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Los subsidios a grandes empresas que prestan servicios en Capital Federal y gran Buenos Aires son casi iguales al superávit primario. La recaudación crece por debajo de la inflación y se incrementan las necesidades de pago de deuda pública.
La suba de los precios internacionales de energía (petróleo) y alimentos ha obligado al gobierno nacional a incrementar los subsidios para mantener los precios en el mercado interno. Pero eso ha impactado negativamente y compromete el superávit fiscal primario, una de las fortalezas de la gestión de los Kirchner en el país.
Los consultores y economistas privados aseguran que los subsidios sumarían entre 24 y 35 mil millones de pesos en el proyectado para todo el año; el grueso de esa cifra son transferencias a empresas privadas o públicas para subsidiar el consumo de gas, electricidad, los viajes en avión y en colectivos, subtes y trenes del área metropolitana.
Las grandes empresas que prestan servicio en el área más concentrada del país se llevan así el grueso de los subsidios del Estado; el mapa de ese gasto público compromete casi la totalidad del superávit primario pero al mismo tiempo contradice el discurso presidencial de concentrar recaudación para redistribuir riqueza.
De esa cifra total, sólo unos 2.600 millones de pesos constituyen el aporte del Estado para mejorar los precios internos de los alimentos. La cifra es lo que el Organo de Control Comercial Agropecuario gastaría para subsidiar la producción en todo el año.
En esa cuenta se refleja una duplicación en los aportes del estado para pan, leche, carne y pollo. El año pasado la Oncca gastó 1.181 millones según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública; el presupuesto del organismo para este año es de $ 1.875 millones pero el gasto duplicaría la erogación de 2007 indicando dos posibles causas: inflación y más pobreza.
Expectativa
La "limitación" de las retenciones móviles -la resolución 125 no fue derogada- abre la expectativa de qué hará el gobierno para afrontar esta situación que es económica y financiera pero que tiene origen y resolución política.
La reactivación de las exportaciones de granos permitirá reactivar el ingreso de divisas y con ello los recursos fiscales. En ciudades y pueblos de todo el país esperan además restablecer el ritmo de la economía y la cadena de pagos.
El gobierno analiza la posibilidad de incrementar por otra parte el consumo mediante un aumento en el salario mínimo y el aumento del mínimo no imponible de ganancias. Pero necesita que eso no acelere el proceso de inflación que el gobierno niega desde a estadística pero que la sociedad padece en los hechos.
Los problemas que la gestión nacional niega pero padece no son menores. Roberto Lavagna comentó que hace dos semanas Enarsa no podía descargar el gasoil importado porque no podía pagarlo, en tanto la empresa Aysa tuvo que sacar un crédito bancario para pagar los sueldos este mes, porque la Tesorería no pudo ayudar.
Los actores económicos, el sistema financiero e incluso los dirigentes políticos saben que los renovados esfuerzos de Moreno, que ahora intentará controlar también el precio de los insumos para el campo -que ya aumentaron hasta 300 %- no alcanzan para darle cauce sustentable a los números del país.
Roberto Lavagna
recordó que en diciembre de 2005 había 4,5 puntos de superávit fiscal respecto del nivel de producción: récord histórico de la Nación y de las provincias. Al final del 2007, sólo 2 puntos. "En dos años se dilapidaron 2,5 puntos y apareció un grave problema de caja que la presidenta o el ex presidente, quien haya tomado la decisión, intentó resolver a través de este sistema de retenciones móviles. Hoy hay dos problemas: sigue sin caja suficiente y tiene un deterioro político", dijo el ex ministro en un reportaje a La Nación.
Publican decreto que limita la 125
El decreto N´ 1.176 que limita las retenciones móviles fue publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Economía, Carlos Fernández.
Tal como adelantó el viernes pasado el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, las resoluciones, que llevan los números 180, 181 y 182 indican que se restituyen los aranceles vigentes hasta el 10 de marzo pasado que habían comenzado a regir el 7 de noviembre de 2007.
Con la "limitación" de la resolución 125, las retenciones para la soja vuelven a una alícuota fija del 35 por ciento; para el girasol al 32 por ciento; para el maíz al 25 por ciento y para el trigo al 28 por ciento.
La resolución 180 indica que se limitan las "compensaciones para pequeños productores de soja o girasol" y para el "transporte de granos producido en provincias extrapampeanas", entre otros puntos.
La 181 restablece la resolución 184 de setiembre de 2007 relacionada a alícuotas de derivados de la soja; mientras que la 182 pone nuevamente en vigencia el esquema de retenciones fijas vigente a partir del 7 de noviembre del año pasado.
Se indica en los considerandos la necesidad de asegurar "la protección del interés de los que menos tienen", al tiempo que se dispone que se discuta en el futuro retenciones móviles "en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones".
La recaudación sube menos
La recaudación fiscal de junio marcaría un crecimiento de 10 puntos por encima del mismo mes del año pasado. En términos absolutos, el indicador que anunciará esta tarde el gobierno nacional no es malo, pero se vuelve dudoso si se lo contextualiza.
En mayo el crecimiento interanual de la recaudación fue del 13 por ciento, lo que indica que existe un desaceleramiento en el comportamiento de los ingresos fiscales.
Las señales ya se vienen observando. En junio el IVA creció 24,8 respecto del mismo mes del año pasado, en tanto que Ganancias evolucionó 21 % en la misma comparación. Pero si se estima que la inflación real estuvo en el orden del 30 por ciento o más, la recaudación real está cayendo.
Números que hablan.
El déficit de la provincia de Buenos Aires -donde tiene su base de sustento electoral la administración Kirchner- supera unos $ 5.500 millones; el año próximo el país debe afrontar vencimientos de deuda por unos u$s 12 mil millones. El superávit primario (recursos menos ingresos antes de contabilizar los pagos de la deuda) se achica y el país no tiene financiamiento externo, excepto el de Venezuela. Una mirada sobre los grandes números de la economía ponen en perspectiva la magnitud de los desafíos del gobierno.
Terminar con el zafarrancho
El economista Javier González Fraga advirtió que el gobierno no podrá "imponer ninguna otra clase de impuestos" después de fracasar la semana última con las retenciones móviles, por lo que propuso reducir a la mitad los subsidios al sector privado, para recortar los gastos.
El ex presidente del Banco Central afirmó que "está claro que no podrían (las autoridades) imponer ninguna otra clase de impuestos" ya que "hubo una rebelión fiscal y cualquier otro impuesto que intenten imponer, van a tener la misma reacción que tuvieron del campo".
Señaló que "se debe actuar" sobre "los subsidios al sector privado" los que, según evaluó, "han crecido extraordinariamente. Hay que pasar a un esquema gradual de reducción de subsidios, de seis meses, para terminar con el zafarrancho que se hizo en los últimos dos años, en el que existe muchísima corruptela, muchos retornos", reclamó González Fraga. Sobre ello, precisó que se debería "pasar de 40 mil millones de pesos, que es el presupuesto en subsidios previsto para este año, a 20 mil millones" ya que "con eso ahorraríamos buena parte de lo que se pensaba recaudar con las retenciones" móviles, que fueron rechazadas el jueves último.
González Fraga también consideró que se deben "revisar las tarifas, sobre todo para los que más pueden pagar" pero que se debe realizar "con inteligencia, preservando los ingresos de los que menos tienen. Este es un gobierno que ha sufrido una derrota importante y que por tanto no tiene el capital político para empezar a darle malas noticias a una parte de la población" opinó, aunque añadió que resultará "inevitable" que realice algunos recortes.