Mientras que la Justicia Federal investiga si hubo inacción u omisiones de funcionarios públicos en los incendios de pastizales en Buenos Aires y Entre Ríos, el gobierno nacional denunció penalmente a propietarios y arrendatarios de tierras incendiadas para que se los investigue como posibles autores de la catástrofe ambiental.
La medida provocó la reacción de productores rurales que entendieron que ésta es una nueva embestida del gobierno en su contra y la relacionaron con las negociaciones que mantienen ambas partes tras el paro agropecuario.
Ayer, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, se presentaron ante el fiscal de Investigaciones Ambientales, Ramiro González, con un escrito en el que piden que se investigue a los posibles autores del delito de estrago culposo, una figura que se castiga con penas que van de un mes a cinco años de prisión. Para ello, presentaron ante la Justicia una nómina con nombres de esos propietarios, la que no fue dada a conocer en forma oficial a la prensa.
Según trascendió, esa lista se realizó superponiendo las plantillas catastrales sobre las imágenes satelitales que muestran la ubicación de los focos ígneos. Contiene un listado de 71 propietarios particulares, arrendatarios y empresas cuyos campos en el Delta del Paraná se están incendiando.
Incluye 24 nombres correspondientes a tierras en Entre Ríos y otros 47 de la provincia de Buenos Aires. En un principio, fuentes del gobierno habían hablado de un listado con 160 nombres.
En esas listas estaría, entre otros, Horacio Durrels, intendente de Ibicuy (Entre Ríos), con tierras en Buenos Aires. También figuraría Felix Massun, propietario de un campo en Isla Talavera, que ayer aseguró a la prensa: "No tengo un solo foco de incendio, mi campo está tan verde como una cancha de golf".