El gobierno nacional y sus asesores insisten en calificar el actual conflicto con el campo como un enfrentamiento entre una oligarquía terrateniente que se beneficia del trabajo y los recursos de los argentinos y un poder nacional y popular preocupado por distribuir esa renta "extraordinaria" entre los sectores populares. La calificación es ideológica, lo cual no es malo en sí mismo. Lo que es objetable es su anacronismo, su incapacidad para expresar la realidad, su porfiada insistencia en entender el actual proceso económico que vive el campo con las anteojeras ideológicas de los 70, como si el actual universo rural -modernizado en sus recursos humanos y tecnológicos- pudiera interpretarse en un clima que evoca las arengas políticas de las asambleas universitarias.
Desde el punto de vista histórico, el concepto genérico de oligarquía terrateniente también merece relativizarse. En realidad en la Argentina sólo en dos momentos un sector de la economía se apropió de la renta global para su exclusivo beneficio. El primer caso ocurrió a mediados del siglo XIX durante la dictadura, justamente ganadera, de don Juan Manuel de Rosas. Si bien muchos de los ideólogos del actual gobierno nacional se resistirían a aceptarlo, el régimen rosista fue la expresión más descarnada del interés ganadero de la pampa húmeda. La estrategia de Rosas consistió en manejar los instrumentos aduaneros a favor de su sector, al amparo de un régimen terrorista que acallaba cualquier disidencia. En ese sentido, cuando el ensayista Juan José Sebreli califica a Rosas como "el mayordomo de los Anchorena" no exagera demasiado la nota.
El otro momento en que un sector económico -el ganadero- pudo apropiarse de la renta de manera casi absoluta fue durante los años 20 del siglo XX. En este caso los beneficios provinieron de la particular demanda del mercado mundial -en esa especial coyuntura económica que se dio entre las dos guerras- y, muy en particular, antes del derrumbe de la bolsa de valores en Wall Street.
A partir de los 90, el campo ha atravesado por importantísimas transformaciones. Más de un economista califica al proceso iniciado o acelerado a partir de esa época como "la segunda revolución de las pampas". Las innovaciones, en este caso, tienen base científica y tecnológica; incluye la incorporación de jóvenes productores al universo informático, así como su regreso a los campos, con el consiguiente incremento de la productividad a partir de la conjunción de esos factores.
Las transformaciones en el agro dejan ver nuevos alineamientos sociales que el gobierno nacional parece desconocer o ignorar. Porque el campo está atravesando un singular proceso de cambios, es que instituciones tradicionalmente enfrentadas ahora se alían. Así lo han entendido los dirigentes de las principales organizaciones agrarias y la mayoría de la opinión pública. El único que pareciera no entenderlo es el gobierno nacional, lo cual es lamentable, no sólo para su propia legitimidad sino para el proceso de desarrollo económico argentino, ya que un Estado decidido a respaldar estos cambios provocaría un crecimiento a saltos que permitiría recortar el tamaño de nuestro atraso.