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La titular de Amsafe señaló que la discusión debe ser participativa y no una "falsa consulta". Sostuvo que la discusión de fondo es cómo el Estado garantizará el financiamiento necesario para implementar la reforma educativa.
Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) pidieron que el debate por la futura ley de educación provincial tenga una real participación de los docentes y la sociedad. "La única posibilidad de que un proyecto realmente funcione es si hay un amplio debate y consenso de todos los sectores sociales", opinó Sonia Alesso, secretaria general electa de Amsafe Provincial.
"Exigiremos que esta ley surja del debate. No puede ser la norma de un gobierno y menos en un año electoral -advirtió-; sería un error mandar un proyecto sólo del partido gobernante".>
El primer mandatario santafesino, Jorge Obeid, emplazó ayer a que el mensaje de la futura ley provincial de educación se envíe a la Legislatura en 90 días. Previamente, está previsto que el Ministerio de Educación realice un proceso de consulta a los actores educativos y entidades de referencia de la sociedad, tal y como se hizo el año pasado con la Ley Nacional de Educación, aprobada en diciembre.>
"Esperemos que no sea una falsa consulta", expresó Alesso, quien exigió conocer el contenido del borrador de la ley provincial, si es que el gobierno ya lo tiene delineado.>
A su entender, el peso de la realidad demostró lo nefasta que puede ser una norma "impuesta" como fue la polémica ley Federal, la cual "venía a ser el correlato de todas las políticas privatizadoras y de ajuste que vimos para los trenes, la telefonía y otras empresas del Estado".>
Pasó la norma de los noventa, sumamente criticada por la mayoría de los actores educativos. Por eso, la sindicalista considera que son justamente los docentes, que han acumulado tantos años de pelea contra la ley Federal, quienes pueden aportar "propuestas y un largo trabajo realizado en los congresos educativos departamentales, provinciales y de Ctera".>
Financiamiento, la clave
Con vistas a la futura legislación, Alesso consideró primordial que se garantice un financiamiento adecuado. "No puede pensarse una educación sin presupuesto educativo, sin creación de cargos, sin poder pensar que donde hay un alumno tiene que haber una escuela", dijo la dirigente de Amsafe.
Añadió que debe haber una fuerte inversión si se pretende, como dice la nueva ley nacional, garantizar la enseñanza como un derecho social. "Se pone en discusión también un modelo educativo: hay que abandonar la lógica del ajuste que ha habido desde el '92 hasta el presente, donde el Estado se ha des-responsabilizado de la educación".>
Enumeró que un mayor presupuesto educativo resulta clave para poder universalizar la escuela secundaria en ciudades y zonas rurales, ofrecer modalidades educativas que no están desarrolladas, garantizar una enseñanza intercultural bilingüe y escuelas multiculturales, extender las salas de 4 y 5 años, entre otros aspectos que definen el nuevo sistema educativo.>
"Qué no se dice"
Sobre cómo se acoplará Santa Fe a la nueva ley nacional, se conocen algunos adelantos. La ministra de Educación, Adriana Cantero, dijo que el modelo por el que ya optó la provincia es un primer tramo de escolaridad primaria de 7 años y otro de secundaria de 5.
También se evalúa cómo implementar paulatinamente la extensión progresiva de la jornada educativa, cómo garantizar la obligatoriedad del secundario y el crecimiento de las salas de 4 y 5 años.>
Sobre estos puntos, la titular de Amsafe no tiene objeción. "Los temas que se escuchan ya cuentan con gran consenso previo, pero para opinar de una ley hay que saber cuáles son los puntos críticos y de los cuales no se habla", subrayó.>
Como ejemplo, mencionó que en la provincia nunca se debatió después de la dictadura sobre el "gobierno de la educación" que debería contemplar la participación de docentes, padres y estudiantes.>
Insistió con que la discusión de fondo es el presupuesto educativo: "De qué se va a responsabilizar el Estado, cómo va a hacerse cargo de la educación en todos sus niveles y modalidades; porque la obligatoriedad no es para los padres, es para el Estado que tiene que garantizar posibilidades de estudio a todos los chicos. Es una decisión política fuerte de considerar a la educación como un derecho social y no como una mercancía", destacó.>
De la redacción de El Litoral
