La propuesta en carpeta del gobierno frentista demanda un cambio cultural hacia dentro del Estado y respecto de cómo hacer frente a la insatisfacción social. Relevamiento casa por casa y la consulta a los actores sociales de barrios elegidos.
Las encuestas pre y pos electorales y la crónica diaria revelan con una claridad meridiana, que la mayor preocupación de los argentinos y, de los santafesinos en particular, es la inseguridad. Y dentro de ella, los modos violentos con que se llevan a cabo los delitos. A la transgresión en el campo penal, se suma la maldad con que se ejecutan los actos, en su mayoría llevados adelante por gente joven, sin expectativas de cambios en su vida. A veces también influenciada por la droga.
Esta gravísima problemática, abreva su origen en una gama variada de causas que se fue profundizando en el tiempo, por esto mismo, es de compleja resolución. La reversión de los motivos que han dado lugar al escenario de inseguridad que nos acompaña día a día, demanda esfuerzos interdisciplinarios y plazos largos.
La experiencia nos ha llevado a concluir como una equivocación, esperar que en nuestra época, las soluciones provengan sólo del accionar policial por más tecnologías que a éste se le incorporen.
Mientras ésta es la lógica del pensamiento para nuestra época, la sucesión de hechos delictivos que mantiene en vilo a la población, obliga a apresurar la determinación de acciones y medidas que lleven al gobierno a controlar la situación.
En el plano gubernamental
El diagnóstico lo tenemos todos; también el gobierno de Hermes Binner. Internamente, el gabinete social de la provincia, integrado por los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Cultura -que se encuentra coordinado por la cartera de Gobierno y Reforma del Estado a cargo del doctor Antonio Bonfatti-, tiene en tratamiento una iniciativa de alto valor social, ligada directamente a procurar resolver la conflictividad y/o inseguridad de algunos lugares del territorio provincial.
Como primera experiencia, se explica, el Estado -entendido como la globalidad de las acciones de la provincia y del municipio que corresponda- abordará la situación en tres ciudades: Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Y dentro de ellas, se tiene como intención comenzar por algunos barrios en calidad de testigos, con un trabajo que encierra como característica un cambio metodológico interno en la esfera oficial y en relación con la comunidad.
La metodología que se empleará comprende dos niveles: por un lado, en cada uno de los barrios elegidos, se tomará contacto con todos los actores sociales y estatales que actúen en ellos: directores de escuelas, jefes policiales, responsables de centros de salud, referentes sociales de distinto tipo, para conocer de parte de ellos cuáles son las carencias de la jurisdicción.
Esta gama de demandas insatisfechas va desde los servicios básicos hasta el transporte; las condiciones educativas o de atención de la salud o de otras dificultades y/o flagelos que emerjan del tejido social. Es el caso, por ejemplo, de zonas en los que va ganando terreno el consumo de droga. En otras palabras conocer la situación del lugar elegido interdisciplinariamente.
Casa por casa
La otra fase de la experiencia es el trabajo de relevamiento casa por casa, que concretará un equipo de personas provenientes de los ministerios que integran el gabinete social y el municipio.
El propósito es conocer cuál es el perfil de población que lo caracteriza y sus principales requerimientos. Luego habrá un acompañamiento desde el Estado a esas familias. Para este trabajo se capacitará personal intensivamente en forma previa. Toda la información recogida será de utilización tanto del gabinete social como para el municipio que actuarán juntos.
Un vocero de la Casa Gris confiaba que será muy importante para algunos barrios generar acciones que les permita recuperar, por ejemplo, su sentido de pertenencia, su identidad original.
Ese mismo vocero sostuvo que "no habrá un cambio en los niveles de seguridad sino va acompañado de la concurrencia muy fuerte de políticas sociales. La presencia de la policía muchas veces resulta aleatoria", indicó "porque lo que debemos resolver es un problema cultural".
La matriz de esta iniciativa es, entonces, un abordaje interdisciplinario -provincia y municipio- porque "el Estado es uno solo" y el cruzamiento de los datos, para que a partir de éstos, se definan acciones concretas, evitando que se interpongan unas con otras. Primará la planificación.
Se descuenta que paralelamente, por la vía del Ministerio de Seguridad, se tomarán las disposiciones pertinentes respecto de la capacitación y reordenamiento de las fuerzas de seguridad. Pero, el núcleo de la propuesta del gobierno frentista pasa por profundizar las políticas en materia de educación, salud, cultura, trabajo y desarrollo social para devolver la dignidad y las expectativas de futuro a los segmentos de la población que más lo necesitan.
El gabinete social de la provincia y funcionarios de la intendencia santafesina llevan concretada varias reuniones con el propósito descripto y se estima que a principios de febrero se comenzará la capacitación de quienes estén a cargo del relevamiento de familias.
"No se puede esperar que la situación de inseguridad cambie en el corto plazo porque responde a motivos que debemos resolver", marcó el vocero. "Es necesaria la cooperación de la comunidad y en este orden de ideas, estamos viendo cómo incorporar al trabajo a las organizaciones no gubernamentales".
Teresa Pandolfo
