El informe 2008 de Amnistía Internacional sobre la situación en la Argentina es preocupante no sólo porque revela falencias en la materia sino, sobre todo, porque deja al descubierto una visión parcializada de la problemática por parte del gobierno nacional y de algunas administraciones provinciales.
Si bien resalta como positivo que durante el año pasado varias personas hayan sido condenadas por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar; advierte que en una prisión de Santiago del Estero murieron en noviembre más de 30 reclusos, lo que representa apenas una muestra de la grave realidad que se vive en las cárceles del país.
Según este informe, los internos provocaron el fuego para protestar por los malos tratos, abusos de autoridad, registros corporales vejatorios y el hecho de que no se investigaran distintas denuncias que desde hacía tiempo venían realizando.
En una reciente entrevista periodística, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en la Argentina, Rafael Barca, advirtió que, si bien de manera distinta a la que ocurrió hace tres décadas, en las cárceles del país las torturas siguen siendo moneda corriente.
Pero más allá del capítulo referido a la situación penitenciaria, el informe 2008 deja al descubierto violaciones a los derechos humanos en otros ámbitos.
En septiembre, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, debió solicitar a la Corte Suprema una medida cautelar en favor de las comunidades indígenas de la provincia del Chaco, en especial de la etnia toba, ante los profundos niveles de pobreza, la falta de comida y acceso al agua potable, alojamiento y asistencia médica en estas comunidades. En octubre, la Corte Suprema resolvió que las autoridades federales y provinciales debían asignar recursos especiales y proporcionar ayuda a estos pueblos en situación de emergencia.
Esto no fue todo. Amnistía también denuncia que en abril del año pasado una persona murió al ser alcanzada por una granada de gas lacrimógeno durante una manifestación llevada a cabo por docentes en demanda de mejores condiciones laborales en la provincia de Neuquén.
Desde el gobierno nacional se insiste en limitar la materia del respeto por los derechos humanos a la necesidad de que sean debidamente juzgados aquellos que participaron de la represión ilegal durante la última dictadura.
Sin embargo, éste es apenas un capítulo de una problemática que debiera ser interpretada de manera más abarcativa. Desde Amnistía Internacional se enviaron dos documentos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en los que se planteó la necesidad de contar con un plan nacional sobre derechos humanos y un programa sobre violencia de género. Sin embargo, en ninguno de los dos casos tuvieron respuestas de parte del gobierno.
El mismo Rafael Barca aclaró ante la requisitoria periodística que "no hay que elegir un derecho humano sobre otro, pues hay que apuntar a defender todos los derechos".