La ETA volvió a matar. Esta vez la víctima fue un ex concejal socialista, un trabajador que vivía en un barrio obrero y que se había retirado de la política. Los criminales lo asesinaron delante de su esposa y sus hijas. La sociedad española, incluidos los principales dirigentes de las provincias vascas, repudiaron el hecho.
El asesinato de Isaías Carrasco se perpetró a pocas horas de las elecciones de la fecha. Los principales candidatos, Rajoy y Rodríguez Zapatero, suspendieron los actos de clausura de la campaña electoral y expresaron su voluntad conjunta de luchar contra el terrorismo vasco. El dato es importante porque los dirigentes del Partido Popular le reprochan al socialismo no ser lo suficientemente firme con la ETA.
Ésta es la segunda vez que al filo de las elecciones el terrorismo interviene con su cuota de muerte. Como se recordará, en 2004 fundamentalistas islámicos provocaron en la estación de trenes de Atocha una explosión que causó más de 190 muertos y muchos heridos.
Para los observadores políticos, lo sucedido en esa oportunidad modificó las tendencias electorales de la sociedad. Si hasta antes de estallar las bombas las encuestas lo daban como ganador al PP, luego de la tragedia, y atendiendo a las torpezas cometidas por el gobierno conservador -que responsabilizó a la ETA por lo sucedido-, el electorado se volcó a favor de Zapatero.
Habría que preguntarse si lo sucedido ahora en la ciudad vasca de Arrasate influirá en la conducta que hoy adopte del electorado. Por lo pronto, la condena al crimen fue unánime y da la impresión de que no hay margen para especulaciones políticas indebidas. Es más, las imputaciones que los conservadores le hacían al socialismo con relación a una supuesta tolerancia o debilidad para enfrentarlos, han quedado disipadas.
Más allá de los cálculos electorales y del fragor de las campañas políticas, a nadie escapa que la lucha contra el terrorismo vasco es una tarea de todos los españoles. No hay motivos valederos para imputar a los actores políticos de la democracia española alguna supuesta convivencia con la ETA. Los pasos dados por Zapatero en ese sentido no pueden confundirse con la complicidad.
En todo caso, lo que preocupaba a los dirigentes socialistas era el camino a recorrer para aislar a la ETA de corrientes políticas vascas que reivindican consignas nacionalistas, pero que no tienen nada que ver con el terrorismo. No deja de ser irónico, por otra parte, que el Psoe esté acusado de haber sido condescendiente con los terroristas, cuando la causa judicial más importante que pesa contra Felipe González es justamente la de haber presuntamente promovido iniciativas de represión ilegal contra la banda extremista.
Puede que hace dos o tres décadas los políticos democráticos hayan creído que la ETA era una fuerza política liberadora. La dictadura franquista alentó por parte de los políticos democráticos esta ilusión respecto del terrorismo vasco. El asesinato de Carrero Blanco, en su momento, contó con la adhesión, más tácita que expresa, de la mayoría del espectro opositor. Hoy aquellas ilusiones se han esfumado y la lucha contra el terrorismo vasco en España es una causa nacional.
