La Iglesia católica logró postergar el tratamiento legislativo de un proyecto de ley para reglamentar los abortos no punibles, por considerarlos "ataques a la vida por nacer" a pesar de estar contemplados en el Código Penal.

Los obispos lograron su cometido a través de sugerencias por escrito a los diputados, que llevaron el argumento de los derechos humanos como idea fuerza. Un punto sensible para el gobierno de Néstor Kirchner.>

Si bien los representantes de la Cámara Baja dicen que no es habitual modificar tiempos de debate por presiones externas, esta vez prestaron especial atención al planteo episcopal.>

A esto se sumó un llamado de la Casa Rosada al presidente de la Cámara de Diputados para congelar por un tiempo el tratamiento de la iniciativa que regula los abortos no punibles en el sistema sanitario, a fin de permitirlos sin autorización judicial en caso de violación o riesgo de la salud de la madre.>

"No es momento. Esperemos a que la cosa decante. Igual, nuestra política sanitaria no va a cambiar un ápice", le transmitió un funcionario de Balcarce 50 a Alberto Balestrini, según reveló una fuente parlamentaria.>

Es que los hombres de Iglesia se valieron de un fallo de la Corte Suprema que reconoció el derecho de una mujer a cobrar una indemnización por el asesinato de su nieta nonata durante la última dictadura militar.>

El máximo tribunal basó su decisión en el Código Civil, que establece que las personas que "no habiendo nacidas están concebidas en el seno materno" tienen ya derechos y obligaciones.>

Renglón clave en la prédica episcopal, que la Corte puso de relieve al ratificar que fueron dos y no una las personas asesinadas en un centro clandestino de detención en setiembre de 1976. Ana María del Carmen Pérez, militante montonera, y el hijo que llevaba en su vientre.>

A pesar del freno que tuvo el proyecto, en el Episcopado reconocen que el aborto será motivo de discusión de cara a las elecciones presidenciales de octubre, sobre todo por la insistencia del ministro de Salud, Ginés González García, para abrir un debate en la sociedad sobre la despenalización de esta práctica.>

Un reciente estudio de la cartera sanitaria reflejó que, a pesar de ser ilegal en la Argentina, se realizan entre 460.000 y 600.000 abortos anuales. Es decir, que se produce casi una interrupción voluntaria del embarazo por cada nacimiento registrado en el país.>

Pero el director del Instituto de Bióetica de la Universidad Católica Argentina, padre Alberto Bochatey, evaluó como "muy exagerada" la cifra y cuestionó el rigor científico del método (registros de egresos hospitalarios por complicaciones en abortos y encuestas) que utilizaron el Conicet y la UBA para hacer el relevamiento.>

La preocupación de los obispos también radica en otros proyectos, como el que elevó al Congreso una coalición de organizaciones civiles y personalidades de la cultura para exigir -con el argumento del derecho de la mujer- la gratuidad de las intervenciones para interrumpir el embarazo durante las primeras doce semanas del proceso de gestación; o el que fomenta la anticoncepción de emergencia a través de la venta libre de la píldora del día después.>

No descartan incluso hacer una campaña, similar a la de agosto de 2006, para concientizar a los argentinos de que el aborto es "un crimen abominable contra una persona inocente" y advertir a la clase política que "no existe en la legislación argentina un derecho a causar la muerte de los propios hijos".>

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