cargo, después de once años, del servicio de agua y cloacas en las 15 ciudades que hasta la fecha eran atendidas por la concesión a cargo de Aguas Provinciales de Santa Fe.>
En lo que hace a la ordenanza N° 11.270 condiciona en su artículo 4° a la Empresa Aguas Santafesinas SA "al compromiso de elaborar un Plan de Obras para la extensión de redes domiciliarias de agua y cloacas hacia barrios que no cuentan con dicho servicios". El programa exigía "plazos concretos", además de la "descentralización de la atención al usuario".>
Por eso los concejales solicitaron al Ejecutivo que informe sobre los siguientes puntos: Pidieron el "número de decreto por el cual se dispuso la suscripción de acciones"; y la "copia del documento que designa al funcionario del DEM que actuará ante los órganos societarios y entregará los informes trimestrales".>
Plan de Obras
Pero lo más importante fue la solicitud de los "Planes de de Obras para la extensión de redes domiciliarias de agua potable y cloacas, discriminados por tipo y por barrios, con fecha de inicio de ejecución".
Además reclamaron los "convenios celebrados con el Enress para optimizar acciones que mejoren el desarrollo de aspectos que guarden relación con la prestación de los servicios sanitarios".>
Tras la sesión, Jorge Henn le dijo a El Litoral que el proyecto aprobado habla de "la necesidad de poner en el centro de la escena las grandes preocupaciones de la ciudad", como lo son "un plan director de agua, cloaca y saneamiento ambiental".>
El autor del proyecto aclaró que con esto no pretenden "retrotraer la discusión sobre el período de Aguas Provinciales, cuando se había planteado un plan, que después se cayó". Pero "lo cierto es que hay una deuda muy grande con los vecinos", remarcó.>
Henn recordó una reunión mantenida con directivos de Assa hace tiempo, en la que "se habían comprometido a hacernos parte del diseño del plan", y mientras esto no ocurra "no se le puede decir a los vecinos cuándo van a tener el servicio", concluyó el edil.>
Radicales insatisfechos
La dupla radical del Frente Cívico y Social, formada por los ediles Carlos Pereira y Julio Schneider, pidió la realización de un Censo municipal de personas con necesidades básicas insatisfechas -NBI-, acorde con una resolución del mismo tenor que había votado el Concejo en 2002, y nunca se cumplió.
La necesidad de crear un padrón en el que figure la población con NBI apunta a "conocer quiénes son las personas más desprotegidas y necesitadas en la ciudad, además de incorporar datos certeros que aporten los elementos necesarios para que el municipio distribuya de manera equitativa e igualitaria los recursos del Estado".
Otros proyectos de la misma bancada fueron sancionados ayer. Piden al Ejecutivo la remisión del decreto reglamentario del Código de Publicidad -ordenanza N° 10.814-, y cuestionaron "requisitos de habilitación de la denominada cartelería de obra".
A su vez, reclamaron al Ejecutivo que interceda ante el Organismo Nacional de Administración de Bienes -Onabe- para que remita los pliegos licitatorios de la ex Estación Belgrano, para ser evaluados para su evaluación.
Coincidencia
Una de las marcas que dejó el venezolano Pedro Zuccarini en su paso por la ciudad, en la administración pública, fue una advertencia acerca de la necesidad de "modificar el ascensor del Liceo Municipal", que utilizan unos 2.900 alumnos. Para el entonces subsecretario de Gestión de Riesgo las normas de seguridad del ascensor no se adecuaban a la ordenanza 10.430, que curiosamente fue sancionada un 29 de abril, pero de 1999. Ahora es la concejala del ARI, Noelia Chiementín, la que reclama "su adecuado funcionamiento"; además de prevención para evitar una tragedia.
