Luis Rodrigo
El discurso de ayer del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, no fue una conferencia de prensa. Los periodistas asistieron a la invitación del funcionario como meros testigos.
A los canales de TV les hubiera bastado con enviar a sus camarógrafos; a las radios a sus técnicos sonidistas, y los redactores de los diarios bien pudieron esperar en sus escritorios que un cadete les alcance la grabación.>
El trabajo periodístico quedó reducido a observar y escuchar. Nada de hacer preguntas.>
¿Cuál es el poder de que disponen los periodistas para poder preguntar? ¿Qué los habilita históricamente a hacerlo aun cuando se trate de altas autoridades o encumbrados funcionarios? La respuesta está en la Constitución, o mejor aun en su lectura honesta.>
El ejercicio de la libertad de expresión ha creado un derecho que no figura en ninguna ley. No hay norma que obligue a los funcionarios a aceptar preguntas periodísticas. Sin embargo, prácticas de diálogo público entre periodistas de distintos medios y funcionarios son parte de las buenas costumbres de los gobiernos democráticos.>
Hay una razón, tan sencilla como verificable, que consagra a los hombres de prensa la posibilidad de interrogar. Es porque los periodistas formulan lo que suponen que los ciudadanos podrían preguntar. Y como toda interrogación parte de una visión subjetiva de los hechos, es natural que los funcionarios deban responder a preguntas de (por lo menos) las muy diferentes visiones de los periodistas de medios con opiniones distintas.>
El monólogo del funcionario de ayer fue muy parecido a un mensaje oficial por Cadena Nacional (salvo porque los medios de comunicación podían o no reflejarla). Su esquema de comunicación fue absoluta y perfectamente vertical. No hubo preguntas, y por lo tanto tampoco respuestas. Y sin preguntas, quedan dudas.>
