La mayoría de los productores agropecuarios reclama una rebaja efectiva del nivel de retenciones fijado en la resolución 125 como una fórmula para recuperar sus expectativas económicas. Tres de las cuatro centrales rurales dicen que el acuerdo lechero busca dividir al sector.
Carlos Petroli
Por una u otra vía, de manera directa o a través de las muy cuestionadas compensaciones, lo que dejaría satisfechos a los productores es una rebaja efectiva de las retenciones contenidas en la resolución 125.
Cualquier otro artilugio tendría, por lo menos, dos efectos: dejar afuera de la mejora impositiva al grueso de la producción agrícola nacional, lo que implicará un enorme desincentivo para las inversiones de gran parte de la cadena y un efecto en cascada sobre la economía.
El segundo efecto, como consecuencia del primero, será la continuidad del estado de rebeldía fiscal y de inestabilidad, un patrón que ha gobernado las decisiones empresarias a lo largo de todo el aparato agroindustrial y productivo del país, con pocas excepciones.
Lo que describe este escenario es que la proclamada estrategia de distribución del ingreso nacional o de contención de la agflación (la inflación global por la suba de las materias primas y de los alimentos) ingresarán, por más tiempo, en un camino espinoso, con menos chances de obtener resultados auspiciosos.
Uno de los riesgos es que ese camino choque contra una inesperada muralla si se estanca la actividad agropecuaria, producto de la presión fiscal y de la ausencia de reglas con algún horizonte de previsibilidad.
Mientras el Gobierno se empeña en ver fantasmas de todo tipo y tamaño en el frente político incluida la acusación de golpismo, que ofende a diferentes estratos sociales, cientos de intendentes, cámaras empresarias, dirigentes, productores, efectúan a diario apelaciones a fórmulas menos retorcidas, más pragmáticas y que mejoren el clima socioeconómico.
Entre las cámaras de la producción, esta semana la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), donde se alinean varias cadenas de los agroalimentos, celebró que la discusión sobre las retenciones haya llegado al Congreso. Pero, al igual que los productores primarios, requirió que haya "límites razonables" en las retenciones (directa crítica a la resolución 125), para que estos sectores productivos "no se vean afectados en su capacidad competitiva y en su rentabilidad".
La Copal apuntó además sobre otra consecuencia de las intervenciones sobre los mercados agropecuarios: recordó que, por primera vez en la historia, la Argentina no cumplió con el cupo anual de 28 mil toneladas de carne (cuota Hilton) acordado por la Unión Europea. Advirtió que ese hecho dejará una imagen negativa ante el mercado de excelencia que representa ese destino, en las condiciones ventajosas para la industria y los productores ganaderos.
Debate
El oficialismo rodeó el debate sobre la resolución 125 el punto más conflictivo con otros temas de la agenda agropecuaria. Por un lado, el Gobierno alcanzó un nuevo acuerdo con la industria y algunas cámaras de la lechería (entre ellas la Caprolec de Córdoba) para mejorar los valores de la materia prima.
Los productores, que hasta ahora cobraban entre 85 y 86 centavos por litro, pasarán a recibir 0,945 peso de parte de la industria en julio y agosto, como mínimo, y el Gobierno pondrá 0,102 peso de compensación para llegar a 1,047. La compensación será retroactiva a junio para una producción de hasta seis mil litros diarios.
La otra novedad es que la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados emitió ayer dictamen para el proyecto de modificación de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales, basado en un texto del ex ARI Eduardo Macaluse, a instancias de la Federación Agraria.
El acuerdo lechero fue leído por tres de las centrales rurales (CRA, Sociedad Rural y la FAA) como una movida para dividir a la comisión de enlace y a espaldas de la mesa nacional de productores de leche. Estas entidades miran dicho acuerdo como un caso testigo que no quieren repetir con las compensaciones a los granos. "Pensamos que la solución no pasa por más compensaciones sino por un precio que nos permita seguir produciendo e invirtiendo para aumentar la producción de leche, como único camino para abastecer plenamente el mercado interno y aprovechar una excepcional oportunidad internacional", advirtieron.
Ricardo Osella, que se apresta a dejar su lugar en la cúpula de Cartez a otro riocuartense (Delfor Maldonado), evaluó que si el Congreso convalida la resolución 125, aun con algún maquillaje, los productores buscarán un veredicto de la Justicia federal o de la Corte Suprema. "Lo legal (del Congreso) no quitará lo injusto del esquema", señaló.