La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, informó anoche que solicitará ante la Justicia la efectiva detención del ex ministro del Interior de la dictadura, general Albano Harguindeguy, en una cárcel común.
La Secretaría señaló en un comunicado que pedirá esa medida teniendo en cuenta que es querellante en tres causas contra Harguindeguy: por secuestro extorsivo, por el golpe de Estado de 1976 y por el Plan Cóndor.
La decisión se adoptó luego de una denuncia presentada por un particular ante la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que aseguró que Harguindeguy fue visto veraneando en Pinamar a pesar que tiene prisión domiciliaria.
Sobre esta cuestión, fuentes del ministerio de Defensa y de la Justicia Federal explicaron a Télam que si bien Harguindeguy estuvo preso durante un tiempo, por la causa del Plan Condor, fue excarcelado el año pasado.
Fuentes de la subsecretaría provincial informaron a Télam que la denuncia fue realizada por un particular de Pinamar, quien sostuvo que a Harguindeguy se lo vio en el Balneario El Pájaro.
Tras recibir la denuncia, las autoridades de la subsecretaría de Derechos Humanos informaron del caso a los jueces que tienen a su cargo las causas contra el ex ministro, para que verifiquen si violó o no el arresto domiciliario.
Por el Plan Cóndor, en noviembre de 2007, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a diecisiete represores de la última dictadura militar, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla.
La nómina de represores se completa con Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros.
A todos ellos -procesados en una medida confirmada por la Cámara Federal- se les imputan delitos de "lesa humanidad" cometidos en el marco del denominado Plan Cóndor, como se conoció al acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.
Sin embargo, durante la etapa instructora, la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación de todos los procesados detenidos a excepción de Videla, quien "nunca solicitó la concesión de tal beneficio", aunque muchos de ellos siguen detenidos por otras causas.
En esta causa se investiga la "concertación de un acuerdo criminal", como se calificó a los procedimientos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay; para la "comisión de ilícitos, entre ellos la desaparición forzada de personas" opositoras a esos regímenes.
En el marco de la pesquisa se investigan las privaciones ilegítimas de la libertad de más de setenta víctimas, entre ellas María Claudia Irureta Goyena de Gelman, nuera del escritor Juan Gelman, desaparecida en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976.
