El presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, Néstor Kirchner, ha acusado a los dirigentes del campo, a la oposición parlamentaria, a los medios masivos de comunicación y a sectores no oficialistas de su partido, de intentar destituir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Resulta imprescindible realizar una reflexión sobre sus afirmaciones y sobre sus implicancias institucionales.
Todo hombre de política y dirigente de un partido político tiene el derecho Äincluso la obligaciónÄ de expresar ideas y convicciones. Así también, todo argentino debe respetar la investidura presidencial cuando la persona que ejerce la magistratura preserva los principios republicanos que dan origen y destino a su función.
Con tales premisas y en el marco del derecho constitucional de la libre expresión, es necesario evaluar que quien ha acusado de golpismo a su propio partido, a la oposición, a los medios y a los productores rurales, es no sólo el titular del partido del gobierno sino, además, el esposo de la presidenta en ejercicio.
El diario Página 12 y el periodista Horacio Verbitsky no son susceptibles de sospecha alguna a la hora de transcribir dichos de Néstor Kirchner. Por su intermedio, el país se ha enterado de que para el ex mandatario, "si en lugar de Cobos hubiera habido allí un compañero, ¿dónde estaríamos nosotros ahora?".
Kirchner por ese medio también acusó a un "movimiento destituyente, golpista. Han querido que Cristina se fuera del gobierno". Habló de los cacerolazos en Olivos como "el Día D" y del "revolucionario Hugo Biolcatti, el comandante guerrillero Eduardo Buzzi y el primo Luciano de Martínez de Hoz".
También se refirió a que "hoy afortunadamente las Fuerzas Armadas no se dejan tentar en estas situaciones; los fierros son mediáticos". Y apuntó más adelante: "digámoslo con claridad: si perdíamos en Diputados, hoy no teníamos más a nuestra presidenta".
En el marco teórico de este dirigente partidario, todo el que no esté de acuerdo con él es golpista. Invirtiendo ese mismo esquema de análisis, es imposible evitar la calificación de paranoia institucional, que tiñe un pensamiento de tal naturaleza.
Nadie más en la Argentina habla de golpe, excepto el núcleo duro del kirchnerismo. Quien instala y sostiene el fantasma del golpe es el propio oficialismo, que teme por lo que nadie más ve en el el país.
La Argentina no necesita volver a las fracturas de los '50 o los '70. El país puede tener una burguesía nacional y un proyecto soberano sólo si se apoya en la Constitución y al mismo tiempo en la razón que ilumina la modernidad.
Expresar diferencias estamentarias o intereses económicos no es delito, como sí lo es consolidar la pobreza o debilitar a las jurisdicciones provinciales detrayéndoles lo que por derecho les corresponde, en la distribución de la renta nacional.
Si algo amenaza a la presidenta es la inexistencia de un escenario en el que pueda ejercer su autoridad y llevar adelante su proyecto político nacional, sin necesidad de considerar que todos los actores sociales, políticos o económicos que no estén de acuerdo son al mismo tiempo golpistas reales o potenciales.