La fortaleza de las instituciones y el cumplimiento de las normas vigentes representan pilares fundamentales para todo país que pretenda ser respetado en el contexto internacional.
Ya desde el siglo diecisiete, el derecho anglosajón planteó un marco legal que represente límites al poder del soberano. La Revolución Francesa y la Constitución norteamericana continuaron profundizando la necesidad de fijar esquemas normativos que eviten la tentación de caer en absolutismos. En definitiva, son los ciudadanos los verdaderos propietarios de un poder que delegan en sus gobernantes quienes, a su vez, deben respetar normas y rendir cuentas de sus actos.
Decir que el gobierno argentino tiene un perfil absolutista es seguramente una exageración. Sin embargo, Cristina Kirchner y su esposo Néstor caen una y otra vez en la tentación de ejercer el poder de manera personalista, centralizada y hasta caprichosa.
Lo ocurrido durante el conflicto con el campo fue una clara muestra de este estilo. Los Kirchner decidieron modificar las reglas de juego vinculadas con las retenciones al agro, dejando de lado al Congreso de la Nación. Sólo se le dio cabida al Legislativo, luego de una contundente reacción social.
Durante la campaña electoral, Cristina no sólo utilizó de manera displicente los recursos del Estado sino que, además, se produjeron dos circunstancias que dejan al descubierto las desprolijidades cometidas a la hora de obtener fondos para los gastos proselitistas.
De poco importaron los intentos de organizaciones civiles tendientes a transparentar el manejo de estos recursos.
En los últimos días, el fiscal estadounidense Tomas Mulvihill presentó pruebas que robustecen las sospechas de que los 800 mil dólares que el venezolano Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina estaban destinados a la campaña de Cristina.
El gobierno salió rápidamente a hablar de un hipotético complot orquestado por el FBI para perjudicar las relaciones argentino-venezolanas, pero olvidó que uno de los tres empresarios cruelmente asesinados en el Gran Buenos Aires también aportó dinero a la campaña presidencial, a pesar de tener decenas de causas penales abiertas en su contra.
Tampoco hay claridad con respecto al anuncio de la megaobra del polémico tren de alta velocidad. Tanto es así que la Justicia investiga si existió un engaño en el monto final del proyecto que, según se estima, rondaría los 13.400 millones de dólares en lugar de los 1.350 que figuran en el pliego de la licitación.
El anuncio del pago de más de 6 mil millones de dólares al Club de París con reservas fue otra muestra del estilo del gobierno. La decisión fue anunciada por el Ejecutivo, a pesar de que la Constitución Nacional establece que este tipo de medida debe ser tratada por el Congreso de la Nación.
Finalmente, la prensa rionegrina reveló que las autoridades de Bariloche no pudieron realizar controles de alcoholemia en el hotel donde se alojaba Florencia, la hija del matrimonio Kirchner. Un dato que no es menor, aunque lo parezca.