Opinión: OPIN-05 La inseguridad vial y el transporte de pasajeros
 Es necesario seguir trabajando para disminuir los problemas surgidos de la organización y prestación del transporte público y las crecientes cifras de accidentes vehiculares. Foto: Archivo El Litoral

En la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica, nos venimos ocupando del problema de la inseguridad vial desde hace ya más de una larga década.

Se trata de un problema complejo que requiere un abordaje desde múltiples aspectos, culturales, estructurales, técnicos, normativos, educativos, etc.

Trabajamos entre otros temas, en el desarrollo y auditoría de un sistema de talleres de revisión técnica de vehículos de transporte público de carga y pasajeros, e instalamos laboratorios de calidad acreditada para certificar la exactitud de las mediciones del equipamiento utilizado.

Invertimos en la formación de cuadros profesionales especializándolos a nivel internacional, adquirimos herramientas informáticas de última generación, así como equipamiento sofisticado y creamos grupos de investigación y desarrollo específicos como el Grupo de Investigación en Seguridad Vial (Gisav).

Respondimos a requerimientos de colaboración desde distintas jurisdicciones dentro y fuera de la provincia de Santa Fe, trabajamos en un programa destinado a asegurar la confiabilidad del otorgamiento de las licencias de conducir, efectuamos estudios del sistema de transporte público de pasajeros, etc.

Desde entonces la seguridad vial ha empeorado notoriamente, alcanzando niveles alarmantes por sus consecuencias en vidas humanas y en costos económicos, lo que asumimos como un fracaso que nos lleva a reflexionar sobre sus causas.

Advertimos un reconocimiento de la capacidad y experiencia adquirida, a juzgar por la convocatoria desde distintos ámbitos para aportar a la solución de estos problemas.

A su vez, esto nos permite ver la necesidad de continuar trabajando para mejorar nuestra articulación con un escenario cuya integración física, urbana y política, posee particularidades complejas.

Santa Fe no está rodeada de un gran descampado. Sus límites como ciudad se relacionan con un entramado poblacional con el que tiene muy fuertes vinculaciones, y con el que debe acordar sobre prácticamente todos los problemas importantes. Disposición de residuos, infraestructura física, ocupación del territorio, planificación urbana, servicios públicos, son algunos ejemplos.

Hoy en particular, asistimos a una discusión sobre cómo debe ser el transporte público, y cuál debe ser el precio del boleto. Ninguna de las jurisdicciones que rodean a Santa Fe, incluyéndola, tiene ni la potestad ni la capacidad de establecer por sí sola, sin interferencias de sus vecinos, recorridos, precios, y demás condiciones a cumplir para la prestación de este servicio. Es más, legalmente es imprescindible acordar también con la respectiva autoridad provincial.

Sabemos que el crecimiento del parque vehicular más allá de la capacidad de la infraestructura vial para absorberlo es, junto a la manifiesta irresponsabilidad de los conductores, una de las principales causas de la inseguridad. Y también que tal crecimiento está fuera del control de las autoridades regionales.

En cambio es posible, desalentar del uso de automóviles particulares en zonas críticas, y unirlo a la prestación de un servicio de transporte público satisfactorio en precio y calidad, lo que resulta imprescindible para mejorar la situación.

Como Facultad, creemos oportuno establecer y plantear los criterios con los que se debe tratar esta cuestión. No vemos hoy posible que las autoridades municipales presten por su cuenta el servicio. Parece mejor no imaginarse las discusiones salariales y gremiales de los choferes de UTA transferidos a los cuadros municipales.

Partimos entonces de la hipótesis de que la solución pasa por concesiones del servicio a empresas privadas con fines de lucro, conviviendo con los requerimientos que corresponden a un servicio público. Este, como ya dijimos, debe reunir las condiciones de calidad en términos de recorridos, frecuencias, estado de los vehículos, seguridad y trato a los usuarios.

El costo unitario resultará de dividir el costo total por la cantidad de usuarios, o lo que llamamos corte de boletos, a lo que hay que agregar un razonable beneficio de la empresa prestadora. Si del cálculo resulta un precio superior al que los usuarios pueden o están dispuestos a pagar, es imprescindible evitar el conocido círculo vicioso de aumento de precio, menor cantidad de pasajeros, peor calidad, y así hasta el infinito.

Por lo tanto, alguien tiene que hacerse cargo de la diferencia. O encontramos empresarios optimistas, confiados en el futuro y dispuestos a invertir en el sistema hasta recuperar a los pasajeros, o el Estado debe cubrir el déficit mediante subsidios que terminaremos pagando entre todos. Usuarios o no.

Para esto resulta fundamental contar con información cierta de todas las variables, corte de boletos incluida. La tecnología disponible actualmente permite controlar no sólo esta información sino toda la que hace al funcionamiento del sistema, trayectorias, velocidades, frecuencias, tiempo de paradas, más las descriptivas del tránsito en general y que hacen a la seguridad vial.

La Facultad está instalando y poniendo en marcha el Observatorio Tecnológico de Seguridad Vial, lo que permitirá poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales la información que requieran para ejercer sus responsabilidades, y realizar además un monitoreo que permita detectar y corregir intersecciones problemáticas y situaciones críticas, proyectar inversiones en infraestructura, y mejorar continuamente la seguridad.

Por Ricardo Scholtus (*)

(*) Decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional.