Finalmente, ocurrió lo que se esperaba. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el procedimiento por el cual se detuvo, investigó y condenó al ex juez de Menores de Santa Fe, Julio César Rogiano, fue inapropiado y vulneró garantías establecidas por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.
Los antecedentes en este sentido eran muy claros, sobre todo a partir de que el máximo tribunal determinara a mediados de 2006 que el ex juez Carlos Fraticelli y su ex mujer, Graciela Diesser, habían sido juzgados por un sistema penal caduco, que debía ser modernizado de manera urgente para que cada una del instancias del proceso garanticen la imparcialidad de los jueces.
En aquel momento, la Corte manifestó que el sistema penal de la provincia no brindaba las garantías de imparcialidad que forman parte de los pactos internacionales que desde 1994 tienen rango constitucional.
La Corte hizo notar que la doble intervención de un mismo organismo judicial, en dos instancias diferentes del proceso, vulneraba garantías de quien estaba sometido a proceso judicial.
Por ese motivo, y a pesar de haber sido condenados en su momento por el delito de homicidio agravado por el vínculo, Fratticelli y Diesser quedaron libres.
En ambos casos, los integrantes del máximo tribunal no analizaron el fondo de las causas. No determinaron si los padres de Natalia son culpables o inocentes de la muerte de su hija; ni revisaron si Rogiano efectivamente se quedó con dinero ajeno o pidió plata para liberar a un menor de edad. Lo que hicieron fue evaluar el sistema por el que los acusados fueron investigados y condenados.
La fuerte postura de la Corte nacional provocó un verdadero cimbronazo en Santa Fe y movilizó a cada una de las estructuras a trabajar en la adaptación del Código Procesal Penal a los nuevos tiempos.
Existe otra causa trascendente en la provincia que, incluso, está siendo analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Se trata de un condenado a cadena perpetua en Rosario que, como Fratticelli y Rogiano, tampoco tuvo la posibilidad de una doble instancia que evaluara la marcha de su proceso.
En realidad, a partir de estos casos resonantes, la Corte nacional recibió una verdadera avalancha de planteos similares, sobre todo luego de que la provincia de Santa Fe reconociera su histórico atraso en el sistema penal y comenzara a trabajar en su actualización.
Desde el Poder Ejecutivo provincial se anuncia la pronta puesta en marcha de algunos aspectos iniciales de la reforma que fuera aprobada por la Legislatura. De todos modos, se sabe que instalar una nueva metodología de trabajo llevará tiempo, esfuerzo, aprendizaje y, sobre todo, importantes partidas presupuestarias.
A pesar de estas dificultades, es evidente que no queda margen para seguir perdiendo tiempo pues, de ser así, la situación continuará agravándose.