Los actos de vandalismo protagonizados por las huestes de los Moyano -padre e hijo- ante la Legislatura porteña, dejaron una lista de diecisiete policías heridos. Es cierto que también hubo algunos golpeados en el sector sindical, pero las imágenes televisivas mostraron claramente quiénes iniciaron la agresión. Pese a estar formalmente identificados con brazaletes y chalecos como trabajadores, existen serias sospechas de que se trata de la misma ralea social que provocó el estallido de violencia del pasado 17 de octubre en San Vicente.
En este caso, las movilizaciones se fundan en la oposición a un proyecto de ordenanza de tránsito que contempla un sistema de puntaje para sancionar las faltas graves y gravísimas. El proyecto fue discutido en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, e incluso incorpora algunas modificaciones originadas en el reclamo de los sindicalistas.
Sin embargo, ni el talante negociador ni la racionalidad de una norma inspirada en los buenos resultados obtenidos en varios países, impidieron los desmanes provocados por patotas gremiales soliviantadas por sus dirigentes. Las principales víctimas de la violencia fueron los policías, quienes debieron soportar insultos, escupitajos, proyectiles y golpes por parte de los supuestos trabajadores.
Lo sorprendente es que la oposición al proyecto de ordenanza no se confronta con algún proyecto alternativo. Para las huestes de los Moyano y Viviani lo que importa es que no se les ponga límite a las desbocadas conductas de sus afiliados.
El sistema de puntaje propuesto por la Legislatura porteña no es diferente al que están proponiendo otras provincias argentinas, incluida la de Santa Fe, y su modelo original es europeo. Se trata, en definitiva, de ponerle coto a la imprudencia de los conductores de medios de transporte público y privado, imprudencia que va acompañada de impunidad y deja como secuela un creciente número de heridos y muertos.
La norma contempla sanciones a las infracciones graves y muy graves, dejando de lado a las faltas menores. Como todo proyecto, es susceptible de observaciones, discusión y mejoramiento, pero da la impresión de que los caciques sindicales no están preocupados por estas minucias, tal vez porque entiendan que la realidad de la calle se parece a la ley de la selva, y que los problemas cotidianos deben quedar librados a soluciones fácticas.
Ante los acontecimientos, al gobierno nacional no le ha quedado otra alternativa que negociar con los burócratas sindicales, porque después de la ola de depredación se anunciaba un paro general. Una vez se debe ceder frente a la extorsión o, caso contrario, soportar ataques originados en las diferencias internas entre sindicalistas.
Las disputas entre Moyano y Barrionuevo o entre las diversas roscas sindicales se saldan a través de estos métodos. Más que interesarse por una ley de tránsito, lo que a Moyano le importa es una exhibición de fuerza para luego negociar a dos puntas: con el gobierno y con la competencia gremial.
Entre tanto habría que preguntarse si el gobierno legítimo de una sociedad que pretende vivir civilizadamente puede someterse de continuo a estas maquinaciones corporativas y facciosas.
