Mario Alfredo Lacava

El sistema republicano de gobierno se funda en la soberanía del pueblo.

Todo lo que tiende a garantizar la expresión más cabal y auténtica de la soberanía popular, es posible y aceptable.>

En los tiempos modernos, la libertad política siempre ha sido ponderada en relación con las libertades civiles individuales, en tanto su pleno e irrestricto respeto y ejercicio, asegura precisamente el uso y goce de las segundas.>

En este orden de ideas toda restricción razonable de las libertades individuales en función de garantizar el pleno ejercicio de las libertades políticas, son política y filosóficamente irreprochables.>

El derecho electoral y la función electoral que aquel regula, está plagado de estas restricciones. Todas ellas tienden a garantizar al ciudadano la más amplia libertad para elegir a sus gobernantes, que tengan un conocimiento acabado de lo que elige y a quién vota y todo ello en las condiciones más apropiadas de participación y transparencia en el proceso de selección.>

Obligatoriedad del voto, campañas reglamentadas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, financiamiento de las campañas por parte del Estado, veda electoral, espacios en medios cedidos gratuitamente, amparo electoral, justicia electoral, normas de procedimientos, sólo para mencionar algunas restricciones y regulaciones que restringen libertades en función de objetivos colectivos más amplios.>

Muy coherente con estos conceptos y dentro de las referidas y pacíficamente aceptadas restricciones a las libertades individuales de partidos y candidatos, bien podría caber la de obligarlos a debatir entre sí y ante la sociedad, a aquellos candidatos más representativos en condiciones de igualdad y objetividad.>

Si a cada derecho le corresponde correlativamente un deber, el derecho al debate entre los candidatos es un derecho de los ciudadanos, ya que son ellos los sujetos activos que deben informarse y formarse opinión para después decidir a quién elegir. Su deber correlativo es el de acceder a participar en estos debates preelectorales y este deber lo tienen los candidatos entre quienes los ciudadanos elegirán y que son los sujetos pasivos de esa relación electoral. A éstos la Constitución Nacional y la ley, cargan de derechos y obligaciones en función de garantizar la libertad política y la irrestricta expresión de la soberanía popular que es el valor supremo a tutelar.>

En orden a estas ideas, ¿puede convalidarse que un candidato por estrategia electoral se niegue a debatir frente a los votantes propuestas y puntos de vista?>

¿Cuál sería el fundamento para que la libertad individual que tiene un candidato de administrar sus actos de campaña, prevalezca, en relación al debate, sobre la libertad política que tiene por definición un contenido colectivo y cuyo ejercicio se vincula al respeto de la soberanía popular? Creo que ninguno.>

Por otra parte si la Constitución Nacional otorga a los partidos el monopolio de la oferta electoral, es razonable y hasta auspicioso que la ley le imponga obligaciones al modo de ejercer en la práctica esa candidatura de cara al votante.>

Claro que si algo tan indiscutible, bueno, formativo, democrático y de calidad institucional como el debate electoral fuera entendido como tal y aceptado por todos, el debate sería algo natural>

Y la ley no sería necesaria.>

Pero hoy parece no ser así. El Dr. Binner no quiere debatir con argumentos que ofenden el sentido común, la práctica política y lo que se entiende como la buena manera de desarrollarse esta actividad. Por ello bienvenida la ley, por aquello que tantas veces nos enseñaron: la ley no garantiza en sí mismo conductas, pero induce socialmente a respetarlas.>