Para el presidente de la Asociación de Magistrados, el gobierno presiona indirectamente a los jueces, que ponen en riesgo sus cargos. Polémica por un nuevo proyecto de reforma al mecanismo de selección.
De la Redacción de El Litoral
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, aseguró que "hoy no están dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad", ya que los jueces no cuentan con las debidas garantías de que no perderán su puesto por eso.
Recondo no sólo encabeza una de las agrupaciones de jueces más importantes del país, sino que cuenta con reconocida trayectoria como camarista civil y comercial y también fue subsecretario de Justicia entre 1986 y 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1987, tuvo a su cargo la comisión de extradición de Guillermo Suárez Mason y en la sublevación de Semana Santa de Aldo Rico, lo denunció y fue a notificarlo personalmente de la orden judicial para que depusiera su actitud.
Desde esa posición, sostiene que el gobierno "presiona indirectamente" a los jueces, "a través del Consejo (de la Magistratura) o cuando el presidente de la República los ataca por un fallo que no le agrada". Consignó que "hay un manejo discrecional" en la aceptación de renuncias o sometimiento a juicio político de los magistrados y que el récord de dimisiones registrado durante la era Kirchner responde a que los jueces "se cansan de la presión, la persecución, las arbitrariedades, de ser atacados y de percibir una remuneración cuatro veces menor que la que tendrían ejerciendo la profesión".
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Polémica por la selección
En declaraciones publicadas hoy por el diario La Nación, Recondo cargó contra la propuesta de reforma al mecanismo de selección que, en el Consejo de la Magistratura, impulsa la diputada kirchnerista Diana Conti. Básicamente, el mismo consiste en que las pruebas de oposición dejen de ser anónimas, que el temario se conozca previamente y que exista una instancia de "precalificación".
Para el presidente de la Asociación de Magistrados, la iniciativa se inscribe en la intención de "sojuzgar el Poder Judicial", junto a otras reformas previas que tienden a permitir "un manejo discrecional por parte de los componentes políticos del Consejo".
"Después de la segunda reforma, se profundiza: el oficialismo hace y deshace según su conveniencia o, lo que es peor, de acuerdo con las instrucciones que recibe del gobierno. Con este nuevo proyecto es peor aún", agregó.
Para Recondo, la eliminación del anonimato "legaliza la discrecionalidad política para nombrar a los jueces que quiere el poder" y con la precalificación "no va a ser un sistema más rápido, sí más arbitrario".
Objeciones técnicas
El presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Candioti -por lo demás, el único representante del sector académico en el cuerpo- compartió los objetivos declarados por Conti para propiciar la reforma, pero formuló objeciones a la propuesta desde un punto de vista técnico.
"Todos coincidimos en la importancia de democratizar el acceso a los cargos judiciales, buscar un nivel técnico de excelencia y, a la vez, un perfil de compromiso con el estado de derecho y una vocación plural democrática que respete los derechos humanos. Ése es el objetivo tanto del mecanismo actual de selección, como de las reformas que se proponen", consignó el jurista a El Litoral.
Pero a partir de allí, Candioti apuntó que existen características propias de los distintos modelos posibles, que si se trasvasan pueden dar lugar a incongruencias. Por caso, la prueba de oposición puede ser escrita -como es actualmente en el Consejo de la Magistratura- u oral -como son los exámenes universitarios o los concursos para acceder a una cátedra-.
"El reglamento actual es coherente para un procedimiento escrito y demanda que los temas a evaluar sean conocidos en el momento de la evaluación. La propuesta de que los temas se conozcan con anterioridad tiene más que ver con la oralidad, con que es necesario conocer el tema para preparar una exposición. Entonces, habría una incongruencia entre el método y el objetivo", sostuvo Candioti.
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Anonimato y precalificación
Lo mismo opina de terminar con el anonimato, una modalidad que tiene más que ver con la oralidad y con el hecho de que quien disputa un cargo lo haga cara a cara con sus examinadores. El consejero admitió que en el actual sistema "puede ser que haya alguna fuga de información", pero que, mejorando las cuestiones técnicas, "es mejor mantener el anonimato, porque garantiza que no haya ninguna influencia subjetiva sobre los jurados, que a veces se produce nada más que por el nombre del postulante. Creo que sostener el anonimato hace más igualitario y democrático al procedimiento".
En cuanto a la instancia de precalificación, en la que se evalúa si todos los inscriptos están en condiciones de pasar a la siguiente etapa -y, por consiguiente, se descarta a quienes se considera que no lo están-, consignó que ya existió anteriormente y planteó serias dificultades para definir cuál es el criterio para el "filtrado", aun cuando éste sea objetivo. "A esto, lo dejaron sin efecto porque el procedimiento se alargaba más, que es lo que pasa por lo menos si uno lo hace con normas para evitar la arbitrariedad", lo cual no sería compatible con la celeridad que se invoca para impulsar los cambios.
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Buscar equilibrios
Candioti también propició que para la instancia de la entrevista los criterios de evaluación tiendan a ser lo más objetivos que sea posible, tratando de equiparar en la consideración las trayectorias en el Poder Judicial, en el ámbito profesional y en el académico. "Debe haber un mix, donde se compatibilicen las corrientes que apuntan a favorecer a cada uno de estos estamentos".
Por lo demás, y en términos generales, Candioti consideró que "los resultados no son tan malos como para que necesitemos un cambio tan radical", aunque admitió que "es cierto que es necesaria más celeridad".
También defendió el perfil de jueces que se impulsa desde el estamento politico, en la medida en que esto se compatibilice con la aptitud técnica de los magistrados. "Es algo que exige un equilibrio permanente, no es una cosa o la otra. Creo que el mejor aporte que podemos hacer, desde nuestra inferioridad numérica, es trabajar en el campo de las ideas, ayudar a convencer y a que por esa vía se logren los consensos".
"No es arbitrariedad"
La diputada Diana Conti opinó que el actual sistema de selección de jueces "favorece la corruptela", desvirtuando el anonimato "porque el jurado puede conocer la letra del concursante, por alguna marca que se haga en el papel, por distintas situaciones que se han planteado en las impugnaciones".
Consideró que los mayores controles que se piden son "imposibles" y que en ningún caso garantizan que no se pueda trampear. Y también defendió la discrecionalidad, ya que, ejercida en un marco de legalidad, "no tiene nada que ver con la arbitrariedad".
La legisladora negó que el Consejo de la Magistratura esté manejado por el oficialismo y sostuvo que "las alianzas para cada caso se basan en la convicción del tema que se está tratando".
Al preguntársele la razón por la cual los jueces no procesan a funcionarios cuestionados en actividad, Conti dijo a La Nación que "probablemente, porque incluyen en su juicio la dimensión política de sus actos".
Más calidad, menos celeridad
La jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, consideró que el sistema de concursos fijado por el Consejo de la Magistratura para los nombramientos de jueces aporta "más calidad", pero criticó que haya "mucha demora" en cuanto a los pliegos y las impugnaciones.
En declaraciones publicadas hoy en el diario Crítica de la Argentina, la magistrada recordó que "desde el punto de vista de la rapidez, no de la calidad, el sistema constitucional sin Consejo de la Magistratura, hacía que si un día renunciaba un juez, al día siguiente se mandaba un pliego al Congreso y se aprobaba.
"Los concursos tienen más calidad, pero también hay mucha impugnación, mucha demora. Hay una demora natural en el proceso, pero se le agregan eventualmente necesidades políticas", apuntó.