 |
El ministro de Seguridad adelantó que las modificaciones serán "unas cuantas". Confirmó que la renovación llegará a la propia cúpula de la Policía provincial, hoy a cargo de Daniel Cáceres. Los cambios surgen a partir de los ascensos que redundan en el retiro de muchos jefes policiales.
De la redacción de El Litoral
Con la asunción del comisario Rubén Acosta ayer por la tarde como nuevo jefe de la Unidad Regional XV con asiento en Coronda, comenzó una serie de cambios que repercutirán en prácticamente todas las jefaturas policiales de los 19 departamentos.
La decisión la confirmó ayer el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, consultado por El Litoral sobre la firma del decreto Nº 1.854, que determinó los ascensos correspondientes a 2006, y estableció un reescalafonamiento para más de tres mil oficiales y suboficiales de la policía provincial.
"Sin este régimen de promoción, no podíamos habilitar cambios porque podían resultar ineficaces o equivocados", dijo Cuenca. El ministro admitió que ya existía en las fuerzas un "síntoma de impaciencia" porque de por sí el régimen de ascensos sigue demorado -recién ahora se firmaron los 2006-, pero además, porque el paro agropecuario retrasó la decisión política.
"Venimos con atraso porque el problema del campo nos demoró en muchas cosas ya que no estábamos en condiciones de modificar en plena crisis nacional como la que estábamos viviendo, las estructuras policiales que estaban funcionando", se excusó.
De todas maneras, Cuenca aseguró que los cambios ya se están estudiando, y prometió que los anuncios serán inminentes.
"Esto no va a ir para muy largo. (Habrá movimientos) en casi todas las Regionales. En las que haya necesidades de acuerdo al plan que tengamos, habrá cambios. Esta semana comenzamos con Coronda, y todas las semanas va a haber cambios", aseguró el ministro.
Lo que viene
Hasta ayer, Cuenca ratificó en su puesto al actual jefe de la Unidad Regional I, Juan Heck. Incluso, dijo que es uno los pocos jefes que fueron designados por la actual administración; en el resto de los departamentos, la mayoría de los jefes son de transición, porque fueron nombrados por la gestión anterior.
En cambio, el ministro confirmó que uno de los cambios que se producirán en las próximas semanas será en la misma cúpula de la policía provincial, puesto que el actual Comisario Daniel Cáceres ya posee 30 años de servicio cumplidos.
"Habrá unos cuantos cambios -resumió el funcionario- porque mucha gente pasa a retiro y necesariamente hay que reemplazarla. Hay otros casos en los que nosotros iremos modificando las estructuras de acuerdo a la nueva grilla que tengamos".
Sin embargo, Cuenca negó que estas modificaciones en las estructuras policiales conlleven un cambio de política en materia de seguridad.
"La política la da el gobierno y su ministro. Para nosotros, los cambios de jefes no son importantes; nosotros queremos un buen policía sea cual sea el nombre. La línea política del manejo de la seguridad la bajamos nosotros. El jefe de policía sólo instrumenta esas políticas", aclaró.
El decreto
Más allá del impacto que tendrá el decreto de los ascensos en la policía por los cambios que se habilitan a partir de su firma, el ministro rescató la importancia que también tiene este escalafonamiento para los propios policías.
"Esto nos da un mapa más actualizado de escalafones en cuanto a personal de nuestra fuerza, pero fundamentalmente más allá del plan de escalafonamiento, estamos cumpliendo con lo que prometimos; nuestra gestión solucionó los ascensos de 2005, ahora de 2006, y con la reglamentación de la nueva ley nos ponemos a trabajar en la solución para 2007. Entonces, desde el punto de vista institucional, esto sirve para que el policía compruebe que estamos cumpliendo con lo que dijimos a principios de año", remarcó.
La firma del decreto, que adelantó El Litoral en su edición del pasado sábado, permitió regularizar los ascensos correspondientes a 2006, favoreciendo a unos 3 mil agentes, y con un desembolso para el Estado del orden de los 15 millones de pesos. El Ministerio de Seguridad ha solicitado para el Presupuesto 2009 la inclusión de las partidas necesarias para regularizar las juntas de ascensos aún pendientes.
Malestar en la Colonia de Oliveros
Los diputados provinciales Alberto Monti y Jorge Lagna (PJ) presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo precise los motivos técnicos por los cuales se determinó el cierre del Pabellón Psiquiátrico de la cárcel de Coronda, y el consecuente traslado de dichos internos a la Colonia Psiquiátrica de Oliveros mediante la creación de un Pabellón de Máxima Seguridad, o eventualmente, a los hospitales Mira y López de esta ciudad, o Agudo Ávila de Rosario.
Según los legisladores, esta decisión "contradice las políticas actuales de sustitución de lógicas manicomiales y genera un estado de zozobra entre los trabajadores, profesionales y familiares de las personas alojadas en los institutos de salud mental citados". Los diputados también quieren saber por qué a casi ocho meses de gestión, la actual administración provincial no ha designado un director permanente para la conducción de la Colonia Psiquiátrica Dr. A. I. Freyre de la localidad de Oliveros.
Lagna y Monti recordaron que el tema en cuestión surgió a partir de la denuncia de la Coordinadora de Trabajo Carcelario sobre las denigrantes condiciones de alojamiento de los internos del Pabellón Psiquiátrico de Coronda. La ONG denunció que en ese lugar, llamado "corralito", residían en condiciones infrahumanas 14 internos, muchos de ellos drogadependientes declarados inimputables.
Días más tarde y como salida a esta situación, las autoridades provinciales de Seguridad y Salud propusieron como salida adecuar, aunque en forma transitoria, un espacio en Oliveros para el traslado de estos internos. Pero la decisión fue rechazada y repudiada por los trabajadores del nosocomio, ya que ello implicaría la creación de un Pabellón de Máxima Seguridad, que atenta contra "el proyecto de sustitución de las lógicas manicomiales" sobre las que está trabajando el personal.
Los diputados coincidieron con que es necesario el cierre del corralito de Coronda, pero advirtieron que el traslado de los internos a Olivero representa "un nuevo maquillaje que no hace más que esconder bajo la alfombra los problemas reales de la población que padece psíquica y socialmente".