Desde distintos sectores vinculados con el quehacer jurídico esperan que se acelere el proceso de reforma del sistema procesal penal santafesino. El proyecto del nuevo Código fue terminado en octubre y desde noviembre se encuentra en la Legislatura de la Provincia. El tema no fue tratado en sesiones extraordinarias. Además, la reforma debe realizarse cuanto antes porque ya se produjeron varias advertencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Emerio Agretti
La transformación del procedimiento penal santafesino en oral e inquisitivo es un imperativo constitucional, una exigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parte del Plan Estratégico del Estado para el Poder Judicial. Representantes de los estamentos vinculados a la actividad organizaron un curso de capacitación y difusión para la comunidad, y advirtieron sobre los riesgos de que los cambios se retrasen o se apliquen sin los debidos recaudos.
En diálogo con El Litoral, los camaristas penales Agustín Bassó (presidente del Colegio de Magistrados) y Sebastián Creus (representante de la Corte y miembro de la comisión redactora del proyecto de nuevo Código Procesal Penal) y el abogado Néstor Oroño (del Colegio de Abogados de Santa Fe) comenzaron por hacer notar la trascendencia y necesidad de las reformas, pero, también, ajustándolas a su real marco de incidencia.>
"Se mejora la calidad de los juicios y se va a lograr celeridad, practicidad y un mayor respeto de los derechos constitucionales. Pero no se puede esperar, como se ha dicho por ahí, que esto sirva para resolver el problema de la inseguridad, que debe ser abordado desde otros ámbitos", aclararon.>
Por lo demás, explicaron que, precisamente, la celeridad buscada, se obtendrá en la medida en que la infraestructura sea adecuada, "que es lo que estamos discutiendo ahora y está demorado a raíz de no tener ley".>
Cuestión de tiempos
Los especialistas explicaron que "avanzamos con los cálculos y los análisis preliminares, pero, hasta que no esté aprobado el Código, la ley de Ministerio Público Fiscal, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los reglamentos necesarios", no se podrá establecer con precisión cuánta inversión requerirá poner en marcha el juicio oral en la provincia.
Ante la perspectiva de que los tribunales no puedan cumplir su cometido en tiempo y forma por saturación de causas, Bassó apuntó que "dentro del modelo acusatorio está el principio de oportunidad, que permite seleccionar qué es lo que se va a elevar a juicio, lo que se va a tramitar y lo que no. No vamos a tener, como ahora, la prescripción de acciones de penales, porque desde el primer momento el fiscal va a saber si se va a tramitar o no, si es conveniente o si se aplica el principio de insignificancia. Cosas que ahora se discuten en la sentencia, cuando ya está terminando todo el proceso".>
Oroño agregó que la celeridad también viene apoyada por diversas medidas previstas en instancias intermedias de las acciones ya iniciadas, que permiten plantear si se justifica seguir adelante. Y también con la figura del querellante, que otorga a la víctima un rol activo en el proceso. "Las aspiraciones de la gente son tener acceso a la Justicia, saber de qué se trata y encontrar una resolución a su situación dentro de plazos razonables", resumió el profesional.>
Decisiones pendientes
En este caso, la preocupación compartida por abogados y miembros del Poder Judicial es que la aprobación de las reformas se haga lo antes posible, para, recién a partir de entonces, poder comenzar a diseñar el largo proceso de implementación.
"El proyecto de Código fue terminado en octubre y enviado a la Legislatura en noviembre. Después de algunas reuniones que tuvimos, teníamos la idea de que iba a ser considerado en el período extraordinario", explicaron. >
Y apuntaron que "lo presupuestario también depende de si la implementación es total o gradual, pero para tomar esa decisión tiene que estar el Código sancionado. De ahí nuestra preocupación. Esta reforma es hija de la necesidad, tras las advertencias de la Corte", que pusieron en tela de juicio al sistema santafesino en el sonado caso Fraticelli y volverían a hacerlo, probablemente con mayor alcance, cuando se expida sobre la condena a Julio Roggiano.>
"Si se declara la inconstitucionaldiad del proceso escrito de la provincia de Santa Fe, ¿qué hacemos? -planteó Bassó-. ¿Tenemos que implementar el juicio oral en diez minutos? ¿Y adónde? No están los edificios para eso. En Santa Fe ciudad no los hay. Y aun alquilándolos, acondicionarlos lleva tiempo".>
Conciencia y persistencia
"El objetivo de este primer ciclo es generar conciencia en toda la sociedad de que la reforma no es un capricho de juristas o académicos: el Código que tenemos está en tiempo de descuento y no desde ahora -argumentó Oroño-. Devino claramente inconstitucional a partir de la reforma de 1994; lo que pasa es que se fueron sucediendo hechos que permitieron que continúe siendo aplicado. Pero, a esta altura, no valen especulaciones: tenemos que ponernos todos a trabajar para lograr una implementación en un plazo razonable".
Este trabajo, explicaron, pasa por la capacitación -no sólo de jueces, fiscales y funcionarios, sino también de abogados- y por dar continuidad a la participación de todos los sectores del Plan Estratégico en la instancia de su implementación. "Con esto estamos demostrando nuestro compromiso. Ahora apelamos al sector político a que no demore el tratamiento, para poder avanzar con todo lo mucho que falta después", sostuvo Bassó.>
40 jueces y 85 fiscales
La puesta en marcha del juicio oral, con el Ministerio Público Penal como encargado del impulso a las acciones judiciales, requerirá el nombramiento de un importante número de magistrados y funcionarios, e inversiones edilicias para adecuar la infraestructura a la nueva modalidad.
No es una novedad que la reforma del sistema penal santafesino representará un costo importante, ya que ésa es -entre otras- la razón por la cual se demoró durante décadas, preservando un esquema anacrónico y pasible de impugnaciones.
Con el compromiso del gobierno de que esta vez se habilitarán las partidas necesarias -aunque, en rigor, el grueso de esa inversión corresponderá a la próxima gestión-, los proyectos respectivos fueron girados a la Legislatura, donde esperan tratamiento, condicionado a los avatares del año electoral.
Mientras tanto, una comisión técnica comenzó la tarea de traducir la reforma penal en términos económicos. Según los primeros cálculos realizados, sería necesario el nombramiento de 40 nuevos jueces para los tribunales de Instrucción Preparatoria -ya que los tribunales orales serán conformados con los actuales magistrados- y 85 fiscales, para poder habilitar la modalidad inquisitiva -con protagonismo del Ministerio Público Fiscal.
A su vez, cada juzgado requerirá un secretario, cuatro empleados y un ordenanza, y cada oficina fiscal, un secretario y tres empleados. A eso habrá que agregar el incremento de personal para las oficinas fiscales ya existentes, defensorías y fiscalías de Cámara. Según los cálculos provisorios, esto implicará un desembolso adicional de unos 30 millones de pesos anuales en el rubro salarios, más otros 3 para gastos de funcionamiento.
El otro rubro sobre el que se efectuaron cálculos es el de las inversiones en materia de infraestructura que, contemplando la compra de terrenos y edificaciones, superaría los 61 millones de pesos.
Fuentes de la comisión técnica encargada de realizar estos cálculos hicieron notar que, más allá de su provisoriedad y sujeción a una serie de variables, la necesidad de recursos será gradual. Esto, en atención a que la propia puesta en marcha del nuevo sistema penal será de esa forma, pero, además, a que no en todos los casos será imprescindible contar con los nuevos edificios, ya que se podrá empezar -por ejemplo- en inmuebles alquilados.
Pero, además, la misma creación de juzgados y oficinas fiscales será determinada en función de otros estudios, vinculados al movimiento de causas en cada jurisdicción e, incluso, a las modificaciones que puedan surgir en función del nuevo mapa judicial, que será confeccionado una vez que hayan tomado cuerpo las demás reformas.
Curso
El curso de capacitación organizado por los colegios de Abogados de Santa Fe y de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Centro de Capacitación Judicial de la Corte tendrá lugar en la Casa del Foro, los días miércoles 6, 13 y 20 de junio, a partir de las 17 horas.
El tema central de la primera jornada será La reforma como imperativo constitucional, a cargo de Juan Manuel Oliva y Leandro Corti.
El miércoles 13, el tema será Estructura y sistemática del Código, a cargo de Néstor Oroño y Sebastián Creus.
El miércoles 20 se abordará Debate sobre problemas locales de implementación, con el subsecretario de Justicia Héctor Gabriel Somaglia.
Los interesados en participar de este ciclo deberán inscribirse en el Centro de Capacitación Judicial - Tribunales de Santa Fe, calle San Jerónimo 1551, 1º Piso, o vía fax al Teléfono (0342) 4-573008, o por e-mail a [email protected] o en lugar del ciclo hasta con 15 minutos de anticipación al inicio. El acceso a las jornadas será libre y gratuito, entregándose certificados de asistencia.
Problemas de plantel
La importante cantidad de jueces, fiscales, funcionarios judiciales y empleados que requerirá el nuevo esquema, llevó a los Colegios y a la Corte a plantear una modificación del reglamento del Consejo de la Magistratura para acelerar los tiempos, permitiendo que la consideración de candidatos se haga a través de comisiones, que eleven sus evaluaciones al plenario.
Pero además de esto, otro problema que aparece en el horizonte inmediato tiene que ver con la sucesión de renuncias por jubilación que se espera para cuando sea aprobada la ley. "Las sucesivas declaraciones de emergencia económica de la provincia, y la relativa comodidad que implica el proceso escrito, generaron un plantel de recursos humanos de edad alta; que además impidió la movilidad, que los jóvenes vayan ascendiendo", describió Creus.
A partir de la modificación efectuada el año pasado en la Ley de Jubilaciones, es posible compensar la falta de edad suficiente para acogerse al beneficio, con el exceso de años de servicio. En atención a todo esto, son numerosos los jueces que anticiparon su voluntad de jubilarse.
Si bien los movimientos que vendrán a partir de ésto, sumados a la inyección de ingresantes desde afuera del Poder Judicial, permitirán una renovación importante, los juristas se hicieron cargo de la transición será complicada. "Va a haber un vacío de golpe. Va a ser un problema serio, que va a afectar sobremanera a esta reforma", expusieron.
Corporación
Creus salió al cruce de las afirmaciones sobre el rechazo de la llamada "corporación judicial" a la reforma, al hacer notar la activa participación y decidido impulso con que aportaron los magistrados al actual Plan Estratégico. A lo que Bassó añadió que la oposición "corporativa" de los jueces sí existió en 1993, pero porque "la gente que trabajó en aquella comisión bicameral nunca trasladó ni siquiera inquietudes al Poder Judicial. Y nos opusimos porque era un Código inviable".
