Puede que el despreciable imperialismo yanqui esté interesado en desprestigiar al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández acusándolo de recibir una suma de dinero enviada por ese otro dirigente socialista y bolivariano que se llama Hugo Chávez. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela dispone de una de las billeteras más gordas de América Latina gracias, precisamente, a la venta de petróleo que le hace a su principal comprador: Estados Unidos.

Puede que el FBI sea una institución perversa cuyo objetivo sea la desestabilización de los gobiernos populares. Puede que incluso la CIA esté trabajando para desestabilizar a la flamante presidente, pero admitamos que cualquiera de estas hipótesis hay que probarlas, del mismo modo que sería deseable que el gobierno argentino aclare como corresponde qué pasó con esa valija de dinero que no venía en un avión norteamericano ni era transportada por un funcionario de la embajada yanqui, sino que venía en un avión contratado por funcionarios argentinos a quienes acompañaba el señor Antonini Wilson, conocido operador no de Bush sino de Chávez.

Acusar al imperialismo o a la sinarquía internacional de los males que afligen a un país suele ser el recurso preferido de los gobiernos populistas, cuya retórica antiimperialista sirve para disimular sus negociados, sus trampas e incluso, su sometimiento al supuesto imperialismo. Como decía el amigo de mi tío: cada vez que los peronistas hablan de imperialismo me llevo la mano al bolsillo.

Perón fue un maestro en recurrir a esos artilugios. El imperialismo yanqui fue siempre un buen pretexto para ganarse la adhesión del crédulo amor de los arrabales (Borges) o ajustar cuenta contra opositores y rivales internos. Luis Gay y Cipriano Reyes, ambos forjadores de las jornadas del 17 de octubre, terminaron en la cárcel y en el ostracismo acusados de trabajar para el imperialismo yanqui, mientras la cancillería nacional ratificaba los acuerdos de Chapultapec, Anaconda y Río de Janeiro, se manifestaba a favor del envío de tropas a Corea y, poco tiempo después recibía con bombos y platillos a Milton Eisenhower y entregaba el petróleo a la voracidad a la Standar Oil, a través del tratado de California.

Por lo tanto, creo que es poco probable que exista una operación norteamericana destinada a desprestigiar a Fernández de Kirchner. Por el contrario, diría que es muy, pero muy probable que el dinero secuestrado en el aeropuerto haya estado destinado a financiar la campaña electoral del oficialismo o, por lo menos, a pagar los servicios de algún operador oficialista.

Es más. Según informes confidenciales, el FBI tenía conocimiento de que el dinero secuestrado era para la campaña de Cristina Fernández unas cuantas semanas antes de las elecciones y, para evitar que le imputen interferencias en los asuntos internos prefirieron dar a conocer la noticia después de las elecciones y no antes, motivo por el cual al FBI habría que reprocharle excesiva prudencia, cuando no complicidad, con el peronismo.

La hipótesis no es descabellada y me animaría a decir que es la más realista. Al FBI no se le escapaba que una noticia de ese tipo antes del 28 de octubre podría haber puesto en peligro la elección de Cristina, que ya para entonces era la candidata favorecida por las encuestas. Es previsible que los yanquis, sabiendo que lo más cómodo para los gobiernos populistas de la región es colocarlos como los verdugos de los pueblos, hayan preferido cajonear la noticia para que después no los inculpen de haber saboteado la elección de la candidata "nacional y popular".

Por su parte, las hipótesis del gobierno nacional cada vez se sostienen menos. La última sugiere que el dinero iba a Uruguay. Por ese camino la información podría completarse asegurando que en realidad se trata de una confabulación orquestada por la CIA y la empresa Botnia con la complicidad de Tabaré Vázquez para perjudicar el medio ambiente y desestabilizar a ese otro líder nacional y popular que se llama Busti.

Seamos serios. La valija con los dólares llegó de Venezuela en un avión contratado por funcionarios argentinos. Todo permite pensar que por un camino o por otro ese dinero estaba destinado a sobornar o financiar operadores argentinos. Si el oficialismo hubiera estado realmente interesado en llegar a la verdad habría hecho las debidas diligencias judiciales y entre otras cosas, no habría permitido que Antonini Wilson se les escapara.

Por el contrario, los que se preocuparon por dar con los culpables fueron los funcionarios judiciales de Estados Unidos. El apriete o la extorsión ejercido en territorio yanqui contra Antonini Wilson obligó a la intervención de la justicia norteamericana. Un fiscal de Miami se hizo cargo de la causa con el celo y la responsabilidad que no suelen exhibir los funcionarios judiciales criollos.

Suponer que un fiscal de Miami participa de una conspiración contra Venezuela y Argentina es un delirio. Por el contrario, es muy probable que Bush se haya enterado de lo ocurrido a través de los diarios y hasta es muy probable que le haya molestado la información porque en estos momentos la Casa Blanca lo que menos quiere es tener problemas con la Argentina.

Creer que un fiscal norteamericano puede ser presionado por el poder político es no saber cómo funciona la Justicia de ese país o proyectar hacia Estados Unidos las mismas relaciones que pretende mantener el poder político con la Justicia argentina. Como ejemplo de lo que digo, basta recordar que fue un fiscal como el de Miami el que estuvo a punto de liquidar a Bill Clinton por haber sido sorprendido manteniendo amores a la hora de la siesta con una pasante de la Casa Blanca.

Por lo tanto, creo que no es descabellado pensar lo obvio, es decir, que la plata venezolana iba destinada a funcionarios argentinos. Todos los indicios así lo señalan y correspondería a la Justicia argentina demostrar lo contrario. O, para ser más precisos, habría sido deseable que la señora Fernández en vez de emprenderla contra el imperialismo, dijera algo muy simple: que ella no recibe plata en negro, y que para probar su inocencia va a poner en actividad todos los atributos de ese poder que tanto le gusta exhibir para dar con los responsables.

Más complicado que hacerse la guapa con los yanquis es enfrentar las extorsiones de los caciques sindicales. Un personaje como Moyano puede permitirse con el gobierno nacional ensayar desplantes que ningún líder opositor se hubiera atrevido a pocas horas de asumir el poder y ninguna usina imperialista habría imaginado.

Moyano no es un funcionario yanqui y su identidad política no remite al Partido Liberal de Noruega, sino al muy criollo peronismo local. Sus declaraciones se acercan más a las amenazas de un rufián que a los reclamos de un líder sindical. Sus arrebatos verbales dan cuenta de la catadura moral de un burócrata que maneja al gremio como si fuera un feudo con príncipe heredero incluido.

Estamos hablando del principal aliado gremial del gobierno, un burócrata que siempre se ha jactado de hablar sin pelos en la lengua, aunque curiosamente de lo que debería hablar, de lo que realmente importaría que hable no lo ha hecho, salvo que alguien conozca alguna declaración de Moyano acerca del asesinato de su tesorero, más parecido a un ajuste de cuenta mafioso que a un episodio policial como se lo pretende presentar.