La relación entre la provincia de Santa Fe y el Estado nacional debe incluir, como uno de los puntos centrales de su agenda de 2008, una discusión que las gestiones locales anteriores no han sabido plantear, o no han tenido la fortaleza política que las animara a hacerlo.
Se trata de la compensación de deudas y acreencias, que -como mínimo- pone a los santafesinos en condiciones de exigir a la administración central el pago de 250 millones de pesos.
Santa Fe es acreedora del Estado nacional, pero hasta aquí ha logrado que se le reconozca apenas una parte -muy menor- de lo reclamado. Es que además de la cifra antes mencionada queda por obtener la admisión nacional por otros 700 millones de pesos, según han confesado legisladores que hoy se encuentran en las filas de la oposición y pertenecen al partido que ha gobernado hasta el 11 de diciembre último.
En la primera cuenta -la que la Nación dice que va a pagar pero aún no ha honrado-, pesan sobre todo 220 millones de pesos que provienen del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Las autoridades nacionales se comprometieron a soportar este déficit, pero en 2006 y 2007 éste se ha cargado sobre el Tesoro provincial.
Una forma de proceder inequitativa perjudica a Santa Fe: otras provincias, con una situación financiera deficitaria, sí han recibido este auxilio para que pudieran pagar las jubilaciones provinciales. Como aquí, en cambio, hay un meritorio superávit, el premio nacional es exiguo: apenas reconoce su deuda, aunque deja su pago para más adelante.
Lo peor es que resta aún otro rubro, en el que la Nación también sigue en rojo con Santa Fe, que procede de la vulnerabilidad institucional de la Argentina.
El ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, por segundo período senador por el departamento La Capital, ha dicho en el debate de la Ley de Presupuesto que la Nación adeuda a los santafesinos "una montaña de dinero que no está entre los reclamos que, creo, en algún momento, la provincia tendrá que hacer".
Santa Fe, como Santa Cruz, San Luis y La Pampa, no se declaró en default en la crisis de 2001-2002 y por lo tanto este grupo de Estados provinciales no le transfirió a la Nación la refinanciación de deudas con el exterior. Por esa razón los fondos coparticipables no fueron recortados, pero tampoco se han actualizado desde entonces: se liquidan a históricos valores de 180 millones de pesos, no en razón del 13 % correspondiente sobre el total de los impuestos coparticipables.
En un país que ha elegido el régimen federal de gobierno, que cuenta con leyes que establecen los principios para la distribución de los recursos nacionales y que dispone del funcionamiento del Congreso, en el que su Cámara de Senadores asume la representación territorial, es cuanto menos una muestra de debilidad institucional que subsista esta injusticia.
Y son los legisladores electos en las provincias, incluida Santa Fe, los que han convalidado un modelo de gestión en el que se delegan facultades del Legislativo al Ejecutivo y se prorrogan sin límite las leyes de emergencia.
