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Desde el presidente del máximo tribunal a la Junta Federal de Cortes, la cuestión de la independencia judicial volvió al primer plano del debate y esta semana estalló en el Consejo de la Magistratura. Mariano Candioti defendió el rol del organismo que encabeza. En Santa Fe, la Corte dispuso que los jueces deben estar al menos cinco horas en sus despachos.
Emerio Agretti
La discusión sobre la existencia de presiones a los jueces desde el poder político, fundamentalmente a través de la acumulación de denuncias por el contenido de sus sentencias que podrían utilizarse para someterlos a un proceso de destitución, estalló esta semana en el Consejo de la Magistratura, y desató acusaciones cruzadas, pero también un debate de fondo sobre el desempeño del organismo.
La advertencia acerca de esta suerte de amenaza latente y su aptitud para condicionar el desempeño de los magistrados, había sido adelantada por el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, en declaraciones periodísticas -entre ellas en una entrevista con El Litoral- y sostenida por la Junta Federal de Cortes, cuya visión al respecto fue planteada por su titular, el santafesino Rafael Gutiérrez, en el Encuentro Nacional del mes pasado en Córdoba. En ese marco, la cuestión volvió a ser planteada públicamente por Lorenzetti en el discurso inaugural y consta en la declaración final de la reunión.
Tras algunas réplicas públicas de integrantes del gremio judicial y de miembros del Consejo de la Magistratura, el tema llegó al centro del debate en la sesión de esta semana del organismo encargado de la selección de los jueces y, a través del Tribunal de Enjuiciamiento, de su destitución.
"¿De qué presión hablan? La presión que no soportan los jueces es la popular; porque no están acostumbrados a poner los pies sobre la tierra y trabajar", espetó la diputada kirchnerista Diana Conti. "Traigan un solo caso de un magistrado que haya sido llamado por mí o en mi nombre. Lo que dicen no es cierto. No hay una sola denuncia concreta", agregó otro ultrakircherista, Carlos Kunkel.
Desde un congreso en San Juan, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Abel Fleming, pareció responderles: "La presión no es sólo que alguien llame por teléfono a alguien. La presión es más sutil, jurys de enjuiciamiento, procesos de destitución que no avanzan en los Consejos de la Magistratura o en los jurados de enjuiciamiento y penden como una amenaza velada sobre un juez".
Para el consejero radical Ernesto Sanz, la raíz de los males está clara: "Detrás de cada crítica hay un cuestionamiento a la reforma del Consejo. Los jueces de Comodoro Py -que investigan las causas por corrupción- han cristalizado la impunidad y eso tiene que ver con la nueva composición del Consejo, que ustedes impulsaron", dijo a los kirchneristas.
Opiniones enfrentadas
El presidente del Consejo, el santafesino Mariano Candioti, a la vez que defendió el avance que supuso la puesta en marcha del organismo -más allá de los aspectos en que sea perfectible- prefirió ser más contemporizador. En diálogo con El Litoral admitió el grado de rispidez alcanzado por la discusión entre sus colegas, fundamentalmente los representantes del sector político, pero elogió la altura del debate y la compartida vocación de perseguir la mejora del servicio de Justicia.
"Rescato como un efecto valioso de esta polémica haber dado pie a que todos los estamentos que conforman el Consejo expresen su opinión, en un debate amplio sobre la génesis y desarrollo del organismo", sostuvo.
En tal sentido, hizo notar que la posición de los magistrados no es compartida de manera unánime por otros actores del sistema de Justicia, ya que se advierten discrepancias o matices entre los abogados y los empleados judiciales, por ejemplo.
Candioti se remitió a los dichos del ministro de la Suprema Corte nacional, Raúl Zaffaroni, quien rechazó que exista una situación generalizada de presiones, si bien "es posible que las haya y que traten de tomar ese camino algunos descarriados que puede haber en la política". Pero aseguró que la Corte no recibió ninguna denuncia en tal sentido.
"Creo que el magistrado que se sienta presionado tiene dos ámbitos para plantearlo", apuntó Candioti. Y mencionó que éstos son, precisamente, la propia Corte o el Consejo de la Magistratura. Y que, en tal caso, "tenemos que darles las garantías máximas para que se exprese".
De todos modos, Candioti admitió que a veces pueden variar las "percepciones" sobre un mismo fenómeno y que incluso hay ópticas diferentes sobre "el verdadero alcance de la palabra independencia", que quedaron demostradas -en modo alguno saldadas- en la discusión que se dio esta semana en el Consejo.
Por otra parte, recordó que se trata de un debate "histórico", no propio de un período determinado, y que muchas veces también debe analizarse con esa perspectiva para verlo con mayor claridad. Por lo demás, consideró que "la construcción de la cultura de la independencia judicial nos compete a todos".
Casos
El 23 por ciento de los jueces federales y nacionales son investigados por el Consejo de la Magistratura. Según un relevamiento del diario La Nación, hay 244 casos presentados contra 203 jueces, según el último relevamiento de La Nación. Por lo demás, durante el gobierno de Néstor Kirchner renunciaron 199 jueces. Esta cifra resulta superior a cualquier otro gobierno desde el regreso de la democracia. Las causas que motivaron esas renuncias fueron varias: hartazgo, presiones y temor al juicio político.
Eficiencia y dedicación
El debate sobre la independencia de los jueces tiene como necesario correlato el referido a la eficiencia del servicio que, en buena medida, depende de factores normativos y estructurales, pero también del trabajo de los propios magistrados. Así, las quejas por mora son recurrentes y tienen por efecto recaer indiscriminadamente sobre quienes las merecen y también sobre quienes se esfuerzan para no ameritarlo.
La escasa dedicación de muchos magistrados a su tarea, privilegiando actividades académicas o sociales en desmedro de ella, fue denunciada de manera directa y pública por los colegios de abogados de la provincia en la reunión que mantuvieron en el mes de agosto con la Corte santafesina, y repetidas luego en un informe de El Litoral.
El máximo tribunal santafesino tomó nota de ello y, en una acordada dictada el 27 del mismo mes, resolvió que los jueces y funcionarios deben estar presentes en sus oficinas un mínimo de cinco horas diarias, dentro del horario de atención al público. Además, estableció la prohibición para todo el personal del Poder Judicial de desarrollar actividad docente durante el horario de oficina.
Al respecto, la Asociación Civil Anticorrupción recordó que en febrero y abril de este año realizó sendas presentaciones documentadas ante la Corte, referidas a la prescripción de causas emblemáticas por la inacción de los magistrados y sugiriendo, entre otras cosas, medidas para lograr mayor dedicación de los jueces.
Satisfechos con la resolución antes mencionada, la organización, que tiene a Ricardo Monner Sanz como presidente, va por más. Y, en un comunicado firmado por Mario Pilo, Hugo Miretti y Jorge Rodrigo, solicitó que se declare la "emergencia judicial" en la provincia, como en Buenos Aires y Córdoba, para mejorar "drásticamente el sistema y que los santafesinos recuperen la confianza en la Justicia".