Como generan muchos gastos ya que, por ejemplo, requieren la contratación de adicionales policiales, el Ejecutivo ya inició las tareas para convocar a subasta pública. El mecanismo, que se efectuará por vía administrativa gracias a una modificación introducida en el 2005 a la normativa local, está contemplado en la ordenanza 10.748 y la ley 11.856.
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