María Estela Martínez es requerida por la Justicia argentina por la firma de decretos que habrían disparado la represión y por su responsabilidad en los crímenes de la Triple A. Ella pide quedarse en España.
CMI/De la Redacción de El Litoral
Con el argumento de que posee ciudadanía española, un delicado estado de salud y edad avanzada, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón rechazó ante la Audiencia Nacional de España los pedidos de extradición planteados por la Justicia argentina por su presunta responsabilidad en los delitos cometidos por la Triple A en el período durante el que le correspondió ejercer la primera magistratura.
Isabelita compareció ayer en la audiencia citada para que la fiscalía y la defensa expusieran sus argumentos a favor y en contra de la extradición solicitada por los jueces argentinos Héctor Acosta y Norberto Oyarbide, quienes tramitan causas en su contra.
Ahora, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de ese tribunal español, presidida por el juez Fernando García Nicolás, deberá resolver en un plazo de siete días si concede o no la extradición de Isabelita a la Argentina, aunque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros español.
La ex presidenta acudió al tribunal madrileño acompañada por su abogado, Antino Hierro Echeverría, quien con anterioridad había esgrimido la doble ciudadanía de su defendida para rechazar la intención de la Justicia argentina de someterla a la jurisdicción local.
Dos pedidos
Su situación legal comenzó a complicarse hace un año, cuando el juez mendocino Acosta decidió indagarla en el marco de la causa por la que investiga la desaparición de Héctor Fagetti Gallego, y la privación ilegal de la libertad de Jorge Verón, antes de que se produjera el golpe militar, para lo cual necesitó formular el correspondiente pedido de extradición.
Acosta, quien fue el autor de la orden de captura internacional que permitió la detención de la mujer en enero de 2007, explicó ayer que encuentra a Isabelita responsable de haber ejecutado los decretos 2770/71/72 de octubre de 1975, a través de los cuales ordenó la "aniquilación de la subversión".
"Esos decretos dieron lugar a directivas del Consejo de Defensa que se refirieron a aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas, y esos elementos constitutivos eran seres humanos. Por eso los decretos eran ilegítimos, ya que no hablaban de poner a esas personas a disposición de la Justicia", agregó.
En cuanto al juez Oyarbide, la causa por la que solicitó la comparecencia de la viuda de Perón está relacionada con la participación que podría haber tenido la mujer en los delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Para este magistrado, Isabelita, en su calidad de presidenta de la Nación, legitimó el accionar de este grupo paramilitar, dirigido y financiado por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega.
Aunque en un principio Martínez gozó del beneficio de la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de las afueras de Madrid, la Justicia española le concedió la libertad provisional con la obligación de comparecer cada 15 días a certificar su permanencia en la ciudad.
El vínculo con la triple A
La principal estrategia argumentativa de María Estela Martínez de Perón ante los datos que la vinculan con la organización terrorista comandada por su ex ministro de Bienestar Social, el "Brujo" José López Rega -hombre de su más estrecha confianza y antes secretario privado de Juan Domingo Perón- es decir que no recuerda nada de aquellos años.
En un artículo firmado por Alberto Amato hoy en Clarín, se recuerda que, según admitió Antonio Cafiero, tanto Perón como Isabel conocían la existencia y propósitos de la triple A. Y se cita un episodio en Olivos, donde ante la pareja presidencial se proyectaron diapositivas de quienes luego serían asesinados por la organización. Un ex funcionario de la presidencia, Gustavo Caraballo, confirmó esa reunión y las diapositivas, aunque negó que las fotos tendieran a identificar a quienes serían asesinados. "Eran funcionarios del gobierno supuestamente marxistas, para determinar su alejamiento, si el presidente compartía los argumentos. En la lista estaba Troxler", sostuvo. Julio Troxler fue asesinado por la Triple A en setiembre de 1974.
Según el mismo artículo, uno de los ministros de Isabel, Antonio J. Benítez, anticipó a varios conocidos las intenciones para con ellos. Y se menciona a Troxler, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde y el mayor Bernardo Alberte, ex delegado de Perón, que fue asesinado en la madrugada del 24 de marzo de 1976 por tropas del Ejército.
"El día del asesinato del cura Mugica, al llevarle el despacho de prensa (al presidente Perón), le comenté el tema, pero no mereció atención alguna. Luego llegó López Rega y me dijo que no me ocupara de eso porque no era de mi incumbencia", agregó Caraballo.
Causas
Los pedidos de extradición obedecen a sendas causas, en las cuales se investiga a la ex presidenta por haber firmado dos decretos que ordenaban "aniquilar la subversión", y también por su responsabilidad en los crímenes de la triple A. Los argumentos para rechazar que sea juzgada en Argentina son que tiene ciudadanía española, edad avanzada y problemas de salud.