Esperanza (C).Ä El Juzgado de Primera Instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Santa Fe resolvió cancelar la auditoría municipal correspondiente al accionar de la gestión anterior que se llevaba adelante en la ciudad de Esperanza. Esta decisión la dieron a conocer los integrantes del bloque de concejales de la UCR, Cristian Cammisi, Pablo Comesatti y Andrés Grenón, en conferencia de prensa.

Al respecto, Comesatti sostuvo: "Fuimos a la Justicia porque se habían excedido los límites de la contratación directa y no se había realizado un proceso de licitación pública como lo obliga la Ley Orgánica de Municipios y Comunas para realizar esta acción. Mientras se tramitaba esta medida, solicitamos la suspensión de la auditoría; pero, los apoderados de la Municipalidad alegaron que no se iba a suspender". Sin embargo, "el juez, dijo que no es una cuestión interpretativa, sino que la normativa legal ordena la suspensión de la auditoría, estableciendo la Justicia la nulidad de la contratación".

A partir de esta instancia, la auditoría contratada por el Ejecutivo Municipal y que llevaba adelante la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), por medio de un trabajo interdisciplinario de las Facultades de Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas, quedó anulada, por las irregularidades denunciadas en el proceso de contratación.

Según manifestaron los ediles, al no haber sido respetada la paralización de la auditoría hasta esta resolución, el juez hace responsables a quienes hayan firmado la contratación para el pago de las erogaciones y cualquier otro reclamo futuro que se pueda generar. Esto significa que "el dinero abonado hasta el momento -alcanzarían los 35 mil pesos; mientras que el monto total sería de 125 mil pesos- debe ser reintegrado al municipio, siendo responsables patrimoniales los firmantes de esta contratación, que además serán los responsables patrimoniales en caso de que la Universidad Católica efectúe algún reclamo contra el Municipio por los trabajos realizados y no abonados", puntualizaron.

Por su parte, Andrés Grenón calificó de "muy delicada" la situación a nivel institucional y señaló como "muy grave la irregularidad", ya que no se limita sólo a la contratación, sino que, posteriormente y una vez iniciadas las acciones judiciales, también se incumplió una manda legal y no se suspendió la auditoría. "El juez entendió que hubo extralimitación en las funciones y, por eso, estamos ante un fallo judicial que indica que no se puede hacer lo que se quiere cuando se asume una función pública", advirtieron.

Para Grenón, "la auditoría ya no puede continuar, y de continuar, no estarían incumpliendo un mandato legal sino ya un fallo judicial, lo cual, sería francamente una barbaridad".

En tanto, Cristian Cammisi mencionó que el bloque de la UCR está de acuerdo con la realización de una auditoría. Cuando comenzó esta gestión y ante versiones de que la Municipalidad debía 5 millones de pesos, "solicitamos que se realice una auditoría por medio de la Universidad pública. Hicimos el pedido y fue aprobado por todos los concejales. Pero, lamentablemente la auditoría se hizo de esta manera y estas son las consecuencias".