El desempleo, según las últimas cifras del Indec, se ubica en 9,8 por ciento, pero sigue en el 11 por ciento contabilizando a los que cobran planes sociales, que justamente perciben ese beneficio porque no tienen trabajo. ¿Cuál es la desocupación real? es la pregunta que surge inmediatamente. Y la primera respuesta tampoco se hace esperar: se especula con ambas mediciones según la necesidad y la ocasión política.
Hasta ahora hay un evidente acuerdo gubernamental-sindical para mantener la doble indemnización, por lo que se toma en cuenta el desempleo de dos dígitos, o sea incluyendo a los que cobran subsidios. Además, hay un resquicio legal para la interpretación de la norma, lo cual permite, entonces, inclinarse por la segunda alternativa.>
De todas maneras, más allá de estas maniobras, se mantiene la tendencia favorable en la materia. Pero, al mismo tiempo, persiste otro signo negativo, cual es el déficit de especialización y formación de la gente que necesita el mercado laboral. El trabajo en negro también mostró una disminución, pero -también acá hay un pero- continúa afectando a más de tres millones de personas, lo que significa una enormidad y genera serias contrariedades tanto para el propio empleado como para las arcas estatales.>
Al mismo tiempo, siguen apareciendo otros datos preocupantes que afectan sobre todo a los trabajadores. Por ejemplo, en el aspecto de la inflación, se supo que el costo de vida aumentó mucho más en el interior del país, en algunos casos duplicando el promedio nacional estimado por el Indec, el organismo aún envuelto en polémicas surgidas, justamente, por el cálculo de la inflación. Y sabido es que en el interior -salvo en algunas grandes concentraciones urbanas o ciudades capitales-, los ingresos generalmente son inferiores a los de Capital Federal y los partidos del Gran Buenos Aires.>
En lo que respecta a las negociaciones salariales, todavía hay algunos sindicatos que no llegaron a un acuerdo, pero la mayoría ya estableció, al menos en los papeles, el 16,5 por ciento digitado desde el gobierno, que -como ocurrió el año pasado- con esa actitud (admitida por la mayoría de la dirigencia gremial) lesionó el espíritu de las paritarias absolutamente libres entre trabajadores y empleadores.>
En el freezer
Otras cuestiones, como la ley de accidentes de trabajo, sobre la cual el año pasado hubo un intenso pero breve debate, continúan en el freezer y no se observa que haya voluntad de un impulso decisivo para el tema. Voceros sindicales han dejado trascender que ven "difícil" un avance al respecto. Y ese análisis tiene su lógica, habida cuenta que para un año electoral crucial, el oficialismo requiere de la menor cantidad de debates y roces que pudieran afectar el trayecto a las urnas.
En ese marco, el gobierno no quiere erosionar sus aceitadas relaciones con la CGT y los "gordos" y con importantes sectores del empresariado. Como ejemplo de esa intención, vale la reciente reunión del presidente Néstor Kirchner y la ministra de Economía, Felisa Miceli, con la nueva cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) -que apoya a la administración-, y la foto posterior en la que aparecieron todos.>
Sin embargo, siguen escuchándose objeciones a la falta de acuerdos amplios y trascendentes. Ahora fue el obispo de San Rafael (Mendoza), monseñor Eduardo Taussig, quien reclamó ante el propio Kirchner una democracia con valores para evitar el "totalitarismo" y bregó por los "débiles" y los "marginados". Además, instó a "trabajar para que aumente el consenso en torno a un marco de referencias comunes". Las palabras del prelado se suman, en pocos días, a las advertencias de monseñor Jorge Bergoglio, quien, en un evidente endurecimiento del discurso, dijo que los excluidos son "sobrantes" en la sociedad actual. Las señales de alerta, en este caso de la Iglesia católica, son llamadas de atención que quienes pilotean el país no pueden ignorar. Más aún cuando, como en la actualidad, siguen soplando vientos de cola que permitirían que todos lleguen a buen destino.>
Luis Tarullo. DyN
