El gobierno santafesino ha hecho pública su decisión de encarar un proceso de reforma tributaria de la cual se conocen apenas la decisión de gravar con Ingresos Brutos a algunas actividades industriales y la construcción e incrementar las alícuotas de los impuestos inmobiliario y de la patente automotor.
Las razones esgrimidas son la caída en los ingresos propios producto de la menor actividad, la parálisis provocada en parte por el extenso conflicto agropecuario; los envíos coparticipables por debajo de los límites legales; la suba del gasto público y el reclamo salarial motorizado por los docentes pero que, de seguro, se extenderá a otros sectores en poco tiempo.
El tema ya provocó las primeras reacciones. Desde el justicialismo fueron varios los legisladores que hicieron sonar su descontento. Y algunas entidades productivas, especialmente ligadas a la industria, hicieron lo propio.
Convendrá entonces tener mayores precisiones del proyecto en cuestión y ver si se cumple lo anunciado por el gobernador Hermes Binner en el sentido de discutir en una mesa de diálogo con todos los sectores el alcance de la medida.
Entre tanto hay que hacer algunas observaciones preliminares. Es necesario auscultar el funcionamiento de la economía y ver si el sector rural normaliza sus actividades en las próximas horas. También habrá que exigir con mayor firmeza a la Nación el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en materia de coparticipación federal de impuestos. Sobre este punto no pueden existir divisiones políticas entre oficialismo y oposición. Semanas pasadas la presidenta de la Nación dio una cifra de fondos girados a Santa Fe que el gobierno provincial dice no tener contabilizados y que suman miles de millones de pesos, lo que requiere un rápido esclarecimiento.
La actual administración ha reconocido derechos de municipios y comunas y ha girado fondos que en años anteriores le fueron detraídos a esos gobiernos locales, especialmente en materia de Ingresos Brutos y financiamiento educativo.
La administración también deberá trabajar en una cuidadosa política de gastos, rubro que parece haberse incrementado con la creación de nuevos ministerios y organismos oficiales. Mientras tanto, la administración se queja de la alta demanda de seguridad, salud y educación, temas esenciales en los requerimientos de la población.
Hay que decir que la provincia tiene un atraso marcado en los valores del Impuesto Inmobiliario, que lleva más de una década sin actualizarse pese a las advertencias de sectores políticos que hoy forman el oficialismo provincial. Este ingreso se coparticipa por mitades entre provincias y gobiernos locales. En el caso de la Patente, hace cinco años se agregó una quinta cuota, dinero que prácticamente queda en manos de municipios y comunas.
Ante la decisión del gobierno de avanzar en este tema tan sensible a la ciudadanía es aconsejable actuar con mesura y explicar razones a fin de lograr consensos básicos. De otro modo se puede generar malestar en la sociedad como ya ocurrió en los últimos cuatro meses en el país, y ahora en la ciudad de Santa Fe.