Los piquetes han llegado a España. No sabemos si Argentina brindó el ejemplo, pero lo cierto es que los camioneros decidieron recurrir a esta metodología para protestar por el aumento del precio de los combustibles. Las rutas de España empezaron a adquirir la fisonomía de las nuestras: camiones bloqueándolas, piqueteros intimidando a automovilistas y camioneros que no compartían esta metodología. En definitiva, un espectáculo al que los argentinos nos hemos familiarizado. Lamentablemente.
Algunas diferencias, sin embargo, hay que destacar. El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad, que con firmeza y profesionalidad procedieron a garantizar la libertad de tránsito. Hubo un muerto, pero no como consecuencia de la represión, sino debido a un accidente. La decisión de asegurar el orden fue tomada por el gobierno, pero contó con el aval tácito de los principales partidos opositores. Se sabe que la clase dirigente, en los países serios, deja de lado sus diferencias para defender lo que se consideran políticas públicas.
El otro recurso que empleó Zapatero fue el de la negociación. La negociación en serio, buscando acuerdos que satisficieran a las partes y sin rehuir a los problemas de fondo. El conflicto en España persiste, en diferentes provincias se mantienen algunos piquetes, pero da la impresión de que la tendencia es al acuerdo. Para ello, algunas condiciones debieron cumplirse. En primer lugar, la decisión del Estado de hacer respetar la ley, es decir, de hacer realidad el principio del monopolio legítimo de la violencia. En segundo término, la disponibilidad de fuerzas de seguridad profesionales que actúan con responsabilidad. Allí no hay gatillo fácil, la represión es medida y precisa, no se ensañan con los ciudadanos y el poder civil pone los límites.
No hace falta disponer de gran imaginación para apreciar las diferencias con la Argentina. En nuestro país la cultura piquetera -alentada en otros momentos por el gobierno- se ha transformado en hábito nacional. El piquete es hoy un espectáculo cotidiano de nuestra vida política y es el recurso al que se apela para defender las buenas y las malas causas.
Por motivos tal vez justos, pero indefendibles desde el punto de vista de una cultura democrática, diferentes sectores de la sociedad recurren a esta metodología para hacer oír sus demandas. Villeros, trabajadores ocupados y desocupados, empleados públicos, maestros y ahora productores rurales, se valen del piquete.
Los gobiernos de los últimos diez años no sólo los han tolerado, también se han valido de ellos para ganar espacios políticos. Oficialistas y opositores apoyan el piquete que les favorece y critican el que los perjudica. En este contexto, no debería llamar la atención la anarquía que hoy reina en las rutas. En nuestro país, el poder y las reivindicaciones no se disputan en el marco de la cultura del Estado de derecho sino a través de formas más o menos veladas de violencia. Los perjudicados por la extensión y generalización de esta metodología son los ciudadanos en general, partícipes pasivos y en algunos casos víctimas de este tipo de lucha.