Más allá de las sospechas sobre las motivaciones de EE.UU. en el nuevo capítulo del caso del "valijero" venezolano, el gobierno argentino haría bien en explicar qué hizo antes puertas adentro
Firme, dirán algunos. Destemplada, dirán otros. En ningún caso, la reacción de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que trató de "operación basura" a las revelaciones difundidas desde Estados Unidos tras la detención, por parte de la justicia norteamericana, de tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo acusados de "conspirar" para ocultar el origen y el destino de los casi 800.000 dólares que en agosto pasado ingresó a la Argentina el ciudadano venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson, deja espacio para la indiferencia.
Puesta a elegir entre permitirse un margen de duda acerca de qué se trató el "episodio Antonini" o -en un solo acto- mostrarle los dientes a Washington y reafirmar la relación con el gobierno de Hugo Chávez, la presidenta se embanderó con la segunda opción, echando por tierra con cualquier expectativa inmediata de relación "amigable" con Estados Unidos, pese a la tersura que pusieron en sus declaraciones los funcionarios norteamericanos. Buscan presionarme, completó Cristina, invocando incluso su condición de mujer.
Más fríos, los funcionarios de Estados Unidos, desde el vocero del Departamento de Estado hasta el embajador de ese país en la Argentina, Earl Anthony Wayne, salieron a "aclarar" que se trata simplemente de un "caso judicial". Wayne incluso precisó que no fue un fiscal (esto es, un funcionario de la Justicia) de Estados Unidos quien dijo que el dinero era para la campaña de Cristina, sino que simplemente relató que eso fue lo que afirmó uno de los acusados.
Pero más que repasar la secuencia investigativa-judicial que se desenvolvió en Estados Unidos, la pregunta válida puertas adentro, más allá de la cuasi-certeza de que el gobierno de Bush disfrute un episodio que hiere a Chávez y a los Kirchner al mismo tiempo, es qué había hecho (mejor dicho, qué no había hecho) antes el gobierno argentino, por entonces presidido por Néstor Kirchner.
La puerta de entrada
Fue la propia Argentina la que le dio a la justicia norteamericana una puerta de entrada al planeta Antonini con su moroso pedido de extradición, luego que el misterioso venezolano-norteamericano entrara con su valija cargada de dólares en un horario y un lugar por el que no suelen entrar los viajeros comunes, en un avión fletado por una empresa pública.
En los últimos días, fue patético escuchar a los voceros del kirchnerismo reeditar en diciembre los argumentos de agosto: que fueron la seguridad aeroportuaria y la Aduana argentinas las que interceptaron a Antonini, olvidando que fue también el gobierno argentino el que no atinó a iniciar una investigación por presunto lavado de dinero (presunción que tenía abundantes elementos a favor) y dejó ir alegremente al misterioso hombre de la valija como un simple infractor aduanero, que ni siquiera reclama la parte que puede llevarse, y luego se tomó un mes para completar el pedido de extradición.
¿Antonini era un doble agente desde el inicio? ¿O era un agente venezolano que, presionado por el FBI y la justicia norteamericana se pasó al enemigo de la república bolivariana? Alguna de esas preguntas ni siquiera se habría planteado, y otras tal vez ya tendrían respuesta, si en agosto Antonini hubiera sido detenido en la Argentina, como debió hacerlo sido. Todo indica que el gobierno de Kirchner lo prefería bien lejos.
Los dos meses y medio que demoraron el FBI y la justicia norteamericana en hacer su investigación (o en completar su maniobra de inteligencia, según sugirió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández) y decidir -aparentemente- proteger a Antonini, son una exhibición de efectividad comparado con los tiempos que exhibió su contraparte argentina, aunque nada de esto exima la posibilidad de intenciones aviesas en algunos sectores de Estados Unidos.
Los vaticanos tiempos de la Justicia argentina hicieron coincidir, además, la recidiva del episodio valijero con la primera sesión indagatoria a la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, por la investigación judicial en torno de su bolso cargado de dólares y pesos termosellados en el baño del ministerio. Aparentemente, cinco meses no le han alcanzado a Miceli para encontrar una explicación verosímil acerca del origen de ese dinero, de por qué estaba ahí y a qué estaba destinado.
El desafío sindical
La desafortunada coincidencia de nuevos capítulos de dos de los episodios que más ensombrecieron el final de la gestión Kirchner (y por ende, que amenazaron la campaña de Cristina) fue apenas posterior a la sugestiva advertencia del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, de que si la nueva presidenta no acompaña sus reclamos, él y los suyos están dispuestos a pasarse "a la vereda de enfrente".
¿Qué ocurrió para que Moyano diga algo semejante? ¿Miedo a que las directrices de Cristina para moderar la presión inflacionaria limiten los reclamos salariales de los gremios en general, y de los gremios afines al líder de los camioneros en particular? ¿O miedo de quedar a la intemperie de los favores oficiales en la puja por la conducción del sindicalismo que marcará el año 2008?
Desde el mismo inicio del gobierno de Néstor Kirchner, Moyano sacó ventaja de los favores oficiales, como la creación del "Régimen de fomento de profesionalización del Transporte de Cargas" (Refop), una graciosa resolución de 2003 que le dio al gremio de origen de Moyano acceso a una formidable caja para "profesionalizar" a los conductores y una poderosa llave de control sobre las empresas de transporte de cargas, que para acceder a los subsidios del sistema (que básicamente consiste en la devolución de las cargas patronales, esto es, a los efectos patronales convierte en "no remunerativo" el salario pagado a los camioneros) deben estar al día con el convenio del sector.
Con menos de 80.000 afiliados el gremio de Moyano está lejos de ser uno de los más representativos del universo laboral argentino. Lo que cuenta es el poder de bloqueo de más de 320.000 camiones. La novedad de las últimas semanas es la decisión de otros capitostes sindicales de disputarle a Moyano el poder sindical, de ser necesario incluso en la calle. No bromeaba Moyano con eso de que su ausencia de la Plaza de Mayo el día de la asunción de Cristina fue para evitar "provocaciones".
Guillermo Ledesma
El ex camarista federal Guillermo Ledesma reveló que él fue el argentino que estuvo en una reunión con el venezolano Guido Antonini Wilson en Miami junto a otras personas, y que lo hizo en calidad de abogado especialista en derecho penal para asesorar al principal acusado en el caso del transporte ilegal de 800.000 dólares detectado en el aeroparque Jorge Newbery.
Ledesma, quien integró el Tribunal que juzgó a las Junta Militares en 1985 y fue abogado del empresario Alfredo Yabrán en la causa por el asesinato de José Luis Cabezas, expresó que durante el encuentro nos se habló del destino que tenían los fondos.
Sergio Serrichio (CMI)
