Manifestaron su concordancia con la necesidad de actualizar la ley, pero entregaron un documento en el que reclamaron que no se regulen los contenidos periodísticos. No abordaron los enfrentamientos prensa-gobierno.
En una reunión de clima distendido y donde no se habló de los últimos enfrentamientos del gobierno con la prensa, los directivos de varias entidades periodísticas estuvieron ayer en la Casa Rosada con la presidenta de la Nación para acercarle su postura sobre la futura ley de Radiodifusión. Junto a Cristina Fernández de Kirchner participaron el secretario General de la presidencia, Oscar Parrilli, el secretario de Medios, Enrique Albistur y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto.
Al término del encuentro, el titular de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), Daniel Ripoll, dijo que en la reunión se bajaron los decibeles. "No hay enfrentamientos -afirmó-; estamos para trabajar". En tanto, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (Adepa), Lauro Laíño, sostuvo que fue una reunión "muy interesante, donde todas las entidades involucradas pudieron expresar sus puntos de vista en defensa no sólo de sus intereses, sino también de los intereses de la sociedad. Adepa solicitó una ley flexible", señaló.
La reunión fue parte de la ronda de consultas que se están haciendo a nivel presidencial para avanzar en la formulación de la nueva legislación. La semana pasada expresaron su opinión las dos centrales obreras CGT y CTA, mientras el jefe de Gabinete, Alberto Fernández prometió un amplio debate social sobre los medios.
Además de Adepa y el Cemsi estuvieron presentes la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentina (Arpa), la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Asociación Teledifusoras Argentinas (ATA), entre otras.
En relación a los problemas actuales del gobierno con la prensa, el titular de Adepa explicó que en la reunión se abordaron "los temas positivos, sin nada irritativo para un sector o para otro", y aseguró que "la presidenta mostró amplia disposición a escuchar a las entidades y quedó comprometido que tendremos reuniones de trabajo".
Documento
En la charla, Adepa entregó a la presidenta un documento en el que rechazan la regulación de contenidos, y solicitan integrar los futuros espacios de trabajo para discutir y elaborar propuestas.
"El objetivo principal de Adepa es la defensa de la libertad de prensa y representa la voz institucional de referencia para la protección de la libre expresión en todos los soportes tecnológicos. Su visión sobre los principios de la ley de Radiodifusión es que la misma no se vea reñida con las garantías constitucionales y las tradiciones más profundas de nuestra sociedad en relación al valor estratégico de la libertad de prensa", dice el texto.
Le entidad dejó sentada la coincidencia con la necesidad de actualizar la norma, pero advirtió que debe evitar la regulación de los contenidos periodísticos y debe contemplar la influencia de los avances tecnológicos.
Admitieron que resulta "llamativo" el abordaje de esta cuestión "en el marco de un clima de confrontación con los medios de prensa". Y plantearon que la nueva ley debería respetar "la diversidad que se expresa en los derechos y la inversión de aquellos licenciatarios legales que brindan servicios de radiodifusión a lo largo y ancho del país".
En cuestiones como la propiedad de los medios o la producción de contenidos nacionales, sostuvieron "la necesidad fundamental de que el país resguarde el valor estratégico del capital nacional en las industrias de la cultura en general y los medios de comunicación en particular".
Pidieron un efectivo control de las emisiones irregulares de radio y televisión, y que se hagan efectivas las normas que regulan el acceso a la titularidad y la transferencia de licencias.
Dictadura
El secretario de Medios, Enrique Albistur, recordó en la reunión de ayer que la actual ley de Radiodifusión tiene "más de 28 años y está totalmente desactualizada, en función de los cambios tecnológicos", y recordó que su origen era de los años '80, promulgada por Jorge Rafael Videla. "Es paradójico que la ley vigente para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión sea una ley de la dictadura", agregó el funcionario.
De la redacción de El Litoral/DyN