El Gobierno volvió a cargar contra la cadena de la carne con medidas como la suspensión de exportaciones, aprietes en Liniers y amenazas de aplicar la Ley de Abastecimiento.Su objetivo es que descienda el precio de los cortes al consumidor. Pero la experiencia de ofensivas anteriores muestra que la baja puede ser sólo parcial.
Ignacio Iriarte
Una vez sacados los ruralistas de las rutas, y luego de firmar un "acuerdo" sobre la carne, el Gobierno lanza una ofensiva general, como nunca antes, sobre la cadena de la carne.
Incluye la suspensión de exportaciones, aprietes a operadores de Liniers, feedlots, citaciones judiciales a productores, inspecciones a carnicerías, y amenazas de aplicar la Ley de Abastecimiento.
Hay dos motivos para sabotear todo tipo de negociación, al menos en el tema carnes: el primero, es que el Gobierno considera inadmisible hacer ningún tipo de concesión a un sector que ha desafiado el sistema de poder absoluto de la actual administración, y que ha causado una importante erosión en la imagen de la Presidenta, amén de afectar negativamente muchos índices económicos. Segundo y más importante, ya no pelea por que la inflación no supere el uno por ciento mensual como hace dos años, sino se enfrenta la posibilidad de que la suba de precios supere el dos/tres por ciento mensual.
Lecciones
Ante la inminencia de un desborde inflacionario, se decide concentrar todas las fuerzas en que los precios de la carne vacuna al mostrador retrocedan (10/15 por ciento) a los niveles previos al paro.
Al igual que en abril del 2006, la suspensión total de las exportaciones contribuye muy lentamente a ahogar el mercado; si se agrega la oferta ganadera acumulada durante 20 días de paro, que ahora está saliendo, y el efecto (al menos en el corto plazo) de las amenazas y controles a decenas de operadores, se termina logrando una caída "a lo Pirro" (NdR: se aplica a cualquier éxito cuyo costo es tan elevado que equivale a un fracaso) en el precio de la hacienda.
Pero lo que quiere el Gobierno es que caiga el precio al mostrador y, de acuerdo a la experiencia histórica reciente (2001 y 2006), el valor al público cae sólo la mitad de lo que cae el precio del ganado, y esto después de tres a cuatro meses de iniciado el proceso.
En el corto plazo, y en la medida que el consumidor convalida los nuevos precios de la carne, el carnicero muestra una "conducta capitalista": al recibir la media res que refleja directamente el precio de la hacienda más barata, aumenta su margen de ganancia en la medida que no reduce en el mismo porcentaje el precio de los cortes. Si el público paga esos precios, ¿por qué habría de hacerlo?
Efecto en la cadena
En el mediano plazo, sucede que otros carniceros y supermercados empiezan a bajar el valor al público, para ganar volumen de ventas, la competencia se generaliza y los precios empiezan a bajar. Pero para que esto suceda, y para que la competencia entre minoristas produzca su efecto, tienen que pasar varias semanas o incluso meses.
Se produce un daño enorme, desproporcionado, a productores, frigoríficos y consignatarios, para lograr bajas marginales en el precio al público.
El problema no es que el mercado está desabastecido; el problema es que el Gobierno quiere que los precios de la carne al mostrador bajen inmediatamente. Y eso es muy difícil de lograr, por más presión que se ponga.