Rosa Acosta reemplaza a María Bressa en el área. Superti admitió que hubo declaraciones que provocaron malestar en los sectores querellantes de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. La funcionaria saliente fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos en la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados.
Mario Cáffaro
A las pocas horas del paso de la secretaria de Derechos Humanos, María Bressa, por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, anunció "una reestructuración" de la cartera por lo que Rosa Acosta pasó a ocupar el cargo y Bressa fue a la silla de aquélla al frente de la Dirección Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales.
De nada valieron las aclaraciones efectuadas por Bressa ayer mediante un comunicado oficial. Pesaron más sus declaraciones al diario Rosario 12 donde extendió la cobertura del Programa de Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad, a quienes están procesados por esos delitos y su entorno familiar. "Queremos garantizar todos sus derechos, incluso la protección física y la atención psicológica, otorgándoles aquellos beneficios que ellos mismos vulneraron a su víctimas. Debemos hacerlo si queremos vivir en un estado de derecho y no en un régimen totalitario", dijo al diario rosarino.
Las expresiones generaron un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, de los diputados justicialistas Gerardo Rico y Claudia Saldaña e incluso del ex titular del área, Domingo Pochettino. El justicialismo no asistió ayer a la Comisión de Derechos y Garantías donde Bressa y el director del programas de la secretaría, Oscar Blando, fueron invitados para intercambiar opiniones con legisladores y querellantes sobre el futuro programa de protección de testigos. Los querellantes le pidieron la renuncia a Bressa y dijeron que ellos no iban a tenerla ya como interlocutora.
Cuestionada, Bressa fue a Casa de Gobierno y renunció ante Superti quien optó por el enroque con Acosta.
Las explicaciones de Superti
Antes de viajar a Rafaela para participar de la asamblea ciudadana y mientras se apagaban las luces de Casa de Gobierno para trabajos de mantenimiento, el ministro Héctor Superti ratificó a El Litoral "el compromiso de este gobierno, el mío personal y de todos mis colaboradores es en la defensa irrestricta de los derechos humanos".
Enseguida aclaró que "el programa que hemos proyectado, y que culminará con un decreto para la protección de los testigos y querellantes en los delitos de lesa humanidad es muy claro y preciso respecto a quienes está destinado a proteger: a las víctimas, querellantes y familiares". Entonces, sí admitió que "hubo declaraciones de Bressa que no fueron lo suficientemente claras en algunos aspectos y generaron un estado de confusión".
El ministro reiteró la política del gobierno. "No se trata de proteger a imputados de delitos de lesa humanidad sino de proteger a testigos, víctimas y familiares. Esa situación de confusión generó un alboroto que se puede comprender desde la situación de dolor de aquéllos que están vinculados a las víctimas o han sido víctimas de este tipo de delitos. Ante esto la doctora Bressa me pidió dejar el lugar que estaba desempeñando y en función de esto decidí hacer la reestructuración. Nuestra idea es seguir trabajando en programas y proyectos y cumpliendo con los compromisos asumidos oportunamente".
Superti no desconoce el tropezón que dio su gabinete. "Cuando se dan situaciones de esta naturaleza donde no se pone en tela de juicio la capacidad, la convicción, honestidad de Bressa pero que generan este tipo de reclamos, uno no puede desatenderlos y de allí la decisión tomada".
Los cambios al programa
El ministro Héctor Superti explicó que el programa vigente es el dispuesto por la gestión anterior y que al ser cuestionado por querellantes está siendo revisado. En este proceso hay consultas con aquellos sectores a los que está destinado, con otras provincias y organismos nacionales. Cuando esté definido se plasmará en un decreto.
"Cuando asumimos encontramos un programa que sigue vigente. El expediente que yo promoví, después de tomar experiencias de otras provincias y de hablar con mucha gente, es el proyecto de un decreto que cuando se sancione recién va a derogar el vigente", indicó.
Recordó que el actual programa "no satisfizo a las inquietudes de los que debe tutelar. Se utilizan aparatos de localización satelital que podía tener la persona el riesgo. Esos aparatos no sólo no fueron usados porque generaban temor de ser localizado y a su vez tenían técnicamente deficiencias como la poca cantidad de carga de la batería, la imprecisión de localizar por GPS. Esto se está abonando a unos 30 mil pesos por mes. Además, la protección física está delegada en las TOE". El programa diseñado por la actual gestión hace eje en la contención sicológica donde ya los profesionales de Santa Fe y de Rosario están trabajando.
"Ya se están haciendo cambios. En Rosario los grupos se tomaron de Salud Mental y en Santa Fe de la misma Secretaría de Derechos Humanos. El otro eje es un seguimiento de los juicios para tener un inventario de los testigos, ubicado en nivel de riesgo, fechas de audiencia y un tercer tema es la seguridad física. A estos fines, en el proyecto se plasma la idea de crear un cuerpo nuevo, un cuerpo policial que dependerá del ministro de Seguridad, no del jefe de Policía, con personal orientado en su capacitación y vocación a la tutela de la integridad física de las personas en situación de riesgo. En el proyecto hay un artículo que dice que al implementarse, por resolución ministerial, se podrá ir extendiendo a juicios de nuestra propia provincia y quedará como una dirección general de protección al testigo que es una exigencia del nuevo Código Procesal Penal", precisó el ministro.
Sin política
"En Santa Fe no existe una política estatal de defensa de los derechos humanos", afirma una declaración de los diputados justicialistas Luis Rubeo, Gerardo Rico, Enrique Marín y Claudia Saldaña.
"La equiparación entre víctimas y victimarios que propuso Bressa choca con las políticas de enjuiciamiento de los represores de la dictadura y de rescate de la verdad histórica respecto del trágico y doloroso pasado reciente de la Argentina, signado por la aplicación del terrorismo de Estado. Esta definición política se contradice con los esfuerzos que los organismos de defensa de los derechos humanos y el gobierno nacional vienen realizando para avanzar hacia el juicio y castigo a los culpables del genocidio y para reivindicar la lucha de toda una generación de argentinos por un país más justo, desterrando al olvido la teoría de los dos demonios", expresa el documento.