Ahora, 33 represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar podrán ser juzgados. En el fallo, la Cámara rechazó el planteo de la defensa del ex capitán de navío, Raúl Scheller.
Julia Izumi (CMI)
Néstor Kirchner lo pidió este año desde el ex centro clandestino cordobés de La Perla, y la Justicia se lo concedió antes de culminar su gestión presidencial: la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA fue convalidada ayer por la Cámara de Casación Penal tras cuatro años de estancamiento y ahora, unos 33 represores serán juzgados por los crímenes cometidos en ese predio de la Armada durante la última dictadura.
El fallo, que rechazó un planteo de "cosa juzgada" formulado por la defensa del ex capitán de navío Raúl Scheller, uno de los procesados en la causa, puso fin a una serie de dilaciones en torno del expediente reabierto en setiembre de 2003, tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Justamente, esas demoras -ocasionadas por excusaciones de magistrados y otros recursos de apelación- fueron las que llevaron a Kirchner a preguntar públicamente desde el escenario montado en La Perla: "¿Qué pasa en la Cámara de Casación donde están parados por años juicios que deberían estar en marcha?". Aquella advertencia derivó en una confrontación con el ex presidente del cuerpo, Alfredo Bisordi, denunciado más tarde ante el Consejo de la Magistratura. Una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia contribuyó a destrabar la megacausa.
Antecedentes
El 10 de octubre, el máximo tribunal le ordenó a la Cámara de Casación que actúe "con la mayor celeridad" para que la causa por los crímenes cometidos en la ESMA pudiese llegar a juicio, al confirmar la competencia definitiva de ese Tribunal de apelaciones frente a un conflicto planteado por Scheller en 2003. En aquella oportunidad, la Corte consideró de "gravedad inusitada" el hecho de que tras cuatro años todavía no se hubiera resuelto la validez del trámite que dispuso la reapertura de la causa principal debido a las sucesivas recusaciones y excusaciones de los magistrados y conjueces designados.
Ayer, los camaristas de la Sala II, Juan Fégoli, Gustavo Michel y Pedro David se ampararon en la jurisprudencia de la propia Corte que convalidó la apertura de las causas contra la represión a partir del caso Julio Simón, y rechazó el planteo de "cosa juzgada" al sostener que "no puede entenderse como consolidada y jurídicamente irrevisable una situación cuyo beneficio se pretende lograr a expensas de las elementales expectativas que pueden tener una persona y la sociedad como es la de acceder a una tutela judicial efectiva cuando se invoca la pretensión de investigar penalmente conductas que han lacerado la propia humanidad".
Impugnación
La defensa de Scheller había impugnado la reapertura del expediente, a cargo del juez federal Sergio Torres, luego de que durante quince años y por beneficio de las denominadas leyes del perdón, se exculpara a represores que todavía no habían sido juzgados.
A partir de este fallo, el Tribunal Oral Federal 2 juzgará a los represores Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del fallecido jefe del Primer Cuerpo del Ejército; Antonio Vañek, Julio Tort, Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, José Martínez Pizarro, Oscar Montes, Manuel García, Antonio Pernías, Jorge Perrén, Jorge Radice, el propio Scheller, Juan Carlos Rolón, Ernesto Weber, Néstor Cardo, Julio Coronel y Juan Azic, entre otros, por numerosas desapariciones, varias de ellas de enorme peso simbólico, como es el caso de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y el periodista Rodolfo Walsh.
Desaparecidos españoles
Los gobiernos de Argentina y España firmaron en Buenos Aires un memorando de entendimiento, para la identificación de desaparecidos españoles durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
El convenio fue suscrito por los ministros de Justicia de Argentina, Alberto Iribarne, y España, Mariano Fernández Bermejo, en un acto en el que participó el embajador español en nuestro país, Rafael Estrella.
El memorando establece que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España tomará en ese país muestras biológicas de familiares directos de desaparecidos, para enviarlas luego al archivo de datos de sangre del Ministerio de Justicia para su identificación.
Se calcula que son más de 60 los españoles desaparecidos durante el último gobierno de facto en nuestro país, y que ascienden a varios centenares los que compartían ambas nacionalidades.
Decisión de la Corte
En octubre pasado, la Corte dictó un duro fallo en que encomendó a Casación "la urgente adopción de las medidas necesarias" para posibilitar la realización del juicio oral por los delitos en la ESMA. Para entonces, más de 60 querellantes habían denunciado ante el Consejo a jueces de Casación por retardo de la Justicia. Si bien era la sala IV de Casación la que intervenía originalmente en las causas por violaciones a los derechos humanos, ante las denuncias de los familiares de desaparecidos, los expedientes quedaron en manos de David, Mitchell y Fégoli. El máximo tribunal de la Nación dispuso la "radicación definitiva" de la causa ESMA en la sala II de Casación, la que al respaldar ayer la reapertura del proceso contra el aparato represivo de la Marina eliminó el principal impedimento que tenía el Tribunal Oral 2 para sentar en el banquillo a los acusados.
