Antes del 2003, tres de cada diez jubilados cobraba el haber mínimo; ahora, tres de cada cuatro. Aunque el aumento acumulado en la jubilación -al que se habrá llegado en julio- parezca impresionante, la verdad es que el gobierno sigue sin dar respuesta al principio de "movilidad" de los haberes jubilatorios, un pedido que la Corte Suprema ya le formuló dos veces y al que le dio "diente" con el fallo del llamado Caso Badaro.

Es cierto que, como enfatizó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el aumento entre los 150 pesos de la jubilación mínima de 2003 y los 690 pesos que alcanzará en julio es de 360 por ciento; pero también lo es que antes de la gestión Kirchner, poco más de 30 por ciento cobraba el mínimo, mientras que ahora la proporción se acerca al 75 por ciento.

Ese hecho explica por qué la jubilación media del sistema, de 730 pesos, esté tan cerca de su propio piso. Es políticamente posible defender la decisión oficial de privilegiar a los jubilados que menos tienen, pero eso no significa que, de conjunto, se trate de una política "generosa".

La Anses se ha transformado en uno de los grandes prestamistas del Estado argentino. Más de 60 meses de crecimiento económico ininterrumpido han llevado a que la agencia tenga cerca de 20.000 millones de pesos invertidos en distintos activos, fundamentalmente bonos del Estado.

El costo fiscal de la medida de ayer luce alto o escaso, según como se lo mire. Si se tiene en cuenta que en 2007 el superávit financiero del Estado argentino (esto es, después del pago de intereses de deuda) fue de 7.200 millones de pesos, la cuenta de los aumentos anunciados ayer (cercana a los 5.000 millones anuales) luce salada. Pero si se lo compara con las cuentas de la Anses, luce amarreta, ya que a partir de la reforma previsional el sistema luce (y lo seguirá haciendo por unos años) bastante excedentario.

De todos modos, habrá que ver en qué medida la confirmación de que también el gobierno de Cristina Kirchner parece decidido a ignorar los llamamientos de la Corte a favor de la movilidad y administrar a puro decreto cuándo y cuánto reciben aumentos los jubilados, favorece la vía litigiosa.

El antecedente del Caso Badaro, en que el máximo Tribunal mandó un aumento de casi 90 por ciento a un jubilado que, porque ganaba más de 1.000 pesos, no había sido alcanzado por la generosidad K, llevará a varios miles (tal vez, decenas de miles) de jubilados más a demandar al estado, a sabiendas que llevan las de ganar. Esa cuenta puede tardar años en llegar, pero llegará.