Este martes, la presidenta Cristina Fernández cumplirá seis meses al frente de un gobierno que niega las malas noticias. La inflación es ignorada oficialmente, al igual que la suba de la pobreza y la indigencia. El tiempo está marcado por el conflicto con el campo
Sergio Serrichio (CMI).
Este martes, cuando Cristina Fernández de Kirchner cumpla sus primeros seis meses como presidenta, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estrenará el "nuevo" Índice de Precios al Consumidor, en reemplazo del "viejo" IPC, aquel cuya versión no adulterada los argentinos supimos llamar "la inflación".
Aun antes de salir, la credibilidad del nuevo índice ha sido cuestionada por un amplio abanico de expertos y por los técnicos que todavía resisten la virtual "intervención" al Indec, iniciada a fines de enero de 2007 cuando en respuesta a mediciones que indicaban que la inflación de ese mes rondaría el 2 por ciento, equivalente a una suba anual de 27 por ciento, el gobierno confió al rudo secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la misión de adulterar las cifras.
Desde entonces, el IPC se alejó cada vez más de la realidad, contaminando la medición de la actividad económica (subestimar la inflación implica sobreestimar el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB) y los datos sociales. Contra toda evidencia, en el mundo oficial los salarios siguieron volando, la pobreza y la indigencia siguieron disminuyendo, y el ingreso se distribuyó cada vez más parejito.
Los artificios estadísticos sólo sirvieron para prolongar y agravar el real problema inflacionario. Empalmar esa manipulación con una metodología que la santifica muestra que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner persistirá en la apuesta de negar la realidad.
El grado casi patológico de esa negación fue el principal desencadenante del alejamiento, a fines de abril, del ex ministro de Economía, Martín Lousteau. La tarde de su renuncia, un azorado Lousteau escuchó el consejo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de que fuera a pedirle disculpas a la presidenta por haberla anoticiado de que la inflación era un problema que exigía atención. Como ministro, había resistido durante meses la metodología que se estrenará este martes. Pero lo realmente insoportable fue su osadía de molestar a Cristina Fernández con ese asunto de la inflación.
Del mismo modo, el viernes el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, consideró "irrespetuoso" el pedido de la Iglesia, de que la presidenta tenga "un gesto de grandeza" para solucionar el problema del campo. Además de ese gesto oficial, que también reclamó el gobernador Hermes Binner, la Iglesia pidió a los dirigentes de las entidades agropecuarias que "revean las estrategias de reclamo". Pedido que el viernes por la noche las entidades, en decisión largamente discutida, decidieron acatar.
El contrapiquete de los transportistas, al forzar los tiempos del desabastecimiento, puso al agro frente a las consecuencias de una metodología de protesta que tiene una cuota latente, cuando no manifiesta, de violencia.
El hecho es que durante casi noventa días, la estrategia del gobierno fue desviar la culpa y lavarse las manos. En la lógica oficial, el equilibrado pedido de la Iglesia de que solucione un problema es irrespetuoso, como había sido irrespetuoso Lousteau cuando fastidió a la presidenta confrontándola con la realidad.
Diferencias
El martes también marcará que la mitad del primer medio año de gobierno estuvo marcada por el todavía irresuelto conflicto del campo, cuya génesis se remonta a fines del gobierno de Néstor Kirchner y reconoce dos hitos. El primero fue la imposición, a mediados de noviembre, de un nuevo esquema de retenciones petroleras, que fijó en un ciento por ciento el impuesto a las ventas externas de crudo cuando el precio supera los 42 dólares el barril (hoy bordea los 130 dólares). El segundo, un "toque" a las retenciones agrícolas, que en el caso de la soja (el cultivo estrella, el que más creció durante el mandato de Kirchner) significó un aumento de 27 % en la alícuota (de 27,5 a 35 por ciento).
La mansedumbre con la que esos dos manotazos fueron asimilados hizo que en marzo, cuando Kirchner antes de refugiarse en la sede del PJ para blindar de peronismo al gobierno de su esposa todavía dividiera su tiempo entre Olivos y Puerto Madero, el fuerte aumento de los precios agrícolas apareciera a los ojos del poder K como una oportunidad irresistible para reforzar la caja oficial. Ésta había sufrido los estragos del aumento del gasto público con que en 2007 Néstor aseguró la elección de Cristina, y para este año se avizoraban fuertes vencimientos de deuda, aumento de la cuenta de subsidios y costosas soluciones energéticas.
Para pagar todas esas facturas, el gobierno de Cristina anunció el 11 de marzo el esquema de retenciones "móviles", que cosméticamente modificó el 28 de mayo.
El lunes comenzará una nueva tregua en la protesta del campo. Ese mismo día, la "mesa de Enlace" agropecuaria volverá a reunirse con el defensor del Pueblo, cuya gestión de acercamiento de partes el gobierno ya ninguneó. Y el martes, el día del estreno del "nuevo" IPC, la presidenta recibirá a Binner.
Ojalá alguna de esas iniciativas tenga éxito. El problema ya supera la provisión y el precio de los alimentos y el derramamiento de leche. Lo que falta cada vez más es abastecimiento de cordura.
El gasto público
Pruebas al canto del incremento del gasto público: en 2007 aumentó 48 por ciento. En lo que va del año los subsidios (principalmente al transporte y a la energía) aumentaron 132 por ciento respecto del año pasado y van camino de superar los 20.000 millones de pesos. Y valga como aproximación al costo de las soluciones energéticas las cifras de la operación en el puerto de Bahía Blanca del barco Excelsior, rentado para suplir parcialmente la carencia de gas en el invierno. El buque, traído por YPF, regasificará durante cien días gas natural licuado traído en barcos metaneros desde Trinidad y Tobago, que luego inyectará a la red nacional. La operación le saldrá al fisco (vía Enarsa) 500 millones de dólares. Suficiente, precisó una nota del periodista Alejandro Bianchi en el diario Crítica, para pagar durante todo un año la cuenta de gas de los 6,7 millones de hogares del país que reciben gas natural por red.
Vale remarcarlo: esos 500 millones de dólares servirán sólo para disimular durante poco más de tres meses la escasez de gas, no para garantizar el abastecimiento a la industria y mucho menos al conjunto del país. Para calefaccionarse, tener agua caliente y cocinar la mayoría del resto de los argentinos, en especial en el interior, depende de gas de garrafa, por el cual pagan precios entre cinco y seis veces superiores al del gas por red.