Daniel Funes de Rioja (*) (DyN)
La Argentina ha remontado una "pesada cuesta" en materia de creación de empleo, así como también pudo implementar una red social en momentos de grave crisis del país para atender más de dos millones de desempleados carecientes.
Podrá discutirse si se hizo de la mejor forma o no, pero lo que es indiscutible es que se paliaron los efectos de esa situación excepcionalmente compleja que -en lo social- vivió el país en medio de tal coyuntura económica.
Hoy es tiempo de evaluar adecuadamente (y hacia adelante) cómo mejorar el empleo existente y cómo proveer al país de una red de contención efectiva si las circunstancias requieren atender eventuales coyunturas menos favorables en materia de creación de empresas y de empleo.
Quizás en ese orden la cuestión central es la de diseñar una estrategia para superar la informalidad aún muy elevada -cercana al 40 por ciento- que tenemos, pese a que disminuyó considerablemente el desempleo y se redujo la pobreza. Por ende, ello exige poner un ojo crítico para analizar las causas del fenómeno aludido y esbozar políticas que permitan superar o mitigar tal flagelo, y no con fines políticos sino para elaborar una política de Estado.
En efecto, señalamos que se trata de un flagelo porque es inadmisible convivir con niveles tales de informalidad y anomia si se pretende -como creo que todos coincidimos- que la Argentina vuelva a ser un país desarrollado, con pautas políticas y económicas de cohesión social del primer mundo.
Entendemos que es menester analizar sus causas porque no podemos pensar que el 40 % de la población del país sea informal por perversión empresarial o por necesidad extrema de los trabajadores que los haga caer en tal situación, porque ello podría ser el caso en la crisis del 2001 pero decididamente no es el cuadro ahora.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta es simple si miramos las informaciones del Banco Mundial o de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) que destacan que la excesiva burocracia, la dificultad para constituir una empresa, los altos impuestos imposibles de afrontar por un pequeño empresario o las complejidades jurídicas o contables, son la razón más común de la imposibilidad o desaliento para formalizarse.
De la misma manera, una legislación laboral pensada para la gran empresa (y no para la micro o pequeña), así como una tributación laboral irrazonable y la inseguridad jurídica proveniente de los cambios legislativos o interpretativos en lo judicial o la ausencia de un régimen de accidentes de trabajo previsible y asegurable, llevan inexorablemente al empleador por el "otro sendero".
En tal sentido, ni las multas que una y otra ley han "inventado", ni la inspección laboral, ni incluso la "persecución" sindical han demostrado aisladamente eficacia pues no son -en esta instancia- el camino adecuado para cambiar dicha realidad.
Por otro lado, no puede olvidarse que un sistema de la seguridad social que ha defraudado al trabajador -como ha pasado con los haberes jubilatorios, donde la promesa utópica de la letra constitucional de un 82 por ciento móvil ha tenido que dar paso a prestaciones mucho más modestas (y realistas), pero que no se condicen con la norma o el discurso político que promete y no cumple-, ha contribuido también a que hay aún trabajadores que prefieren cobrar "en negro" y supuestamente hacerse su propia jubilación o crearse su "propia red", aunque sabemos que finalmente es la sociedad en su conjunto quien debe afrontar tal carencia de cobertura.
En tales condiciones deberíamos seguir el ejemplo de aquellos que han enfrentado el tema seriamente, consensuando soluciones viables para todos y por ende efectivas para todos.
Ello debe hacerse, entonces, asumiendo este debate sin prejuicios ideológicos y con la convicción de que la respuesta a la brecha entre ricos y pobres, la inclusión social y la distribución de la riqueza debe ser encontrada por este camino y no meramente anunciando más protección para quienes ya la tienen, sino a través de políticas activas que no persigan sino promuevan eficientemente la formalización de la micro y pequeña empresa y del empleo que ellas generan.
(*)Presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, vicepresidente Ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores y del Consejo de Administración de la OIT.