Aunque el gobierno todavía confía en tener la mayoría, extrema los recursos para evitar la dispersión. La oposición ve con buenos ojos la alternativa propuesta por el santafesino. Ayer hubo polémicas en la exposición de los economistas que criticaron la política oficial.
Los principales dirigentes de la oposición en el Senado acentuaron los encuentros para negociar un acuerdo que les haga posible la presentación de un proyecto alternativo a la iniciativa oficial que pidió la ratificación de las retenciones móviles.
Los primeros contactos entre los bloques opositores se iniciaron el mismo lunes que llegó al Senado el proyecto sancionado a la Cámara de Diputados y continuaron el martes a la noche, durante una cena que reunió a varios de los más activos integrantes del sector opositor y fue seguido en forma individual durante toda la jornada de ayer.
El encuentro, celebrado en el restaurante Centro Vasco Francés, del barrio porteño de Monserrat, juntó a los radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Juan Carlos Marino; los justicialistas disidentes Hilda "Chiche' González de Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso; el socialista Rubén Giustiniani; y los integrantes de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik.
La estrategia en la coinciden los opositores consiste en alentar la presentación de varios proyectos de ley alternativos, a fin de conseguir la adhesión del mayor número posible de senadores oficialistas y con eso restarle espacio a la posibilidad de que el kirchnerismo consiga una rápida aprobación en la primera oportunidad.
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Estrategia
Ante la eventualidad de que los opositores consigan impedir que la bancada oficial consiga el quórum de la mitad más uno, los asesores de los bloques opositores tienen en elaboración un dictamen que unifique los proyectos alternativos ya presentados. Hasta la fecha presentaron iniciativas los senadores Carlos Reutemann, Giustiniani, Pablo Verani y Juan Carlos Romero.
El proyecto de Reutemann (ver Lo importante) no sólo cayó bien entre ruralistas y opositores -que ya tomaron parte del articulado para sus propios proyectos-, sino que cuenta con adhesiones entre los justicialistas. Por caso, el pampeano Rubén Marín le confirmó que votará en contra del proyecto oficialista y lo mismo haría su par Silvia Gallego. Estas defecciones dejarían el conteo provisorio en un empate, por lo cual el oficialismo -que sigue mostrándose confiado en la aprobación de su proyecto- extrema las gestiones para sumar adhesiones entre los indecisos o convencer a algunos legisladores de cambiar su voto.
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Críticas de economistas
En tanto, tres economistas consultados ayer por el plenario de las dos comisiones que abordan el proyecto de retenciones móviles aprobado por la Cámara de Diputados se pronunciaron en contra de la política desarrollada por el gobierno nacional hacia el sector agrario, en tanto que dos intelectuales se definieron a favor de la estrategia oficial.
El economista Javier González Fraga, ex titular del Banco Central, afirmó que la resolución 125 que fijó las retenciones móviles se origino en "una política oficial basada en distorsionar la economía real", que "generó una voracidad fiscal creciente, y que terminará siendo insostenible".
"Las retenciones se justificaron en el 2002", pero "las condiciones cambiaron", al tiempo que agregó que "los subsidios favorecen a la mitad más rica del país y sobre todo de la Capital Federal, en materia de precio de gasoil, gas natural y en alimentos".
González Fraga afirmó que "hay que suspender y repensar todo el sistema de subsidios y compensaciones, porque genera inflación y un enfriamiento de la economía" y dijo que el país estaba frente "al agotamiento de la política que comenzó en el 2006 con la patotería y el cambio de los números del Indec".
Por su parte, Alieto Guadagni, ex secretario de Industria, sostuvo que con las retenciones al agro "los costos serán mayores que los beneficios, porque el país no aprovecha la onda larga de la demanda mundial de productos agropecuarios".
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Polémica por la pobreza
Al promediar la consulta se produjo un contrapunto de opiniones entre Guadagni y el titular del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, a raíz de los índices sobre la pobreza en la Argentina. El economista elogió la política del presidente Lula Da Silva porque entre otras cualidades, dijo, "bajó la pobreza en el último año", lo que pareció mostrar una diferencia con el gobierno nacional en la Argentina.
Pichetto dijo que tenía "dudas sobre la eficacia del plan "Hambre cero' lanzado por el presidente Lula, al tiempo que aseguró que "en la Argentina realmente bajó el nivel de pobreza". La opinión fue respondida por Guadagni quien dijo que "en Brasil la pobreza se redujo en el año 2007, pero en la Argentina no bajó", y luego agregó "salvo que usted crea en los números de (el secretario de comercio, Guillermo) Moreno. Hay muchos estudios que muestran que hay aumento y eso se ve claro en la calle".
Hoy iban a concurrir al Congreso los gobernadores de Tucumán y Chaco, José Alperovich y Jorge Capitanich, y un grupo de intendentes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, así como los secretarios de Comercio, Guillermo Moreno, y de Agricultura, Ganadería, Javier de Urquiza, el titular de la Afip, Claudio Moroni y la directora de Aduanas, María Silvina Tirabassi.
Demanda
El Senado mendocino le dio media sanción a un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a demandar a la Nación en concepto de mala liquidación de la coparticipación tributaria federal. Asimismo, la norma determina que el Ejecutivo provincial y la Fiscalía de Estado deberán informar a ambas cámaras legislativas sobre el inicio o no de la demanda y los fundamentos de las actuaciones en un plazo no mayor a 90 días. La iniciativa, que necesita aún la sanción definitiva de la Cámara de Diputados, pertenece al senador radical Leopoldo Cairone. De acuerdo con un estudio del legislador, Mendoza estaría recibiendo por coparticipación entre 7 y 9 puntos menos que lo establecido por la ley nacional, lo que generaría en las arcas provinciales un faltante de unos 1.000 millones de pesos al año, que serían reclamables desde 2002 a la fecha.
El proyecto de Reutemann
* Retención fija para el trigo y el maíz del 22 por ciento y para girasol del 30 por ciento.
* Para la soja establece una curva de retenciones con alícuotas crecientes a medida que aumenta el precio FOB. Para 600 dólares es del 36 por ciento, para 700 dólares del 38,4 y a partir de 800 dólares queda fija en 40 por ciento.
* Para pequeños y medianos productores de soja ( menos de 1.500 toneladas) pueden computar a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias el excedente sobre alícuotas del 22, 27 y 30 por ciento, dependiendo del volumen de producción.
* Se permite la deducción adicional de hasta el 70 por ciento de los gastos realizados en fertilizantes como desgravación del impuesto a las ganancias.
* Se reduce el IVA de las semillas, herbicidas, insecticidas, funguicidas e inoculantes al 10,5 por ciento.
* Elimina la fecha tope del 31 de octubre para los reintegros.
* No incluye los artículos del proyecto oficial que le dan la facultad al Poder Ejecutivo de fijar impuestos.
Comisiones divididas
El oficialismo que respalda la aprobación sin cambios del proyecto del gobierno sobre las retenciones móviles, sancionado en la Cámara de Diputados, tendrá dificultades en conseguir la mayoría de los votos necesarios para contar con pronunciamientos favorables en las dos comisiones que abordarán el tema a partir de mañana.
La iniciativa oficial comenzará a ser debatida en las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Hacienda mañana, a fin de arribar a un pronunciamiento el lunes siguiente para permitir que la cámara alta pueda debatirlo en el recinto el miércoles 16 de julio.
Pese al esfuerzo del oficialismo por sumar legisladores cercanos al gobierno, en la comisión de Presupuesto una mayoría de 8 legisladores ya anticiparon que no sostendrán el proyecto oficial, contra 7 que sí lo harán (con lo cual sólo podrán tener un dictamen en minoría).
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda están en contra los senadores Ernesto Sanz (UCR Mendoza), Delia Pinchetti de Sierra Morales (FR Tucumán), Pablo Verani (UCR-K Río Negro), Juan Carlos Romero (FpV Salta), Roy Nikisch (UCR Chaco), Gerardo Morales (UCR Jujuy), María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica Capital Federal) y Roxana Latorre (FpV Santa Fe).
En cambio, están a favor del proyecto oficial: Fabián Ríos (FpV Corrientes), José Mayans (FpV Formosa), Marcelo Guinle (FpV Chubut), Guillermo Jenefes (FpV Jujuy), José Pampuro (FpV Buenos Aires), Nanci Parrilli (FpV Neuquén) y Nicolás Fernández (FpV Santa Cruz).
El oficialismo cuenta con una posición más ventajosa en la Comisión de Agricultura y Ganadería, que dirige la kirchnerista chubutense Silvia Giusti y lo segunda el radical Juan Carlos Marino. Los partidarios del proyecto oficial que hicieron pública su adhesión son siete, encabezados por Giusti y seguidos por Nicolás Fernández (FpV Santa Fe), Ada Iturrez de Cappaellini (Frente Cívico Santiago del Estero), María Cristina Perceval (FpV Mendoza), Eduardo Torres (FpV Misiones), Luis Viana (FpV Misiones) y Mario Colazo (Paufe Tierra del Fuego).
En cambio, cinco senadores se pronunciaron en contra: Juan Carlos Marino (UCR La Pampa), Carlos Reutemann (FpV Santa Fe), Juan Perez Alsina (Renovador, Salta), María Sánchez (UCR, Corrientes) y Norberto Massoni (UCR, Chubut). Por su parte, tres legisladores aún no hicieron público su voto: Silvia Gallego (FpV La Pampa), José Martínez (ARI Tierra del Fuego) y Daniel Pérsico (FpV San Luis).